COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local exhortó al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a frenar el despido de trabajadores del Poder Ejecutivo y a reinstalar a quienes han sido separados de sus puestos en los últimos días, en el contexto de la contingencia por la pandemia de coronavirus. A petición del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Gobierno y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, la fracción parlamentaria de Morena presentó al pleno la propuesta, que fue aprobada por unanimidad en la sesión legislativa de este miércoles. De acuerdo con la organización sindical, en la primera semana de este mes el gobierno estatal despidió a 25 empleados de diversas dependencias, que en octubre pasado habían interpuesto ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) una demanda en busca de su basificación laboral. También denunció que otros trabajadores fueron citados para obligarlos a desistirse de la demanda, bajo la amenaza de despido en caso de no hacerlo. En el punto de acuerdo, el Congreso local consideró que las medidas adoptadas por el gobierno estatal para enfrentar la pandemia del coronavirus “se han visto empañadas por el despido que de manera injustificada se han venido ordenando desde el despacho del secretario de Administración y Gestión Pública”. Los legisladores advirtieron que estos despidos en plena pandemia ponen en riesgo la salud de los trabajadores, que “están legítimamente reclamando basificación al señor gobernador”, con antigüedad en el servicio mayor a seis años. “Tenemos conocimiento --indica el documento-- que los días viernes 3 y lunes 6 de abril del año en curso, trabajadores a quienes se identifica con el Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Gobierno y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, fueron citados para coaccionarlos a desistirse de la instancia y de la acción laboral que han emprendido para lograr la basificación en áreas en donde inicialmente fueron empleados y no fueron removidos en período de hasta seis meses, como lo previene la Ley Burocrática Local”. Añade: “al no tener el resultado la coacción ejercida, el día 7 de abril les fue comunicado verbalmente que estaban despedidos, que ya no se les renovaría su contrato por el mes de abril de 2020 en adelante, esto, no obstante saber la dependencia de gobierno que las demandas en curso fueron entabladas en los años 2018 y 2019, así como que en su oportunidad fue emplazado y llamado a juicio el gobernador constitucional de Colima”. Por lo anterior, el Congreso consideró que es su deber garantizar la justicia laboral de los trabajadores, sin importar que sean de la burocracia local o al servicio de la iniciativa privada, pues como lo han reiterado las autoridades federales: la existencia de una pandemia o el cierre temporal de algunos establecimientos mercantiles al público en general no es justificante para prescindir del capital humano. Luego de que el martes anterior el gobernador José Ignacio Peralta anunció un Programa Alimentario Emergente para apoyar con despensas a familias que se quedaron sin ingresos a causa de la contingencia, el Congreso estableció en su punto de acuerdo: “No se tiene la calidad de ser solidario cuando se apoya a unos con ayuda alimentaria, pero se coacciona a otros a renunciar a la fuente de trabajo de la que se obtienen recursos para el ingreso digno; tampoco es una culpa del empleado que la contingencia sanitaria haya impuesto el aislamiento social o del propio centro de trabajo para evitar la propagación del covid-19”. Tras estimar que es el momento oportuno para ser solidarios en todos los sentidos y responder al llamado de respeto a los derechos de los trabajadores, la Legislatura local emitió “un atento y respetuoso exhorto” para que el gobernador gire indicaciones a sus subalternos para que “cesen esa política de despido masivo de trabajadores que han venido efectuando y, por el contrario, que se implementen mecanismos eficaces que permitan su reinstalación a la mayor brevedad”. En diciembre pasado, el gobierno estatal ya había despedido a 600 trabajadores, que se sumaron a los mil 500 despedidos en febrero de 2016, semanas después de que Peralta Sánchez asumió el puesto de gobernador.