CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La cooperación de México con Estados Unidos es una realidad ineludible. Nuestra situación geopolítica no deja opciones. Dicha cooperación no ha sido fácil en los años recientes. Donald Trump ha provocado grandes cambios en el papel que ese país desempeña en el manejo de problemas sobresalientes de nuestro tiempo. Uno de ellos es el de la migración internacional. El tema es de importancia primordial para México; en ningún otro lugar del mundo hay una corriente migratoria tan intensa como la que se da entre nuestro país y Estados Unidos. Las posiciones de México son, por lo tanto, significativas para legitimar o poner en duda las medidas antimigrantes que Trump ha puesto en marcha. Cabe tener presente que estamos en momentos de transición. Las elecciones presidenciales del año entrante en EU permiten prever escenarios diversos. Las fuerzas antiinmigrantes que Trump ha desatado no desaparecerán, pero el margen de maniobra para distanciarse de ellas puede ser más amplio. Un cambio de gobierno abre la oportunidad para dejar de ser el socio que coopera con decisión en el combate contra los migrantes, cooperación que, cabe destacarlo, resulta ajena a los intereses de México. La política migratoria de Trump ha sido esencialmente negativa. Su obsesión por construir un alto muro que aísle a los Estados Unidos de los males que llegan por la frontera sur ha estado presente desde los primeros días de su campaña electoral en 2016. Es dudoso que dicho muro se construya –el control del Congreso sobre el presupuesto lo ha evitado–. Sin embargo, tal obsesión sigue siendo pieza central de su narrativa y, más aún, está acompañada de tuits, órdenes ejecutivas y leyes que han cambiado el contexto legal y político hacia la migración en EU. Se olvida que ese país ha sido el principal destinatario de corrientes migratorias las cuales han enriquecido notablemente su economía, cultura y desarrollo científico y tecnológico. Ignorando los hechos anteriores, el gobierno actual profundiza la noción según la cual la migración, en particular la proveniente del sur de la frontera, constituye un peligro para la seguridad nacional e internacional de Estados Unidos. Tal idea no se explica únicamente por la voluntad de Trump. Es resultado de un proceso que se inició desde comienzos del presente siglo. Poner obstáculos en las fronteras para ingresar a los Estados Unidos se hizo más evidente después de los acontecimientos del 11/09, cuando terroristas originarios del Medio Oriente derrumbaron las mundialmente conocidas Torres Gemelas en Nueva York. La visión estadunidense respecto a la seguridad de su territorio dio entonces un vuelco de 180 grados. Aconsejado por sus principales asesores, el presidente Bush colocó al centro de su política interna y externa la lucha antiterrorista. Un elemento importante de la misma fue la mayor vigilancia de las fronteras terrestres en el norte y en el sur. Los efectos de esa política se notaron de inmediato. Por lo que toca a los miles de trabajadores mexicanos sin documentos que iban temporalmente a Estados Unidos, su opción fue ya no regresar a su país de origen o internarse de nuevo a EU escogiendo vías más escondidas y abruptas, en las que generalmente era necesaria la ayuda de los llamados “polleros”. La migración circular desapareció de facto para ser sustituida por un número creciente de trabajadores mexicanos viviendo sin papeles en Estados Unidos y una situación de riesgo y muerte en las zonas más inhóspitas del desierto. En la medida que la oferta de empleo se mantuvo alta, la presencia de indocumentados transcurrió dentro de un ambiente de relativa normalidad. Los intereses coincidían: los empleadores pagaban salarios bajos, se cumplían tareas que los trabajadores estadunidenses no sabían ni querían desempeñar, las remesas siguieron –y siguen siendo– fuente muy significativa de divisas para México. La llamada Gran Depresión que tuvo lugar en 2008 y se prolongó hasta bien entrado 2009 cambió el panorama. La mano de obra de los trabajadores mexicanos, eficiente y a menor costo que la de cualquier trabajador estadunidense, comenzó a resentirse. La animadversión hacia la presencia de trabajadores mexicanos se radicalizó en varias regiones. Se expresó, entre otras formas, a través de la promulgación de leyes estatales dirigidas a dificultar su permanencia. El caso de Arizona es uno de los más conocidos. En el ámbito partidario el sentimiento antimigrante fue recogido, principalmente, por grupos de extrema derecha del Partido Republicano como el “tea party”, en cuyas filas floreció la exaltación del supremacismo blanco y el señalamiento de la presencia de migrantes como un peligro a la seguridad nacional. Para finales de la segunda década del presente siglo, la mesa estaba puesta para que un político con pocos escrúpulos como Trump y, sobre todo sus asesores cercanos, advirtieran el potencial que tenía en una campaña electoral prometer a sus seguidores “construyamos un muro y que lo paguen los mexicanos”. No es mi intención retomar aquí la larga saga que ha llevado a convertir a Trump en el constructor de un ambiente hostil hacia la migración en Estados Unidos. Me interesa dar un salto hacia el presente y tomar nota de la manera en que, por una parte, se ha ido fortaleciendo la idea de que los migrantes representan una amenaza a la seguridad nacional de Estado Unidos. Por la otra, se han utilizado todo tipo de chantajes para conseguir que los gobiernos de México y Centroamérica participen, activamente, en las medidas para que no lleguen y aún menos crucen la frontera para entrar a Estados Unidos mexicanos, centroamericanos o personas de cualquier nacionalidad en busca de trabajo, asilo o refugio. La manipulación para lograr esto último ha sido tenido éxito. Se ha recurrido a amenazas seriamente desestabilizadoras como fue, en el caso de nuestro país, la de aplicar progresivamente aranceles a las exportaciones a Estados Unidos si no se cooperaba para detener el flujo migratorio. Privilegiando los aspectos económicos, el gobierno mexicano aceptó los términos anteriores. Para justificarlo ante la opinión pública ha elaborado un discurso que pone el acento en ciertas medidas como son: combatir a los traficantes de personas o a sicarios destinados a trabajar para el crimen organizado; meter orden en una frontera tradicionalmente descuidada, como es la que separa a México de Guatemala y Belice; actuar de manera que se respeten las normas en materia de migración establecidas en la Constitución mexicana. El discurso omite, evidentemente, los altos costos económicos y sociales que se están pagando, así como la poca o nula preparación para cumplir lo que se propone. Lo anterior puede cambiar en función de los resultados de las elecciones presidenciales en EU el próximo año. La campaña electoral no permite todavía saber quién será el contrincante demócrata. Sólo se puede identificar a los delanteros, entre los que resulta atractiva la figura de la senadora Warren. Trump, por su parte, está sujeto al desgaste de un juicio político en marcha del que puede salir debilitado o, según otros, fortalecido. A pesar de la incertidumbre, no es tarde para imaginar una cooperación con el Partido Demócrata que permita a México mantener principios de solidaridad, racionalidad económica y defensa de los derechos humanos en materia migratoria. Un cambio hacia una cooperación más digna y constructiva que la existente hoy. Este análisis se publicó el 3 de noviembre de 2019 en la edición 2244 de la revista Proceso