Agricultores de Chihuahua promueven medidas cautelares ante la CIDH

miércoles, 14 de octubre de 2020
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En medio de la tensión política y de seguridad por el conflicto del agua en la región centro-sur, un grupo de agricultores y activistas, entre ellos la familia LeBarón, promovió una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el gobierno federal no utilice a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de orden civil. Asimismo, demandaron garantizar la estabilidad económica de las personas que resultarán mayormente afectadas si el gobierno federal insiste en extraer el agua de la presa La Boquilla para pagar a Estados Unidos la cuota que establece el Tratado de Aguas Internacionales. En conferencia de prensa en el municipio de Galeana, al noroeste del estado de Chihuahua, Eugenio Soto Villegas, acompañado por Bryan, Julián y Adrián LeBarón, presentó el documento firmado por ellos y por otros 60 agricultores. Refirieron que en el último mes la presencia de la Guardia Nacional (GN) en la región ha tenido consecuencias lamentables, como una ejecución extrajudicial y un ataque que culminó en lesiones graves. En septiembre pasado, recordaron, el comandante de la GN Luis Rodríguez Bucio calificó la muerte de la agricultora Jéssica Silva Zamarripa, a manos de sus agentes, como un “lamentable accidente”. Ella y su esposo, Jaime Torres, regresaban a su casa en el municipio de Meoqui, después de participar en la toma de la presa La Boquilla, el 8 de septiembre pasado. Ese día los agricultores lograron desalojar a la Guardia Nacional que resguardaba La Boquilla, de donde la Comisión Nacional del Agua extraía el líquido para pagar a Estados Unidos, aun cuando había prometido no hacerlo. Al pasar por la ciudad de Delicias, la pareja fue alcanzada por las balas. Jéssica Silva murió al instante y su esposo quedó gravemente herido. Lo trasladaron a un hospital de la ciudad de Chihuahua, donde fue intervenido quirúrgicamente. Además, en las cercanías de la presa fueron detenidos tres agricultores, supuestamente por portar armas de uso exclusivo del Ejército. En un comunicado de prensa, los agricultores reconocieron que México debe cumplir con el Tratado Internacional de Aguas suscrito con Estados Unidos en 1944, pero la sequía y el poco almacenamiento del líquido –subrayaron-- han provocado que tengan menos agua para sus cultivos. Y el año que viene será peor porque no tendrán posibilidad de cultivar ni en un 30% de su capacidad con el líquido que queda. "La Guardia Nacional ha tomado el control de las presas desde el mes de febrero. En este marco, los agricultores están muy preocupados porque está en riesgo su actividad económica, sus ingresos y los de sus familias. Cerca de 12 mil personas se pueden ver afectadas si se llevan el agua de La Boquilla", puntualizaron. Esa problemática podría generar que miles de personas se vean obligadas a migrar a Estados Unidos, destacaron. "Frente a este marco se busca que el mundo voltee a ver que existe un riesgo sobre un sector importantísimo para el país. Esto porque a veces parece que el agricultor se enfrenta a dos gobiernos, a uno extranjero y al que debería defenderlo. No queremos que se deje de pagar, al contrario, pero que se asuma que, si solamente existe este camino, se pone en riesgo la actividad que alimenta a la región y al país. Pero queremos que se busquen alternativas en un clima de paz, donde no exista el miedo por las acciones represoras que pueda desplegar la Guardia Nacional, y no hablamos en balde, ya ha habido muertos". Es un llamado al gobierno mexicano para que reflexione sobre sus prioridades, ya que no se trata sólo de cumplir el Tratado, sino de buscar alternativas donde todos ganen y nadie vea afectadas sus actividades, remarcaron.