Bonilla solicita endeudamiento por 6 mil mdp para el suministro de energía eléctrica en BC

jueves, 16 de julio de 2020
MEXICALI, B.C., (apro).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó una iniciativa de endeudamiento por 6 mil millones de pesos para que una empresa privada venda energía eléctrica a la entidad. Lo anterior, luego de la cancelación de la desalinizadora de Rosarito, que implicaba una deuda por 7 mil millones de pesos para Baja California. De acuerdo con el documento de 23 páginas elaborado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial (Sidurt), la entidad tiene un déficit de energía y por ello se buscará una empresa privada “mexicana” para que la provea mediante la construcción de una planta solar fotovoltaica. Una de las condiciones que deberá cumplir es mantener las tarifas eléctricas. Aunque en el documento no se establece qué tipo de contrato se establecería con la empresa privada, y tampoco el monto, hace dos semanas se explicó a los diputados que sería por 270 millones de dólares y que el gobierno proporcionaría los recursos. De acuerdo con el tipo de cambio del Banco de México (22.34 pesos por dólar), el endeudamiento sería por 6 mil 31 millones 800 mil pesos. Ayer, mientras la opinión pública estaba a la espera de la sesión para discutir el tema de los matrimonios igualitarios, que finalmente se trasladó a este jueves, las comisiones de Energía y de Hacienda autorizaron un decreto para la contratación de deuda hasta por 30 años. Durante el anuncio en comisiones, que nunca se discutió, se leyó un documento donde se estableció que “el presente decreto tiene como objeto que el Congreso autorice al Poder Ejecutivo… para que celebre un contrato plurianual de energía eléctrica, derivada de una planta generadora de energía solar fotovoltaica para el suministro de energía, siempre que el costo de energía eléctrica por kilowatts sea menor a la tarifa autorizada actualmente… “…por lo anterior, se considera viable el decreto para autorizar al Ejecutivo para que directamente o a través de sus paraestatales realice gestiones administrativas y financiera para la celebración de un contrato plurianual con una empresa generadora de energía para el suministro de energía…”. En el documento que Sidurt elaboró se justifica la urgencia de dotar de energía a Baja California, y se recuerda que en Mexicali la temperatura alcanza los 50 grados durante el verano, por lo que la demanda crece. También establece que pasados los 20 años la empresa que construya la planta de energía fotovoltaica pasará a manos del estado. De lo anterior se desprende que se trata de un contrato de Asociación Público Privada (APP), donde quien gane la licitación construirá la planta, pero será con dinero del estado, razón por la que se endeudará a la entidad. Este tipo de contratos han generado controversia, pues quien gana en lo inmediato es la empresa privada por ser financiada por una autoridad. El documento tiene un apartado con el título: “¿Qué requerimos?”, y precisa: “inversión privada de un generador de energía que tenga en asociación a un suministrador calificado de energía, que genere energía de una planta solar fotovoltaica en BC, que sea empresa mexicana, que en un periodo de 20 años la propiedad donde se desarrolló el generador sea donado al estado como patrimonio y que la tarifa sea relacionada con la eficiencia de generar energía con costo fijo y no a costos de mercado”. Una vez que el pleno apruebe el endeudamiento, el gobierno lanzará la licitación, y entre las condiciones destaca que la empresa cuente con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). La planta deberá estar lista en 12 meses, y a los 20 años de funcionamiento se donará al estado, mientras éste seguirá, por 10 años más, pagando una deuda de 6 mil millones de pesos, eso en el caso de que los intereses se liquiden puntualmente, de lo contrario aumentaría. Durante la sesión en comisiones, los diputados ni siquiera preguntaron qué implicará para el estado esa deuda, qué áreas quedarían desprotegidas y, menos aún, de cuánto sería la tasa bajo la cual se contrataría, y tampoco se impuso algún límite. Esta semana, cuando se canceló el proyecto actual de la desalinizadora de Rosarito, se argumentó que era muy costosa para el estado. Con este nuevo endeudamiento, la diferencia es de poco menos de 8%.

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