Millones de mexicanos han escuchado hablar de Ricardo Salinas Pliego; no es difícil entender el porqué. El dueño de TV Azteca ha utilizado su televisora para proyectarse, y su presencia en redes sociales es tan controvertida como constante.

También es de sobra sabido que Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México. Montado en una fortuna valuada en 14 mil 800 millones de dólares, ha lanzado una conveniente cruzada libertaria contra “los gobiernícolas”, una caricatura que refleja su desprecio a cualquier tipo de regulación o de presencia del Estado.

Las canalladas de las que se ha acusado a Salinas Pliego se han convertido en marcas que alimentan adicionalmente su fama. Sus empresas acumulan resonadas multas o sanciones en el extranjero que las indican culpables. El caso más reciente es, desde luego, la colección de litigios por casi 60 mil millones de pesos en impuestos que no habría pagado.

Considerando al personaje, su riqueza y la dimensión de la canallada de la que es acusado es natural que la confrontación abierta entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno de AMLO esté ocupando espacios de discusión y primeras planas. Sus características y su exposición han sido tal que incluso hay quien ha planteado que esta pugna ayuda a explicar la creciente aprobación del presidente en las encuestas.

Vale la pena ponerlo con todas sus letras: que cualquier multimillonario utilice su poder para evitar pagar decenas de miles de millones de pesos al fisco durante décadas es, de suyo, un insulto y una vileza. En consecuencia, que un gobierno logre corregir esta injusticia es un acto de elemental justicia digno de ser celebrado.

Sin embargo, sería un error no ver más allá de la lucha de un famoso multimillonario canalla y un presidente poderoso dispuesto, por fin, a ponerle un alto. Para ver por qué, empecemos revisando las narrativas que ambas partes han buscado generar alrededor de su supuesto combate.

Ricardo Salinas Pliego ha dicho públicamente que no pagará “más de lo que es correcto”. De acuerdo con esta narrativa, los “gobiernícolas” en el Poder Ejecutivo federal están abusando de su poder para ordeñar los recursos de grandes empresas, en teoría con la intención de meterlos a un pozo oscuro desde el que pueden mal utilizarlos.

Este empresario ha exhortado al gobierno de AMLO a enfocarse en evitar robos de sus funcionarios, en lugar de distraerse “extorsionando” empresarios. Es decir, Salinas Pliego ha buscado relativizar o trivializar el monto en disputa considerando que la opacidad que el programa de apoyo a adultos mayores podría estar generando desvíos anuales por una cantidad similar a la que en teoría adeuda al fisco.

Por su parte, el gobierno ha respondido al empresario de dos formas: una directa y otra indirecta. 

La directa pasa por subrayar, como suele hacerlo el presidente durante sus conferencias, la diferencia entre su gobierno y las políticas de los gobiernos neoliberales. En el mismo sentido el presidente ha respondido a las acusaciones de posibles desvíos invitado a presentar las denuncias relevantes.

La indirecta consiste en pausar la expedición de generosos contratos sin licitar a las empresas de Salinas Pliego y en hacer públicos los adeudos fiscales del empresario. 

Con las narrativas en disputa sobre nuestra mesa, el siguiente paso es notar que no existe en ellas una incompatibilidad que nos obligue a tomar alguna como falsa; es decir, que es una posibilidad real que ambas sean ciertas. Por desgracia, me parece que este es el caso.

Y es que un adeudo de la magnitud y longitud del que se le atribuye a Salinas Pliego no sería remotamente posible en un escenario en que el gobierno cumple con sus funciones constitucionales. Además, sería ingenuo suponer que, si un multimillonario puede lograr este trato excepcional, no habrá otros en situaciones semejantes. En este sentido, los gobiernos de Fox, Calderón y Peña son responsables por su papel vergonzante.

A lo anterior hay que sumar que no es aventurado afirmar que la ausencia de regulaciones racionales, así como de un gobierno independiente y fuerte capaz de ejecutarlas, es indispensable para explicar la acumulación de miles de millones de dólares en manos de individuos que no aportan innovación, productividad, o desarrollo humano. O por ponerlo en otras palabras, la existencia de estos personajes es el síntoma de la ausencia de un Estado derecho y de una auténtica meritocracia.

Pero de la embestida del presidente contra Salinas Pliego no se sigue que ahora contemos con un gobierno que busca terminar con la impunidad fiscal o poner en cintura a los grandes empresarios. En realidad, el alto que se pretende marcar al dueño de TV Azteca es muestra clara de dos comportamientos recurrentes del gobierno de AMLO.

El primero es el recurso al voluntarismo. Quienes dirigen la Cuarta Transformación se ha negado a consolidar una reforma fiscal progresiva y progresista. También se han rehusado a desarrollar una reforma que dote al Poder Judicial de verdadera independencia. 

La ausencia de estos pilares es inexplicable si realmente se quiere que las personas más poderosas estén obligadas a pagar sistemáticamente lo justo. En su lugar, lo que se nos ha ofrecido es el uso discrecional del aparato gubernamental para alinear a conveniencia a enemigos políticos y calmar con su sangre a las masas. ¿Quién en su sano juicio no disfrutará ver a Salinas Pliego pagando sus impuestos? Aunque menos mediático, mucho más productivo sería que absolutamente todos los multimillonarios lo hicieran por default y sin enterarnos.

El segundo es que, contrario a sus discursos, el actual gobierno sigue ofreciendo un trato privilegiado a las élites más perniciosas. Prueba de ello es que durante su sexenio el presidente ha evadido los discursos contundentes en su contra. Los enemigos públicos favoritos del presidente suelen ser personas con un margen de poder relativamente insignificante, como intelectuales o periodistas.

Así, cualquiera que se informe a través de las mañaneras o de los clérigos del gobierno podría jurar que quienes representan la podredumbre de nuestro sistema y atascan la justicia social en México no son algunos de los más poderosos empresarios o políticos, sino Héctor Aguilar Camín o Enrique Krauze.

Lo que es peor, en los hechos el presidente ha evadido su responsabilidad de terminar con los cotos de poder políticos y económicos que las élites relevantes regentan. Ni grandes capitalistas, ni políticos como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas han sido verdaderamente tocados, y sus disputas verbales con AMLO siguen la misma lógica que los ladridos feroces que se propinan dos perros que se saben amarrados.

Es momento de hacer un corte de caja. Si el presidente logra que Ricardo Salinas Pliego, un famoso millonario señalado como canalla, pague los impuestos que debe, será digno de celebrarse. Pero este festejo no debe hacernos perder de vista las carencias evidenciadas por su disputa. 

Mientras el voluntarismo y los privilegios persistan, la justicia en nuestro país será poco más que un arma política empuñada, de cuando en cuando, para doblar enemigos o satisfacer a las masas.

*Profesor Asociado de Filosofía en la Universidad de Nottingham, Reino Unido

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