OAXACA, Oax. (apro).- Con 30 votos a favor, el pleno legislativo aprobó retirar del Congreso local dos placas con los nombres del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y del exdiputado Bulmaro Rito Salinas, al considerarlos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el conflicto sociopolítico de 2006 y 2007.
Actualmente, en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan existen dos placas conmemorativas con el nombre del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y una de ellas junto con el nombre del presidente de la Gran Comisión del Congreso, Bulmaro Rito Salinas, que inauguraron ese recinto.
Integrantes de la 64 Legislatura local aprobaron en Sesión del Tercer Periodo Extraordinario el retiro de las placas conmemorativas instaladas en la sede legislativa, en las que aparecen los nombres de Ruiz Ortiz y de Rito Salinas.
Lo anterior, por señalarlos como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad, de acuerdo con el informe “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”, emitido en 2016 por parte la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO).
El
acuerdo de la Junta de Coordinación Política resalta que el informe de la Comisión documenta la responsabilidad del exgobernador ante graves violaciones, derivadas de la ingobernabilidad; por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.
También, señala que uno de los cómplices de Ulises Ruiz en ese proceso, fue Bulmaro Rito Salinas, quien como presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, avaló la represión contra el movimiento de 2006 y 2007.
https://twitter.com/CongresoOaxLXIV/status/1274098552566960128?s=20
El conflicto
El informe “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca” que fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documenta graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad.
El informe dice que el entonces presidente Vicente Fox actuó para dar salida a la crisis postelectoral que se vivía en ese momento, debido a que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado un fraude, y Felipe Calderón Hinojosa, aspirante del PAN, necesitaba del PRI para legitimarse.
Entonces, como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la represión en Oaxaca.
Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal, con el objetivo de desalojar el Zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social con un objetivo común: destituir a Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.
Según los registros de la CVO, al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión, además de la ejecución, entre octubre y diciembre de 2006, de Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
La Comisión también destaca la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otros afectados que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.
Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluido al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, pero el llamado sólo fue atendido por el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.
Sobre los casos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Roland Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluye que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.
El reporte sostiene que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de acción por parte del Estado: en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, que llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.
