Reporteros sin protección

miércoles, 4 de agosto de 2010

MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- La falta de protección a periodistas mexicanos que cubren los distintos conflictos que ha vivido el país, y que van desde los armados y sociales en los años setenta, hasta los vinculados con el narcotráfico en las últimas fechas, lamentablemente no es nueva.

Ni los dueños o directivos de los medios, y mucho menos el Estado, se han preocupado por dar garantías a los reporteros que cubren hechos donde el riesgo a perder la vida es muy alto.

         El secuestro de cuatro reporteros en Durango fue, tristemente, el motivo que originó la reacción de los directivos de medios con cobertura nacional –Televisa y Milenio– exigiendo protección para sus trabajadores, cuando esta situación de alto riesgo para los reporteros mexicanos lleva ya ocho años.

         Desde 2002 a la fecha, según datos de la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), han sido asesinados 69 periodistas mexicanos, mientras que 11 se encuentran desaparecidos. La mayoría son reporteros de medios locales y sus casos apenas han sido atendidos por medios nacionales de una manera ocasional y hasta marginal.

         Sólo durante el gobierno de Felipe Calderón, 38 comunicadores han muerto o desaparecido  --10 de ellos en 2010--, de acuerdo con estadísticas de RSF.  

Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos casos ha sido investigado a fondo y sus responsables han quedado protegidos por la impunidad, pese a que en la Procuraduría General de la República se creó una fiscalía especial, y una visitaduría especializada para reporteros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No obstante, la llamada narcoviolencia ya trascendió a los medios locales de información. Sus reporteros han sufrido por años amenazas de muerte para ellos y sus familias, así como levantones, secuestros, hostigamiento y presiones para publicar o dejar de publicar informaciones de algunos grupos del crimen organizado.

         Ello se está resintiendo apenas en los medios informativos de cobertura nacional, que no se han preocupado por atender esta situación de peligro, dejando a la deriva a sus reporteros y enviándolos a cubrir hechos violentos sin contar con un protocolo de seguridad y mucho menos con seguros de vida.

         Televisa trató con sumo cuidado y sigilo el caso de su reportero Héctor Gordoa hasta que fue puesto en libertad, bajo la condición de que se trasmitieran unos videos con un mensaje de los secuestradores, presuntamente del cártel de Sinaloa.

Denisse Mearker, conductora del programa “Punto de Partida”, para el cual trabaja el reportero, decidió suspender la transmisión como forma de protesta.

No sucedió los mismo con Milenio, pues además de pasar los videos, tomó un papel protagónico y hasta trasmitió en vivo, en su canal de televisión, la liberación de sus dos reporteros, elogiando el operativo encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha sido cuestionado por la increíble fuga de los captores y, además, está bajo la sospecha de que todo se debió a una negociación.

Ese medio de comunicación protestó de inmediato por el atentado contra sus trabajadores. Sin embargo, en días pasados un alto directivo del consorcio Multimedios declaró que los periodistas que en algún momento fueron atacados o asesinados, seguramente estaban vinculados con el crimen organizado y que por ello no deberían tener un blindaje especial por el trabajo que realizaban. Hoy este directivo de Milenio ha guardado silencio.

         La insensibilidad y hasta la mezquindad del gremio periodístico se ha mostrado de distintas formas en este caso. Ningún directivo o dueño de los medios instalados en el Distrito Federal fijó una posición y algunos otros publicaron el secuestro a pesar de que hubo una petición de no hacerlo mientras estaban en curso las negociaciones.

En el caso de Milenio, lo difundió de manera histriónica exigiendo la participación del Estado. Ahora sabemos que por lo menos el director editorial adjunto, Ciro Gómez, habló por teléfono con Felipe Calderón, quien por cierto no hizo un pronunciamiento particular sobre el secuestro de los periodistas.   

El plagio de los cuatro reporteros mostró la división, el protagonismo, la competencia mal entendida, los intereses políticos y comerciales, y otras deficiencias que existen entre los medios de comunicación en México, muchas de ellas provenientes no sólo de los reporteros, sino principalmente de los dueños y directivos.

A raíz de este caso salió a relucir la forma en que los medios colombianos enfrentaron de manera unificada el narcotráfico, sólo que no se ha entendido que no fue por un afán de los reporteros como se llegó a acuerdos entre los medios más importantes de Colombia, sino a través de los dueños de la prensa.

Fue hasta que comenzaron a golpear, asesinar, secuestrar, extorsionar y amenazar a los dueños y directivos de la prensa colombiana como su actitud cambió.

Miembros de la clase política y gobernante de ese país, los empresarios de los medios vieron afectados sus intereses particulares, su seguridad y la de su familia, por eso tomaron una posición y establecieron políticas comunes de publicación, mientras que el gobierno colombiano creó un fondo económico para tomar casos urgentes de periodistas amenazados.

Antes de eso, el narcotráfico, especialmente el cártel de Pablo Escobar, ya había cobrado la vida de periodistas colombianos y no pasaba nada.

Una situación similar ocurre en México. Hasta ahora que se sintieron vulnerables, algunos directivos de los principales medios de comunicación han empezado a cambiar de actitud y de posición.

El próximo sábado 7, a las 12:00 horas, por primera vez en la historia del periodismo en el Distrito Federal, se realizará una manifestación silenciosa de reporteros, en protesta por las agresiones y asesinatos perpetrados recientemente contra el gremio en los últimos ocho años.

Sin embargo, esta protesta tendría que ser no sólo por los ataques a los periodistas, sino por las agresiones contra toda la sociedad, es decir, por los 900 menores de edad muertos en esta guerra errática, por los 28 mil ejecutados, por las viudas y huérfanos y, también, por los secuestros y extorsiones. En fin, por el terror y la inseguridad que se vive en el país.