COLIMA, Col. (apro).- “La violencia contra las mujeres y las niñas es emergencia nacional y local; todos los días vemos hechos violentos que parecen quedar impunes”, acusó el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) “Griselda Álvarez”, en esta ciudad, y demandó “tolerancia cero” contra esos delitos. En ese contexto, abundó, “la rebeldía desbordada en las pasadas movilizaciones de mujeres en la Ciudad de México nos convoca a la empatía, la solidaridad y la intensificación de las acciones para llamar la atención sobre la violencia que daña a tantas mujeres allá y aquí”. En rueda de prensa, Socorro Arce García, Carmen Nava Pérez y Clementina Nava Pérez, integrantes de la directiva del centro, anunciaron que, en el marco del 36º aniversario de su fundación, el CAM ofrecerá este viernes el foro “Por una Agenda Legislativa que garantice los derechos de las mujeres”, con la participación de la senadora Patricia Mercado Castro y la diputada federal Wendy Briceño Zuloaga. De acuerdo con datos de fuentes oficiales presentados por el CAM, 66% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han enfrentado al menos un incidente de violencia alguna vez en su vida, ya sea física, emocional, sexual y por discriminación laboral o escolar, mientras que 43% han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio a lo largo de la relación. “De las usuarias del CAM, el 100% ha vivido violencia psicológica; 33% violencia física; 40% fueron víctimas de abusos sexuales, en su mayoría cuando eran niñas o adolescentes, y de estos casos, 62% fueron cometidos por un familiar cercano”. Añadió: “La violencia extrema también ha estado presente en su vida, pues hay quienes estuvieron a punto de ser asesinadas por su pareja, por estrangulamiento, lesiones o amenazas con arma de fuego o arma blanca”. En los últimos 15 años, según las cifras del CAM, se intensificó el feminicidio en el estado de Colima, y en los cinco años recientes “la prensa ha registrado 292 mujeres asesinadas, encontradas en brechas, canales, fosas, y en sus propias casas, mostrándonos la dolorosa evidencia de la misoginia”. La estadística es referente importante, pues son los casos registrados en las instancias de procuración de justicia, destacó la organización, e hizo notar que la cifra negra de los hechos no es denunciada por vergüenza, miedo o desconfianza hacia las autoridades de justicia, por ejemplo, las violaciones sexuales en sus hogares o fuera de ellos. Otro ejemplo es el acoso sexual contra las jóvenes en las calles, que tampoco se denuncia. Es decir, “nos enfrentamos a un problema mucho más grave del que vemos con estos datos”, apuntó. Las activistas recordaron que en junio de 2017 fue declarada en cinco de los 10 municipios la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres, y el CAM fue uno de los tres organismos solicitantes. Conforme a esta declaratoria, el Estado prioritariamente debe adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño, para visibilizar la violencia, y todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia. A la par, señalaron, el gobierno debe intensificar la aplicación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para impulsar una política pública en Colima que ayude a alcanzar cambios sustantivos en las conductas de las nuevas generaciones de mujeres y hombres, además de que deben involucrarse los tres órdenes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para afrontar la magnitud del problema. También deben fortalecerse los Sistemas estatales y municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que coordinen y den seguimiento al cumplimiento de las acciones y, de igual modo, deben involucrarse los municipios en la definición, ejecución y evaluación de esas acciones. “Como sociedad nos corresponde transformar las relaciones violentas en el seno de las familias, que es germen de las demás violencias. La participación de la sociedad civil ha sido fundamental, así como la de los grupos y organismos que en movimiento exigimos tener voz y voto donde se definen la política pública y los presupuestos para atender el problema de la violencia contra las mujeres”, expresaron Y concluyeron: “Necesitamos que la sociedad acompañe esta lucha en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida sin violencia; no queremos ni una mujer asesinada más”.