Lo intolerable

jueves, 15 de marzo de 2012
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En mis últimos artículos no he dejado de señalar el desprecio con que los candidatos y los partidos políticos no sólo han borrado de sus agendas a las casi 50 mil víctimas, a los más de 20 mil desaparecidos y a los más de 250 mil desplazados (ni siquiera se tienen los datos reales) de la guerra que el Estado desató contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino también la emergencia nacional que vive el país y que día con día acumula más muertos, más desaparecidos, más desplazados y más impunidad dentro del estado de excepción que se ha apoderado de México. A esta afrenta, que habla de la corrupción de los partidos y de su indiferencia por la vida humana, se suma otra, igual de intolerable: el intento de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación de reducir la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder a una pobre y ridícula Ley de Víctimas del Delito. Durante el segundo encuentro, en octubre de 2011, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) con el Poder Ejecutivo de la nación, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, reclamamos al presidente que la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), que se creó después del primer diálogo en julio, era una farsa. Primero, porque nosotros habíamos pedido una Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder; segundo, porque no se nos había consultado para su creación, y tercero, porque no tenía ni rango de Estado ni los recursos ni el personal suficientes para atender tanto dolor. El presidente no sólo respondió: “Yo pedí una Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia, pero parece que no me hacen caso”, sino que también pidió al Inacipe una ley que la amparara. El Inacipe redactó entonces, con expertos mexicanos y colombianos, y consultando a las víctimas y a diversas organizaciones de derechos humanos, una espléndida Ley de Atención a Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder. Lo mismo sucedió con el diálogo con el Poder Legislativo, que pidió a la UNAM la redacción de una ley de la misma envergadura. Aunque muchas organizaciones trabajan en la fusión de ambas leyes, que presentaremos al Legislativo como la ley que requiere la nación, el desprecio por parte del gobierno federal y de muchos legisladores se hace cada vez más profundo. Províctima no ha cambiado su nombre ni ha recibido los recursos económicos ni el personal que requiere. “Se ha limitado a ofrecer”, como señala Miguel Concha (La Jornada, 3 de marzo de 2012), “la inscripción en programas sociales federales a personas que demandan una justa restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, esto es, medidas de reparación integral del daño, con justicia y derecho a la verdad”. Además, la ley del Inacipe ha sido rasurada por parte del Ejecutivo hasta convertirla en una ley tan inane como la propia Províctima. Es intolerable que mientras a instancias del Poder Ejecutivo los legisladores del PRI, del PAN y de parte del PRD aprobaron aportar 14 mil millones de dólares para incrementar la cuota al Fondo Monetario Internacional con el fin de salvar la crisis de Europa, miles de familias de nuestro país no sólo no encuentren por parte del Estado la más mínima reparación del daño que la violencia ha causado a sus vidas, sino que además muchas de ellas estén arruinadas económicamente buscando una justicia que se difiere en el tiempo, que duerme bajo los archivos de la corrupción judicial y que jamás llega. Ese es el talante de nuestros gobernantes y de sus partidos; esa, la realidad del Estado: la traición, la burla y el desprecio por lo humano, un horrendo espejo en el que la delincuencia se mira y se solaza para continuar su macabra marcha por el país. Si muchos en esta nación están dispuestos a tolerar lo intolerable, a aceptar que siga habiendo asesinados y desaparecidos, que las víctimas, como las suplicantes de Eurípides, clamen a un Estado tan sordo como delincuencial, sin que haya un ápice de justicia, muchos otros más no estamos dispuestos. No hemos caminado el país, dialogado con todos, visibilizado a las víctimas y logrado estas mínimas conquistas para que se les traicione. Seguiremos luchando no sólo para que Províctima esté a la altura del dolor que la nación reclama, sino para que la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso de Poder se legisle y sirva para aliviar el sufrimiento. En ella hay absolutos irreductibles: obligatoriedad en los tres niveles de gobierno; protección a las víctimas de la violencia y de la violación a los derechos humanos; protección de sus derechos a la asistencia permanente, a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño; mecanismos efectivos de reparación, indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición; un sistema nacional de registro y de atención a las víctimas, y un registro nacional de datos forenses. Si nos traicionan sabremos no sólo que Calderón pasará a la historia como un traidor de los derechos humanos, sino que lo que aún queda del Estado está muerto. Entonces habrá que ir a las urnas para llenarlas incuestionablemente con nuestro voto en blanco. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

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