MORELIA, Mich. (apro).– A cinco años de la matanza de Arantepacua, habitantes de esa comunidad indígena del municipio de Nahuatzen marcharon por las principales avenidas de esta capital para exigir justicia y la reparación del daño por esos hechos, que costaron la vida de cuatro defensores del bosque, entre ellos un adolescente, así como la detención y tortura de decenas de lugareños.

El contingente partió de las instalaciones de la Casa Michoacán (que antes albergaban a la Casa de Gobierno) rumbo a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde algunos manifestantes lanzaron piedras contra vidrios de la fachada, se introdujeron a las oficinas y causaron daños a equipo de cómputo y al mobiliario.

En el trayecto de la manifestación fueron realizadas pintas en edificios y sufrieron destrozos dos vehículos de la Policía Michoacán, en tanto que al arribar al Palacio de Gobierno los comuneros –acompañados de integrantes del magisterio y estudiantes normalistas– retiraron las vallas que habían sido colocadas previamente, realizaron pintas en la fachada del edificio y destrozaron vidrios de las ventanas.

Y ahí, frente a la sede del Poder Ejecutivo, celebraron un juicio popular contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, el exsubsecretario de Gobierno, Armando Hurtado, y el actual fiscal general del estado, Adrián López Solís, que concluyó con la quema de tres figuras representativas de los personajes a quienes señalan como responsables de los hechos del 5 de abril de 2017.

Entre las demandas de la protesta de este martes, se encuentran la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la reparación del daño a las personas afectadas o sus familiares, así como la destitución del fiscal estatal, que en ese entonces era secretario general de Gobierno y, según los manifestantes, aprobó la actuación de la policía.

También exigieron el cumplimiento de la Recomendación 42VG/2020, enviada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 23 de diciembre de 2020 al gobernador Silvano Aureoles y al fiscal Adrián López.

Conforme a sus investigaciones, el organismo humanitario determinó que los hechos ocurrieron los días 4 y 5 de abril de 2017 y en ellos “se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura y el asesinato de cuatro personas por uso de fuerza letal”, por lo que además de la aplicación de la ley y la reparación del daño, solicitó “la emisión de una disculpa pública por parte de las autoridades estatales, orientada a dignificar a las víctimas con un reconocimiento público de su responsabilidad”.

De acuerdo con la CNDH, durante los hechos se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad purépecha de Arantepacua.

Los hechos se suscitaron en el marco de un conflicto agrario entre dos comunidades en el que, según versiones periodísticas, Arantepacua defendía 512 hectáreas de bosque en riesgo de ser destinadas al cultivo de aguacate. Esto derivó en bloqueos carreteros realizados por integrantes de ambas comunidades.

Con la finalidad de solucionar el conflicto, narró en su Recomendación la CNDH, la Secretaría de Gobierno de Michoacán realizó mesas de negociación con las dos poblaciones, pero “el 4 de abril, 38 representantes de Arantepacua que acudieron a una mesa de diálogo con diversas autoridades estatales, fueron detenidos de forma violenta por una patrulla que custodiaba el autobús en el que viajaban, lo cual ocasionó que nuevos representantes de la comunidad acudieran el 5 de abril a la Secretaría de Gobierno para solicitar la liberación de los detenidos, a la vez que se realizó un cierre carretero a la altura de Zirahuén, donde fueron retenidos vehículos y camiones de transporte.

“Al tener conocimiento de la retención de vehículos y de dos personas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) organizó un operativo en conjunto con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJ-M) para ‘solicitar la liberación de las personas y los vehículos retenidos, garantizar el orden y la paz pública en esa región’. La SSP elaboró una Orden General de Operaciones en la cual se estableció la participación de 300 elementos (200 pertenecientes al grupo antimotines, 80 a la Dirección de Tránsito y Movilidad, y 20 a la Coordinación de Regiones)”.

Durante la investigación, la SSP informó a la CNDH que fueron hostilizados por integrantes de la comunidad de Arantepacua, y que, alrededor de las 15:00 horas, hubo disparos en su contra, por lo que repelieron la agresión y utilizaron fuerza letal.

De la investigación realizada por la CNDH, se acreditó que además de los 300 efectivos señalados, acudieron un número mayor de elementos policiales estatales y un contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal que no tuvo contacto con la población.

El operativo concluyó alrededor de las 18:00 horas y como consecuencia de los hechos se reportaron 5 fallecimientos (un adolescente, tres adultos y un policía estatal); un número indeterminado de heridos; múltiples personas afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos; cateos y allanamientos en domicilios, y 10 personas detenidas.

La CNDH concluyó que, a partir de las 15:00 horas, el uso de la fuerza empleado por la SSP y la Procuraduría de Morelos fue ilegal y excesivo por ser indiscriminado, innecesario y desproporcionado. En la bitácora de radiocomunicación proporcionada por la SSP se registró que, a partir de las 15:00 horas, el incidente fue reclasificado como “enfrentamiento con grupos armados” y se solicitó el apoyo de diversas corporaciones de los municipios aledaños.

En su Recomendación, el organismo defensor de los derechos humanos también dijo haber documentado la presencia de “un helicóptero azul que dotó de más armas y municiones a los elementos policiales que se encontraban en tierra, lo que indudablemente implicó la pérdida de control y supervisión respecto del uso de la fuerza letal por parte de la SSP y la PGJ-M”.

Ramírez Bedolla ofrece cumplir recomendación

Este martes 5, de cara al quinto aniversario de la represión en esa comunidad, el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió un breve mensaje en video mediante el cual reconoció que, a cinco años de “los desafortunados acontecimientos de Arantepacua, que costaron la vida de cuatro personas, prevalece la demanda de justicia para todas las víctimas directas o indirectas”.

Dijo que a partir de que asumió la gubernatura, el pasado 1 de octubre, se ha desarrollado un trabajo coordinado para cumplir la recomendación de la CNDH, a la que “vamos a apegarnos cien por ciento”.

El mandatario aseveró que a la fecha se han realizado seis reuniones para acordar la forma de dar cumplimiento puntual a los siete puntos que contempla la recomendación. Así también, indicó que tanto él como su gobierno están dispuestos totalmente a emitir la disculpa pública a la comunidad y a las víctimas de los acontecimientos.

Por su parte, en relación con los destrozos ocurridos en sus instalaciones durante la marcha de este martes, la FGE emitió un comunicado en el que lamentó “los actos de violencia que se realizaron en perjuicio de la institución, generando temor en el personal y usuarios del edificio principal y Fiscalía Regional de esta ciudad”.

Refirió que el personal se mantiene firme en su convicción de mantener la persecución penal en todos aquellos casos que se siguen en las diferentes áreas de las instituciones para cumplir con la tarea esencial de combate a la impunidad.

Y anunció que “acciones como las perpetradas en esta fecha, se atenderán en su debida dimensión y bajo el cauce del debido proceso”.