Órganos electorales partidizados

martes, 16 de julio de 2013
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Baja California y al menos 12 de los 17 consejos distritales dejaron plena constancia de que acataron fielmente las instrucciones de los representantes del Partido Revolucionario Institucional ante dichos órganos: primero acordaron, en contra de la ley, hacer un recuento total de votos y posteriormente, cuando el PRI reculó, ellos lo suspendieron. El 2 de enero de 2013 el semanario bajacaliforniano Zeta informó que los legisladores locales del PRI y del PAN se habían repartido los siete consejeros ciudadanos numerarios del Consejo General; cuatro fueron tricolores (aunque éstos incorporaron a su lista una propuesta del Verde, con el cual ya habían acordado formar coalición en las elecciones estatales de este año) y tres blanquiazules. En la nota del periodista Sergio Haro Cordero se señalaba con precisión que el PRI propuso a Rubén Castro Bojórquez, Jaime Vargas Flores, Carola Andrade Ramos y –“empujado por el Partido Verde Ecologista”– a Javier Garay Sánchez. Por su parte el PAN apoyó a Jorge Aranda Miranda, Beatriz Martha García Valdez y Miguel Ángel Salas Marrón. La distribución correspondía a la correlación de fuerzas en el Congreso local, pues el PRI y sus aliados acumulaban 16 votos y el PAN y los suyos, nueve. La mayoría priista en el Consejo General impuso como presidente de dicho órgano a Castro Bojórquez; posteriormente también dominaron la formación de los consejos distritales. El control de los órganos distritales permitió a los priistas manipular la operación de los mismos –como se evidenció en uno de los videos que mostraba el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero–, para interrumpir el Pacto por México. En el mismo, Óscar Adrián Ayón Castro, empleado del municipio de Tijuana y hermano de la candidata priista Miriam Ayón a diputada por el distrito 9, con cabecera en Tijuana, se ostentaba ante funcionarios del IEPC como el “coordinador del noveno distrito”. Dicha operación pretendía definir la contratación de los capacitadores y a través de ellos sesgar la designación de funcionarios de mesa directiva de casilla. Pese a todo, los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares favorecían al candidato panista a la gubernatura, Francisco Kiko Vega, sobre el priista Fernando Castro Trenti, por lo cual, tras detectarse un error de programación que alteraba los porcentajes de los votos para cada fuerza política (no los números absolutos, sino únicamente los porcentajes), el mismo Consejo y particularmente su presidente, Castro Bojórquez, se encargaron de descalificarlos. Allí construyeron el argumento para promover el recuento total de votos. Y los consejeros representaron fiel y cabalmente las posiciones de los partidos que los llevaron a dichos puestos: primero Beatriz García –impulsada por el PAN– presentó una propuesta de acuerdo para conminar a los consejos distritales a que circunscribieran su actuación a cumplir con la norma, es decir a recontar voto por voto en los casos especificados en las fracciones I y II del artículo 374 y “sólo si al término del cómputo... se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas”, como señala el artículo 375. Un acuerdo innecesario pues simplemente repetía lo que señalaba la ley, pero dio pie a que los consejeros Carola Andrade y Javier Garay –propuestos por el PRI– impulsaran la propuesta de que los consejos distritales podrían acordar desde el inicio de las sesiones el recuento total de votos. Apoyaron dicha moción los cuatro consejeros priistas: Castro, Andrade, Garay y Vargas. Se opusieron los tres panistas: García, Aranda y Salas. Inmediatamente 12 de los 17 consejos distritales, en franca violación a la ley, acordaron el recuento total; por la tarde el candidato tricolor declaró que él apoyaba el recuento únicamente en los paquetes que mostraran inconsistencias. Y luego los priistas se desistieron formalmente ante el órgano electoral. De inmediato los 12 consejos distritales revirtieron el acuerdo y dejaron de recontar. La sucesión de los acontecimientos evidenció el control de las fuerzas políticas que los propusieron sobre los integrantes de los órganos de dirección del organismo electoral, lo cual hizo patente la partidización que hoy prevalece en la designación de los consejeros electorales. La mayoría priista en el Consejo General del órgano electoral de Baja California sirvió a panistas y perredistas en dos momentos (cuando Madero amenazó con retirarse del pacto y tras la decisión del recuento total de votos) para recriminar las tropelías de los tricolores, pero nunca reconocieron que ellos son corresponsables, pues cuando recibieron su cuota de tres consejeros ciudadanos avalaron con sus votos la integración del mismo. Lo que sucedió en Baja California es simplemente una fiel representación de lo que hoy se repite en todos (o casi todos, para dejar abierto el beneficio de la duda de alguna excepción) los órganos de gobierno de los organismos electorales (incluyendo, desde luego, al Instituto Federal Electoral), con la única diferencia que en este caso sus actuaciones fueron demasiado burdas. Y afortunadamente si alguien tiene dudas de lo que realmente sucedió en la elección y la posible alteración de los resultados, podrá disiparlas en enero de 2014, pues el artículo 387 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California prevé que durante dicho mes se exponga al público toda la documentación relacionada con la jornada electoral (incluida expresamente la contenida en los paquetes electorales, que incluye los sobres con las boletas sobrantes, los votos válidos y nulos) para “proceder posteriormente a la elaboración de la estadística electoral y los estudios del proceso electoral”. Así en este caso no podrá negarse el acceso a la documentación electoral, como ocurrió en la elección presidencial de 2006.

Comentarios