Opinión

¿Litigio frívolo en Estados Unidos?

En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final. Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común.
martes, 24 de noviembre de 2020

El sábado 7 de noviembre —cuatro días después de la jornada electoral— la mayoría de los medios de comunicación informaron que se proyectaba que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales frente al actual presidente Donald Trump. Según los últimos conteos de votos, Biden recibió alrededor de 5.5 millones más que Trump, pero lo más importante es que se proyecta que Biden superará el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral (sistema proporcional vinculado a los estados que se utiliza para elegir al presidente), necesarios para ganar. En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final.

Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común. Trump declaró que es el ganador y que en los estados clave donde los conteos demostraban que Biden había triunfado, se había cometido un fraude masivo. Lo cierto es que desde hace meses Trump ha estado dando señales de que no aceptaría la derrota y que sólo podría perder si los comicios estuvieran amañados. Esto a pesar de que los expertos en elecciones, tanto liberales como conservadores, concuerdan en que sencillamente no hay pruebas de que el fraude electoral generalizado sea un problema contemporáneo de Estados Unidos. Aun el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Trump ha declarado que las elecciones fueron las más seguras en la historia del país.

El equipo de campaña de Trump y el partido republicano iniciaron varias acciones judiciales antes y después de las elecciones para impugnar la validez de determinadas boletas. En el ámbito público, Trump y sus partidarios continúan afirmando, sin aportar pruebas, que hubo fraude electoral generalizado. En una parte, sus argumentos se basan en el hecho de que este año hubo una gran expansión del derecho de votar por correo, para evitar grandes aglomeraciones de votantes y promover la distancia social en época de covid-19. Si bien el volumen de votos por correo que hubo este año no tenía precedentes, cabe señalar que ese tipo de votación constituye una práctica establecida y completamente válida en Estados Unidos, diferencia de América Latina, donde en la actualidad no existe la opción de votar por correo.

Dada la falta de pruebas para sustentar el señalamiento de fraude generalizado, no es de sorprender que muchas de las argumentaciones legales formuladas por los abogados de Trump no hayan resistido una evaluación judicial o hayan sido desestimadas de manera sumaria. Por ejemplo, el 13 de noviembre un juez de Michigan manifestó que las acusaciones de fraude en la demanda eran “incorrectas e implausibles” y que estaban “plagadas de especulaciones”. La semana anterior, en ese mismo estado se desestimó otra demanda por separado en la que se pretendía detener el conteo de votos. La jueza consideró que el testimonio sobre un supuesto fraude de los trabajadores electorales era inadmisible como testimonio de oídas, dentro de un testimonio de oídas, y que el resto de la prueba era “imprecisa y equívoca”.

En otros casos, los abogados que representaban a Trump o al partido republicano ni siquiera han sostenido que haya existido fraude, lo que contrasta claramente con los argumentos planteados en el discurso público. El 13 de noviembre, un juez de un tribunal estatal de Pennsylvania rechazó cinco demandas del equipo de Trump y señaló que en realidad no “afirmaban que haya habido fraude [ni] que existan pruebas de fraude”. Pocos días antes, en el mismo estado, un abogado del equipo de campaña de Trump admitió a regañadientes en un interrogatorio que no afirmaba que hubiera habido fraude con respecto a las boletas impugnadas.

Durante las semanas y meses previos a las elecciones hubo mucha especulación sobre el posible papel de la Corte Suprema en la determinación del resultado de las elecciones y Trump dio a entender, en un aguerrido discurso poselectoral, que agotaría todas las vías hasta llegar al alto tribunal. Este tema quedó incluso, mas bajo la lupa ante el nombramiento en la Corte Suprema de la candidata propuesta por Trump, Amy Coney Barrett, apenas semanas antes de las elecciones.

Otro de los motivos por los cuales existe la posibilidad de que la Corte Suprema intervenga, y se presenta como muy real para el público, es que hay un antecedente reciente en el que ese órgano zanjó una elección presidencial: el caso de Bush c. Gore. En el año 2000, George W. Bush ganaba por un margen muy estrecho de mil 784 votos en Florida, donde el recuento se encontraba en curso (el margen, con el correr del tiempo, terminó siendo incluso menor). En una decisión de cinco contra cuatro, la Corte ordenó que el recuento se diera por finalizado antes de que se completara, y esto en la práctica consolidó a Bush como vencedor, porque el margen de votos electorales de los candidatos era tan estrecho que todo dependía del resultado en Florida. La decisión fue muy controvertida, y en la actualidad la opinión de la mayoría sigue considerándolo con escepticismo y de manera crítica.

Dada la falta de pruebas de fraude generalizado y que, en general, los litigios iniciados por el equipo de campaña de Trump hasta el momento no han tenido resultados exitosos, parece improbable al momento de este escrito que se vaya a plantear ante la Corte Suprema un caso o una controversia que tenga el potencial de modificar el resultado de la elección, como ocurrió con Bush c. Gore. Para que eso suceda, si se tiene en cuenta el amplio margen de votación electoral de Biden, la Corte Suprema tendría que aceptar varios casos y además anular los resultados electorales en varios estados. Por eso, este caso es completamente distinto al de Bush c. Gore, donde no se anularon los resultados electorales, sino que se mantuvo el statu quo (que era que Bush estaba ganando), y sólo se trataba con un estado donde el margen de votos era ínfimo. Si bien la posibilidad no se descarta de lleno y debemos señalar que la Corte Suprema es más conservadora que hace 20 años, sigue siendo improbable que los jueces deseen llevar adelante acciones tan controvertidas y sin precedentes, máxime teniendo en cuenta la reacción negativa que sigue concitando Bush c. Gore.

En conclusión, si bien todo es posible, no parece probable que los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 vayan a modificarse de manera sustancial debido a litigios. Eso no significa, sin embargo, que tales demandas no hayan tenido algún efecto. Todo lo contrario: para quienes no siguen de cerca los pormenores de los procedimientos judiciales, esas demandas le han proporcionado una apariencia de legitimidad a los infundados señalamientos de fraude planteados por Trump. Prueba de ello es que durante el fin de semana miles de seguidores de Trump llegaron a Washington D.C. a protestar por lo que consideran que fueron unas elecciones robadas. Muchos de los congresistas republicanos en funciones aún no han reconocido el triunfo de Biden, y los funcionarios designados por Trump están reteniendo recursos gubernamentales e informes de seguridad que deberían estar disponibles para el presidente electo. Por lo tanto, los litigios, si bien no han prosperado ante los tribunales, han servido igualmente para generar más divisiones, inestabilidad e incertidumbre en la sociedad estadunidense y en el ámbito político. 

*Abogada estadunidense y asesora legal senior para la Fundación para el Debido Proceso en Washington.

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