OAXACA, Oax. (apro).- Juan Díaz Pimentel, exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un llamado al líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas para que encienda las alarmas y no deje pasar en las próximas elecciones a personajes non gratos como Jorge Franco Vargas, quien –subrayó-- forma parte de los episodios más negros de Oaxaca.

Si permiten que Franco Vargas se posesione del partido en Oaxaca, junto con su padrino político Ulises Ruiz Ortiz, “sería ya ponerle un clavo al ataúd del PRI”.

Díaz Pimentel insistió que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor debe “hacer llegar la información de quién es quién para que el partido no cometa un error que termine por enterrar al PRI”.

El expresidente de la Gran Comisión del Congreso local consideró que “sería un gravísimo error que una gente que le ha hecho mucho daño a Oaxaca, que es una de las personas más repudiadas en Oaxaca, no solamente a quienes agravió directamente, como es el magisterio, sino a la sociedad oaxaqueña, sea arropado nuevamente por el PRI”.

Y sustentó su afirmación en el informe de la Comisión de la Verdad, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el conflicto sociopolítico en 2006, además de que el caso se encuentra en revisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda.

El conflicto sociopolítico se originó con el fallido desalojo de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el 14 de junio de 2006.

El saldo, según el informe de la SCJN, fue de 143 personas lesionadas –102 policías, 30 maestros, un estudiante y 10 civiles– y ocho rehenes.

El desalojo ordenado por Ulises Ruiz Ortiz y ejecutado por su secretario general, Jorge Franco Vargas, dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Dicho conflicto se prolongó hasta el 29 de octubre, día en que ingresó la Policía Federal Preventiva (PFP), que tuvo que sortear diversos bloqueos y barricadas. La SCJN documentó al menos 33 operativos policiacos seguidos de enfrentamientos.

La resistencia civil culminó el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes, hecho en el que fueron detenidas 139 personas. En todo el periodo de confrontación fueron arrestadas 383 personas, a 221 de las cuales les fue decretado el auto de libertad por falta de elementos.

Se documentaron 11 asesinatos directamente relacionados con el evento y nueve indirectos, además de 87 lesionados: 15 civiles, ocho periodistas, 62 elementos de la PFP y dos policías municipales.

En sus conclusiones la SCJN determinó que con motivo de los eventos existía “la presunción de que las autoridades federales, estatales y municipales incurrieron en violaciones graves de las garantías individuales y derechos fundamentales, que tuvieron un impacto trascendente en la forma de vida del estado de Oaxaca”.

Destacó violaciones a la libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, pero también probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales. Asimismo, “las probables omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trate”.

Por todo este negro pasado, Díaz Pimentel considera que Jorge Franco Vargas “es impresentable”. Y en “un extremo de cinismo”, subrayó, “se pasea de manera impune en Oaxaca cuando pesan sobre él resoluciones de la SCJN, de la CNDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte de la Haya, por crímenes de lesa humanidad que no prescriben”.

Añadió: “Es una gente que carga tanto desprestigio y no suma para nada; resta, pero además revive uno de los episodios negros de Oaxaca. Oaxaca se había caracterizado por ser una ciudad tranquila, había conflictos menores, pero al ver los videos de 2006 en el andador turístico y los helicópteros arrojando gas pimienta, reprimiendo y después ingresando al edificio de la Sección 22, parecía una guerra civil”.

Mencionó que sólo una gente que no está bien de sus facultades mentales podía decidir hacer eso: utilizar la fuerza del Estado, “que por cierto no fue suficiente, fue un desalojo fallido y Ulises Ruiz se sostuvo por circunstancias y compromisos con gobiernos panistas a cambio de muchas cosas”.

“Oaxaca ya no merece que se le siga lastimando. Hay que ver con optimismo el futuro y, para que las heridas cierren, lo que se requiere es justicia, castigo a los culpables, justicia no venganza”, añadió el priista.

Y más: “Esas gentes (Ulises Ruiz y Jorge Franco) deben pagar por lo que hicieron, son gente que en estricto sentido de derecho deberían tener una condena para que no existan actos de impunidad”.

Remató: “Yo he tomado la decisión de hacerlo público. Voy a ser una de muchas voces, y como expresidente estatal del PRI, como exsecretario de Salud y como expresidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca, no cuido mi nombre, me interesa Oaxaca y esto no se puede permitir bajo ningún precio”.