MONTERREY, NL. (apro).- Ante diputados locales, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario general de Gobierno Manuel González Flores se defendieron de las acusaciones que se les imputan por desviar recursos a la campaña presidencial del primero, y adujeron que es falso el procedimiento al que son sometidos. Por la mañana, González Flores acudió a comparecer ante la Comisión Anticorrupción, donde dijo que acusará a los diputados que lo llamaron de haber violado la suspensión de la controversia constitucional que el juez federal le había otorgado, al desahogar un procedimiento sancionador para el que no tienen personalidad jurídica. Por la tarde, Rodríguez no acudió y envió como representante legal a la abogada Ana Laura Cano Pichardo, que leyó un texto a favor del inculpado, con argumentos con los que alegaba inocencia. Ante los legisladores, González Flores consideró que era una ilegalidad el procedimiento emprendido por el Poder Legislativo de Nuevo León, por orden del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encontró a los dos culpables de utilizar más de 500 funcionarios para recabar firmas a favor de la fracasada candidatura del nuevoleonés. La del secretario general de gobierno fue una larga comparecencia de casi tres horas, que se prolongó, principalmente, porque los diputados leyeron completos los expedientes de las acusaciones que se le estaban presentando a González quien, cuando Rodríguez Calderón pidió licencia para competir, se quedó como gobernador interino de Nuevo León, lapso en el que, de acuerdo al Tribunal, usó para desviar recursos a favor de la campaña de su jefe. Asesorado por el abogado Sergio Tomás Martínez Arrieta, González Flores explicó a la Comisión que lo recibió, que el procedimiento que pudo haber dictado el Tribunal Federal Electoral era de carácter administrativo, pero el Congreso local invocaba normas de carácter electoral, lo que violaba la controversia. “No les reconozco ninguna competencia en los términos del Artículo 5, de la Ley Electoral federal. Ustedes no tendrían que estar juzgando nada. Es a cautela, sin reconocerle legitimidad a ninguno de ustedes en el caso en cuestión. Que conste en el acta lo que se acaba de señalar: todos estos incidentes son de previo especial pronunciamiento. “Usted y todos los miembros de la comisión están faltando a la legalidad en nuestro proceso. Continúan violando nuestras garantías, conforme dan un paso a otro más. La autoridad les va a decir hasta aquí, porque han hecho lo que han querido con esto”, explicó González Flores, dirigiéndose al presidente de la comisión Arturo Bonifacio de la Garza Garza, de Movimiento Ciudadano. González Flores dijo que el procedimiento representaba únicamente un acto político en el que los diputados cobraban venganza porque El Bronco, sin partido, los derrotó en urnas en el 2015 en la contienda para la gubernatura. Ahora, dijo, los legisladores parece que le hacen el juego a otro político adelantado, que quiere ser mandatario en el 2021 y que ha impulsado la destitución de los dos, señaló González Flores en referencia al senador de MC Samuel García, aunque sin mencionarlo por su nombre. Afirmó que él y Rodríguez están acostumbrados a luchar contra adversidades y se defenderán para continuar haciendo de Nuevo León un estado que se encuentra en su mejor momento histórico. Por su parte, el presidente de la comisión Anticorrupción dijo, al finalizar la audiencia, que González Flores no presentó pruebas ni alegatos para defenderse, por lo que desperdició su derecho de audiencia. “Vino a tratar de desprestigiar al Legislativo, que está acatando la orden de un Tribunal que trabaja con la ley en la mano y no vamos a permitir esas burlas, por eso nos defendemos como Congreso como lo hemos hecho, trabajando unidos, en consenso y llevando este proceso en paz, y con la paciencia necesaria, para que salga de la comisión lo que nos está pidiendo Nuevo León”, dijo. De la Garza comentó que, aunque el secretario general de gobierno alega que ningún trabajador estatal recabó firmas a favor de El Bronco en horario laboral, los dos ya fueron encontrados culpables por el Tribunal, por lo que ahora les corresponde a los legisladores locales establecer una sanción, que será determinada en base a las pruebas que reciban y que desechen de este caso. Expuso que la Comisión determinará el castigo “mucho antes” del 20 de diciembre, fecha límite establecida por el TEPJF para el efecto. Se estableció que de las pruebas que presentó González Flores en su descargo cinco fueron desechadas y las que son tomadas en cuenta serán analizadas para valorarlas en la sanción.