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Empresa denuncia al alcalde de Zacatecas por solicitar "moches"

La empresa Siser denunció al alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, porque cuando se desempeñó como secretario de Finanzas estatal presuntamente condicionó el pago de servicios a cambio de moches.
jueves, 14 de octubre de 2021

ZACATECAS, Zac. (apro).- La empresa Sistemas y Servicios para Alumbrado Público Municipal SA de CV (Siser) denunció penalmente al alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, porque cuando se desempeñó como secretario de Finanzas del gobierno estatal, presuntamente condicionó el pago de servicios a cambio de millonarias sumas o “moches”.

La denuncia penal, interpuesta el pasado 26 de agosto –también en contra de su hijo, Jorge Miranda Herrera--, es por los delitos de corrupción, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas, cohecho, intimidación, fraude y extorsión.

La Fiscalía de Justicia del estado abrió la carpeta de investigación No. 7667/2021, actualmente en trámite y de la cual Proceso tiene copia.

De acuerdo con la denuncia, la empresa con domicilio fiscal en Toluca, Estado México, celebró un contrato el 18 de octubre de 2018 con la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas para realizar un análisis integral al Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 17 municipios y verificar los importes acreditados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el período 2013 – 2018.

El pago a la empresa, establecido en el contrato, consistiría en una contraprestación por 500 mil pesos y el 45% de las recuperaciones obtenidas del DAP no acreditado, es decir, la devolución de CFE por cobros excesivos o irregulares y las diferencias de consumo facturado a los municipios por concepto de alumbrado público.

El director adjunto y apoderado legal de Siser, Joaquín Fernando Lechuga Moreno, y su abogado, Jorge Rada Luévano, ofrecieron una conferencia de prensa para hacer públicos los hechos que motivaron la denuncia penal.

Primero, señalaron que el entonces secretario de Finanzas y ahora alcalde de Zacatecas decidió, de manera unilateral, “no reclamar” a CFE la devolución de los importes del DAP a favor de los 17 municipios, calculados en más de 400 millones de pesos, solicitando únicamente los importes que la propia CFE determinó por “diferencias” en facturación, por un monto superior a los 52 millones de pesos.

Siser, relataron, emitió una primera factura el 30 de septiembre de 2020 a la Secretaría de Finanzas por un monto de 18 millones 145 mil 24.50 pesos, producto del 30% de los honorarios pactados, pero el pago no se hizo, y fue hasta el 23 de diciembre del mismo año que el secretario Miranda y el procurador fiscal, Guadalupe Alejandro González Navarro, quien sigue en funciones en el actual gobierno de David Monreal, solicitaron la sustitución de la factura.

El 30 de diciembre de 2020 depositaron más de 3 millones de pesos a Siser y ahí comenzó la “extorsión”, reveló en entrevista José Jesús Toledo Campo, director comercial y apoderado legal de la empresa.

El pago fue condicionado por el ahora alcalde, relata el empresario, cuando al llamarlo telefónicamente le advirtió: “acabo de enviarles una transferencia a la cuenta de la empresa por la cantidad de la factura, pero no deben disponer de ese dinero hasta que hablemos, porque pondrían en riesgo los pagos de las siguientes facturas. Esa es mi condición para pagarles lo que viene”.

En esa fecha, Jorge Miranda habría revelado a los representantes de la empresa que iría como candidato a la alcaldía de Zacatecas, así se plasmó en la denuncia, pero les pidió que le entregaran el dinero depositado a cambio de pagarles la siguiente factura y el resto de sus honorarios pactados.

Ante la amenaza y el temor de no recibir el siguiente pago, los directivos de Siser aseguran que accedieron a entregarle los 2 millones 700 mil pesos que les exigió. De acuerdo con la denuncia y lo relatado por los propios empresarios, por indicaciones del entonces secretario de Finanzas viajaron a Zapopan con 400 mil pesos en efectivo, cantidad que entregaron el 8 de enero de este año a Jorge Miranda Herrera -- hijo del funcionario-- en la Casa Club del fraccionamiento Valle Real.

El resto del dinero, 2 millones 300 mil pesos en efectivo, fue entregado el 28 de enero al ahora alcalde, en persona, por Rafael Contreras y Joaquín Gildardo Lechuga, en una gasolinera Oxxo Gas, ubicada en la carretera Zacatecas-Aguascalientes Km. 67.

Después de negociaciones, llamadas telefónicas y pláticas, el 25 de febrero de 2020 Miranda Castro habría aceptado a la empresa Siser la factura 14 por un monto de 18 millones 145 mil pesos, pero les puso como condición que le entregaran el 30% en efectivo para hacerles el pago a la brevedad.

Ante la negativa de los directivos de Siser de entregarle 7.5 millones de pesos, la situación se complicó y Jorge Miranda dejó el cargo en marzo para irse de candidato, pero al frente de las negociaciones dejó al procurador fiscal, Alejandro González Navarro, quien en una reunión con los empresarios, el 11 de mayo, en el hotel Fiesta Inn, les dijo que, “por instrucciones de arriba”, para pagarles la factura requería en breve “7.5 millones en efectivo”.

El empresario Jesús Toledo dice que, al no acceder a la extorsión, el nuevo secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, ratificado por el nuevo gobierno morenista, les obstaculizó el pago, por lo que tuvieron que reunirse el pasado 3 de agosto en el hotel Hampton Inn con Jorge Miranda y el procurador fiscal, quienes les pidieron que se conformaran con 5 millones de pesos y el resto, expresó el exsecretario, “ya vemos cómo sacarlo otro para nosotros”.

El abogado Jorge Rada y los empresarios afirmaron que cuentan con pruebas documentales: mensajes de texto y audio de WhatsApp, fotografías y videos, para acreditar los delitos por los que denuncian al ahora alcalde de Zacatecas y a su hijo.

Esta situación habría llegado a tal grado que ante la renuencia de los empresarios de ceder a dar “moches” y la exigencia de pago, el entonces gobernador priista Alejandro Tello Cristerna tuvo que intervenir sin que se resolviera el caso y la denuncia penal sigue en curso.

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