MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las reacciones a los trágicos sucesos de Monterrey han sido muchas. Entre ellas sobresale el discurso pronunciado por el jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, un día después de los acontecimientos, el 26 de agosto. Para algunos, el documento carece de una respuesta a la altura del dramatismo de la tragedia. En gran parte es cierto, y, sin embargo, se encuentran allí dos novedades interesantes: ubicar los hechos ocurridos en el Casino Royale dentro de la categoría de actos terroristas, y adjudicar gran parte de la responsabilidad de la violencia que sacude al país al pueblo y al gobierno de Estados Unidos. Hace un año, cuando por primera vez explotó en Ciudad Juárez un coche bomba accionado desde un teléfono celular, funcionarios tanto de México como de Estados Unidos se apresuraron a poner en duda la pertinencia de referirse a los hechos como terrorismo. De acuerdo con el entonces embajador de Estados Unidos en México, el terrorismo se refiere a la acción de grupos cuyo objetivo es obtener el control del gobierno. Tal no era el caso de los hechos de Ciudad Juarez. Los mismos argumentos podrían esgrimirse ahora y la discusión podría ser infinita porque no existe una definición universalmente aceptada del concepto de terrorismo. Lo más cercano se encuentra en un documento de Naciones Unidas en el que se le define como “toda acción encaminada a causar la muerte o un grave daño corporal a civiles no combatientes, con el fin de intimidar a la población u obligar a un gobierno u organización a hacer o dejar de hacer alguna actividad”. (Informe del secretario general, Un concepto más amplio de la libertad, septiembre de 2005, párrafo 9.) Si aceptamos como válida la definición anterior, los ataques en Monterrey fueron actos terroristas, y lo interesante son las consecuencias que definirlo así tiene para las obligaciones de México según los acuerdos internacionales sobre lucha contra el terrorismo. Independientemente de la polémica sobre si se trata o no de terrorismo, lo más sobresaliente se encuentra en el párrafo relativo a la responsabilidad que debe atribuirse en todas las tragedias que estamos enfrentando al consumo desmedido de droga en Estados Unidos. El tono utilizado para referirse a esa responsabilidad fue muy directo. El presidente pidió que se reflexione sobre “la tragedia que estamos viviendo en México y muchos países latinoamericanos a consecuencia, en gran parte, del consumo insaciable de drogas en el que participan millones y millones de norteamericanos”. El tono de esa acusación no pasó desapercibido. Por ejemplo, al día siguiente el periódico El País colocó en primera plana un titular diciendo: “Calderón arremete contra los Estados Unidos”. Semejante arremetida sorprende porque no refleja el ánimo conciliatorio que conduce la relación entre los dos países en materia de seguridad. El mismo día que pronunciaba su discurso, el periódico The New York Times insistió en sus informaciones, que ya había adelantado semanas antes, sobre la ampliación de las labores de agentes de seguridad estadunidenses en México. Esta vez, el diario puso énfasis en las operaciones que se preparan desde territorio estadunidense para perseguir a miembros de los cárteles de la droga en México, así como en la capacitación a oficiales mexicanos con técnicas para perseguir terroristas utilizadas en Afganistán e Irak. Más allá de la distancia entre reclamos y actividades conjuntas, el discurso contiene algunas propuestas para mejorar la situación: algunas poco sensatas, otras dignas de análisis. Entre las primeras está la exigencia de reducir drásticamente el consumo de drogas en Estados Unidos. Por motivos muy complejos eso parece poco probable. Si para resolver los problemas de la violencia en México esperamos una reducción sustantiva del consumo en Estados Unidos, la batalla está de antemano perdida. Las cifras no apuntan en esa dirección, y los valores sociales y culturales que hoy dominan en aquel país tampoco. El consumo de drogas, que ha acompañado a la humanidad desde épocas ancestrales, es un fenómeno que se debe prevenir a la vez que se combaten sus excesos, pero es casi imposible ponerle fin. Calderón propone entonces una salida igualmente improbable: “establezcan (para la entrada de droga) puntos de acceso claros distintos a la frontera con México”. El punto del discurso que vale la pena explorar es la propuesta de “buscar alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales”. ¿Se refiere el presidente Calderón a la legalización? Se trata de un tema sobre el que trabajan en este momento diversos grupos de expertos, así como expresidentes, entre los que se encuentran Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso. No es un problema que pueda resolverse fácilmente; tampoco se podría llegar a conclusiones en el corto plazo. Pero abrir la puerta para que México dialogue con Estados Unidos y comiencen a explorarse las posibilidades de llegar a programas conjuntos de legalización es quizá el único camino abierto para que, al reducirse ahora sí drásticamente las ganancias del narcotráfico, éste comience a debilitarse y se vislumbre un futuro con menos violencia, menos jóvenes enganchados en el negocio de la droga y el horror, menos delitos de extorsión y secuestro asociados todos al crimen trasnacional y sus ganancias. Tiene razón Felipe Calderón: El mayor consumidor de drogas es Estados Unidos. Por eso es necesario asumir que la solución va de la mano con ellos. Pero no capacitando a oficiales mexicanos en técnicas traídas de Afganistán, sino cooperando para un enfoque distinto en el que no se trata de acabar con el consumo, sino de manejarlo, como hasta ahora lo hacen los estadunidenses. A pesar de las grandes cantidades de droga que consumen internamente, la violencia no se desborda en aquel país de la manera en que ocurre aquí. La responsabilidad de los consumidores es que la cooperación con México sea de tal forma que aquí también se pueda vivir así.