Cananea, una historia de atropellos

viernes, 26 de noviembre de 2010

CANANEA, Son., 26 de noviembre (apro).- Un contingente de civiles avanzó de noche entre los terreros de las viejas instalaciones mineras. Sin dar tiempo al aviso de los guardias, tomaron cada puesto que los huelguistas habían instalado para prevenir el ingreso de federales o esquiroles.
    Apenas tres kilómetros antes de llegar a la “meta”, un grupo de mercenarios abrió fuego, muy cerca de donde estaban los vigías mineros que pasaban la noche en el exterior de la mina, junto a montículos de piedras, sus únicas armas.
    Cuando oyeron los disparos intentaron correr, pero un fogonazo arrasó la Puerta 1 y luego incendió un edificio completo. Las llamas dieron la alerta y en ese momento dos mil agentes de la Policía Federal ingresaron al fundo y tomaron por asalto el hospital Ronquillo, ubicado a las puertas de la mina, de la que sobrevive la mayoría del pueblo.
En la acción fueron detenidos los trabajadores Gerardo Ochoa, Rodolfo Valdez, Luis Borbón, Luis Torres y Marcelo Lara, la guardia huelguista de la Puerta 3 que se quedó rezagada.
     Alrededor de las 23:00 horas, los federales avanzaron sobre la sede sindical ubicada en la zona urbana, a un kilómetro de la mina, donde se celebraba una asamblea en la que se decidía la manera en que debían proceder.
El chasquido feroz de las armas resonó por los callejones de la zona, inundada a esa hora de gases lacrimógenos. Frente al edificio gremial, el velorio de un anciano minero fue interrumpido cuando los federales tomaron la funeraria.
    Los ataques de la Policía Federal contra los mineros de la Sección 65 ocurrieron entre el 6 y el 9 de junio de 2010, cuando los uniformados se posesionaron del fundo minero. Iniciaron así los rondines en el exterior, la persecución de trabajadores por las calles, la irrupción en domicilios y el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno en los barrios.

Cien años antes…

Cananea es emblema de la conquista de derechos laborales en el país. Hace cien años, los reclamos de los trabajadores mineros detonaron un hecho sin precedentes en la historia: la huelga que reivindicó el axioma “a trabajo igual, salario igual”, jornada de ocho horas y derecho de huelga.
    El 1 de junio de 1906, alrededor de 2 mil trabajadores mexicanos se levantaron en huelga para demandar un salario igual al de los trabajadores de origen norteamericano en la Cananea Consolidated Copper Company, que entonces detentaba el mismo fundo minero que hoy tiene Mexicana de Cananea, empresa de Grupo México.
    Juan José Diéguez, Manuel Ríos y Esteban Baca Calderón (los dos últimos dirigentes de un Club Liberal magonista) intentaron negociar el incremento salarial, pero sus demandas fueron rechazadas.
    Al salir de la junta declararon la huelga y, en respuesta, los civiles norteamericanos tomaron las armas y les dispararon.
    Los mineros respondieron a pedradas contra los armados norteamericanos y mataron a algunos, pero fueron replegados a punta de fusil. En su huida, los trabajadores incendiaron ocho edificios.
    Un día después, un grupo de Rangers de Arizona incursionó en territorio mexicano para perseguir a los huelguistas, apoyados por la policía rural del sitio. Hacia el 3 de junio lograron controlar el movimiento, con Baca Calderón y otros magonistas presos.
    Con civiles armados y el apoyo policial, Cananea volvió a la producción el 6 de junio de 1906. Lo mismo sucedió 104 años después, cuando el 6 de junio de 2010, tras la incursión de civiles armados, la persecución de huelguistas y el ingreso con custodia policial de los esquiroles, Mexicana de Cananea reinició operaciones, aunque con distinto saldo.
    Se calcula que en junio de 1906 hubo 23 muertos, 22 heridos y 50 detenidos. Ciento cuatro años después sólo hubo tres detenidos y dos hijos de trabajadores heridos, en virtud de que los trabajadores no hicieron frente a los fusiles... ni con piedras.

Acción de guerra

Para la dirigencia de la Sección 65 del sindicato minero, la ocupación de las instalaciones de Mexicana de Cananea, en junio pasado, por parte la Policía Federal (PF) y la Policía Investigadora del Estado (PEI), fue una estrategia de guerra, orientada –mediante un intrincado manejo jurídico– a destruir el movimiento y favorecer a Grupo México.
    Según el dirigente sindical Sergio Tolano Lizárraga, la ocupación implicó tácticas de engaño, agresiones a la población civil, detenidos de manera ilegal, cerco informativo, toma de espacios emblemáticos y hasta botín.
     “La lucha sigue, por la vía legal y pacífica. No le daremos tregua a Grupo México. Los federales se irán un día, nosotros no. Entonces, nos veremos las caras con la empresa y los traidores”, dice.
    Entre el 6 y 7 de junio, las acciones del gobierno federal, en combinación con los gobiernos estatal y municipal, fueron expuestas en medio de una serie de anuncios y comunicados oficiales que, además de difundir un supuesto saldo blanco, prometieron inversiones millonarias para la población, devastada por tres años de huelga.
    Además de la incursión de civiles armados y policías federales, la toma y desalojo del hospital Ronquillo, la agresión a la sede sindical y la irrupción en la funeraria, los federales obtuvieron un “premio”, pues a los detenidos de la Puerta 3 les arrebataron una camioneta y una cuatrimoto.
     Cerca de las ocho de la mañana del lunes 7 de junio, los federales encañonaron a los trabajadores y luego se retiraron. Dos horas antes, alrededor de las seis de la mañana, izaron una bandera monumental en el asta del interior del lote minero.
    Alrededor del mediodía de ese mismo lunes, el reportero Benjamín Zambrano se percató de que los federales paseaban a los detenidos en los vehículos asegurados. Cuando los policías se dieron cuenta de que los estaba fotografiando le quitaron la cámara para sustraerle la memoria. El hijo de Zambrano, Martín, grababa con su teléfono celular el incidente. Los federales lo sometieron, lo llevaron a la oficina del Ministerio Público local y lo golpearon.
    “Querían que se hincara y pidiera perdón. Mi muchacho no es de esos, pero yo le grité ¡híncate! No quería que lo siguieran golpeando contra la pared”, relata Zambrano.
    El desalojo se consumó con población civil afectada por los gases, y un trabajador y un menor de edad con lesiones graves.
    Según Tolano, la toma de Cananea fue una táctica de guerra.
    “Los porros fueron la leva; los detenidos, presos de guerra sin derechos; el desalojo del hospital Ronquillo, un cerco a la supervivencia; la agresión a los Zambrano, un cerco informativo; los vehículos, el botín; la incursión al sindicato, un ataque a nuestro emblema, y la población afectada un mensaje para inhibir el apoyo de los cananenses, dice.
    Y agrega: “Para rematar, el vocero y el ‘abogado’ de la empresa, Javier Lozano Alarcón (secretario de Trabajo), y Fernando Gómez Mont (entonces titular de Gobernación), anunciaron supuestas liquidaciones ventajosas y el programa Todos por Cananea, el territorio conquistado donde izaron la bandera de México”.

El laberinto jurídico

Durante más de 12 horas, los cinco mineros detenidos permanecieron incomunicados y sin que ninguna autoridad admitiera su detención.
El Primer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Aldo René Saracco, recuerda que en ese tiempo recorrió las oficinas de los tres órdenes de gobierno y visitó agencias del Ministerio Públicos locales y federales. Inclusive, dice, policías federales intentaron intimidarlo por su insistencia.
    “Ya cerca del mediodía, los encontré declarando en el Ministerio Público del fuero común. Así me enteré de que ahí estaban, no por una respuesta oficial. Era claro que nunca hubo elementos para mantenerlos detenidos”, añade.
    Uno de los abogados de la Sección 65, Luis Chávez, explicó que la acusación inicial fue haber causado un incendio en la Puerta 3 de la mina, pero ahí no hubo incendio, sin embargo los mantuvieron detenidos “para investigación” hasta la tarde del 8 de junio, al cumplirse el término de 48 horas.
    Con todo, los gobiernos federal y estatal y Grupo México hicieron el anuncio espectacular de inversiones, en el que todos se hicieron bolas.
    “Todos por Cananea”, según declaró el gobernador Guillermo Padrés el lunes 7 de junio, implicaría una inversión de 113 mil millones de pesos. Al día siguiente corrigió y dijo que la inversión sería por 58 mil millones: 382 millones de su gobierno, 2 mil 595 millones del gobierno federal y el resto de Grupo México. Más tarde se descubrió que no había partida presupuestal federal autorizada por el Congreso.
    Tras haber declarado “saldo blanco”, Fernando Gómez Mont --quien hasta antes de su nombramiento como secretario de Gobernación fue abogado de Grupo México— sostuvo que los daños en la mina dieron lugar a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que fue ratificada por tribunales, en el sentido de declarar inexistente la relación laboral y, por lo tanto, la huelga.
    Ante la opinión pública, el desalojo fue resultado del laudo del expediente IV-61/2009, del 14 de abril de 2009, en el que se dieron por terminadas las relaciones laborales “por causas de fuerza mayor no imputables a la empresa”, consistentes en daños a la mina por parte de los huelguistas, hecho que activistas laborales denunciaron como una chicanada jurídica para negar el derecho de huelga.
    Ese mismo 14 de abril, la JFCA había declarado legal la huelga en el expediente RT 2381/2007, pero a ese laudo se le sacó la vuelta, lo que permitió a Grupo México iniciar otro proceso laboral ante la JFCA, que el viernes 4 de junio declaró la huelga sin sustento.
    Lo que nunca explicaron Gómez Mont, Lozano Alarcón y Grupo México, en torno del desalojo del 6 de junio, es que la motivación legal de la ocupación fue para una diligencia de cuantificación de daños, ordenada por un agente del Ministerio Público federal, en otro proceso iniciado por la vía penal por parte la empresa y no por el laudo del 6 de junio, que por no haber agotado instancias constitucionales era combatible, según el abogado Luis Chávez.
    De hecho, la diligencia ministerial no se llevó a cabo y se hizo pública hasta el martes 8, cuando gobiernos y empresa insistían en “Todos por Cananea”, minimizando la toma del fundo y el uso de fuerza.
    En síntesis, para Luis Chávez “la acción carecía de toda lógica jurídica e implicó un montaje para violentar el derecho de huelga”.
    La versión del abogado fue confirmada por el primer visitador de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Aldo René Caracco, quien por cuestiones de competencia no tuvo acceso a las órdenes de la Policía Federal.

“Acabaremos como el SME”: PF

El jueves 10 de junio, luego de un enfrentamiento entre federales y trabajadores, alrededor de 20 policías aseguraron a este reportero que su traslado a Cananea se hizo en condiciones infrahumanas.
    Los federales dijeron que “ellos no tenían orden oficial (del mando) de desalojo, sino de restablecimiento del orden público”.
    Afirmaron que a ellos les dijeron “que la mina era propiedad de la nación” y no sabían quién era Germán Larrea, dueño de Grupo México.
    Hospedados “en el monte pelón”, a ras de suelo, con “un lonchibón de huevo” para alimentarse dos veces al día, sin viáticos ni descanso, uno de los inconformes expresó: “Sabíamos que íbamos a un operativo, pero no a dónde. Y aquí yo veo que es gente que pelea por un trabajo”.
    Los policías se quejaron de los operativos contra el narco, “falsos y sin mandos capacitados”; de los jefes militares comisionados o en retiro, “que son los más corruptos”; de que la PF es “una fuente de corrupción, pero nomás pa´arriba”.
Uno de ellos remató: “¿A poco cree que no sabemos que nos va a pasar como al SME? Cuando este sexenio se acabe, a nosotros nos van a dar una patada en ancas. Acá también somos los de abajo”.
    Momentos después llegó su comandante y separó al agente Yacer Monsalvo, a quien llamó la atención por hablar con el reportero. Vía telefónica, sus compañeros avisaron que Monsalvo fue arrestado y concentrado en la Ciudad de México.
    “A ver cómo le va. Ya lo habían bajado al DF por algo así (negarse a golpear huelguistas) en el operativo de Lázaro Cárdenas en 2006”, dijo un policía federal.
    
La pacificación de Cananea

El 8 de junio, el visitador René Caracco afirmó que los federales se habían salido de control y que por la actitud “pacífica y madura de los mineros se había conseguido el acuerdo de que la PF permaneciera en la mina y no afectara a la población”. El acuerdo duró 24 horas.
    Según el investigador del Colegio de Sonora, Leopoldo Santos, quien realiza un estudio y la memoria del movimiento, la resistencia de los trabajadores no se va a acabar.
    “Aquí se registró un proceso de maduración política. Es una huelga muy larga. Ellos eran priístas, pero hoy son sindicalistas. Pocos se han percatado del movimiento de género que aquí se gestó. Las esposas están con ellos y los heridos fueron dos hijos de trabajadores, eso no es casual. Las familias están con ellos”, insiste.
    A pesar de los ofrecimientos de liquidación en julio de 2007, de mil 200 huelguistas, alrededor de 900 permanecen en resistencia.
    Sergio Tolano rechaza los daños y saqueos que les imputan, e insiste en que no fueron oídos en juicio para demostrar que todo estaba bien.
Por considerar que hay un abuso de poder, sentencia: “Esto apenas comienza. En Cananea se consiguió el derecho de huelga en 1906 y la historia nos exige defenderlo. No lo vamos a perder aquí un siglo después, por una carretera como la que promete el gobierno de Calderón”.