Creada sobre las rodillas, sin presupuesto ni objetivos claros o consultados con expertos, la nueva Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito surge como una artimaña del calderonismo para arrebatarle banderas a movimientos ciudadanos, como el encabezado por Javier Sicilia. Así lo aseguran especialistas consultados por Proceso, para quienes la nueva dependencia es sólo una simulación que busca desactivar el potencial de protesta y de movilización social ciudadana. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El piso 10 huele a pintura. La funcionaria se excusa por las cajas apiladas que no ha podido desempacar. Unos albañiles entran y salen del edificio. Los pasillos lucen sin gente y desocupados los pocos trabajadores encontrados durante el recorrido. Así es la novatada de Sara Irene Herrerías Guerra, recién designada titular de la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), quien con la misma premura de los albañiles intenta dar forma a esa dependencia que nació de un decreto presidencial no cabildeado con expertos, sin presupuesto, hecho a las prisas, carente de diseño, y con misión y alcances poco claros. De acuerdo con varios analistas, Províctimas es una maniobra de Felipe Calderón para arrebatarle banderas al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia. Herrerías es una funcionaria que parece bien intencionada, bien vista por organizaciones feministas. Hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que este año encontró a 213 mujeres reportadas como desaparecidas. En la entrevista con Proceso, intenta aclarar las dudas sobre la función y los alcances de Províctimas, pero no tiene respuestas para todo. De entrada, desconoce el presupuesto que manejará. Por lo sorpresiva de su creación, Províctimas no fue incluida en el presupuesto de 2012 y trabajará con recursos y personal de los Centros de Atención a Víctimas (CAV) de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fevimtra y de la poco conocida área para víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública. “No tengo números. Estamos funcionando con lo que nos pasaron y viendo lo que tenemos que pedir para el próximo año”, dice la abogada y criminóloga, enterada días antes de su nuevo cargo. De entrada, aclara que la nueva dependencia dará atención psicológica, jurídica, médica, ayudas sociales y asesoría a las víctimas de “delitos graves” –entre los que menciona únicamente el secuestro, el homicidio y la desaparición forzada– sin importar si el victimario es un particular o un servidor público. Llama la atención el repentino interés de Los Pinos en las víctimas de la violencia, cuando en este sexenio esos fondos se han reducido 35% en relación con su monto durante el último año de Vicente Fox. Alberto Serdán, experto en presupuesto, rendición de cuentas y políticas públicas, demuestra que las tres áreas de la PGR relacionadas con la atención a víctimas –la Fevimtra, la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito que administra los CAV– sufrieron recortes a pesar de que en la actual administración se recrudeció la violencia que ha dejado más de 40 mil muertos, al menos 50 mil niños huérfanos, 10 mil desaparecidos y un sinnúmero de personas heridas. Entre las tres oficinas han recibido 790 millones de pesos durante el sexenio. “Tan sólo con la mitad del dinero que se destinará a los partidos políticos en 2012 para las elecciones federales, se financiarían 17 años de operación de estas instancias”, apunta el experto. Aunque la PGR ha tenido un incremento presupuestal de 24% en términos reales, Serdán indica que la atención a las víctimas representó 1.1% del gasto (casi la mitad del presupuesto con que inició el sexenio) y de éste 88% de los recursos va al pago de sueldos y sólo 4% para “ayudas sociales” a víctimas. Sin cobertura La única oficina de Províctimas que está en operación es la del Distrito Federal. Desde ahí extenderá sus brazos a otras 12 entidades del país donde operan los CAV de la PGR, encargados hasta el momento de brindar ayuda médica, psicológica y jurídica a las víctimas de delitos federales. Este sexenio, el gobierno federal no creó más a pesar de la insistencia del Consejo Ciudadano de la PGR. De entrada, 19 estados se encuentran sin oficina de atención a víctimas, pese a que algunos de éstos como Estado de México, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Colima y San Luis Potosí son de los más afectados por la guerra contra el narcotráfico. Consciente de este panorama, Herrerías dice que intentará fundar un centro en cada estado para dar cobertura nacional y bosqueja fórmulas para lograrlo –sin presupuesto–, como pedir al SAE casas decomisadas donde estos centros puedan operar. Asegura que su reto no sólo será fundar centros o contratar y capacitar personal sensible a la problemática, sino también, superar la desconfianza de la gente hacia la atención gubernamental. Promete que los datos se trabajarán de manera confidencial, que no se criminalizará a ninguna víctima ni se le excluirá aunque sea familiar de delincuentes. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Marcos Fastlicht, dice que en los 14 CAV que existen en el país fueron atendidas 2 mil 860 personas el año pasado –una cifra menor para la capacidad instalada– porque la gente no se acerca a la PGR por la mala fama de la dependencia. Según cálculos de Serdán, cada víctima representó un gasto de 4 mil 109 pesos. “No es fácil convencer a las víctimas de que vayan a esos centros de atención (…) nos ha costado trabajo convencerlas de que aunque pertenecen a la PGR van a recibir un trato humano, anónimo, de primera. A la gente le da miedo, y la fama que traía la PGR hasta hace unos años ha sido difícil de borrar”, explica Fastlicht a Proceso. Este empresario fue uno de los sorprendidos por la creación de la nueva instancia y al momento de la entrevista desconocía qué ocurriría con los CAV y su personal. “El anuncio nos tomó por sorpresa (…) No lo vemos mal, si se va a hacer de manera profesional, constante y no como un hecho político electoral. Pero sí quisiéramos saber cómo se va a desarrollar”, dice. Los cuatro años al frente del consejo peleó infructuosamente contra los recortes a la atención a víctimas, pero, según le dijeron, fueron destinados a “los aumentos a seguridad, defensa y Secretaría de Seguridad Pública”. Desconfianza Durante el anuncio de la nueva procuraduría, Calderón reconoció que en las instancias de gobierno las víctimas “enfrentan condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos”, y dijo que Províctimas servirá para evitar esta doble victimización. Sobre este punto, el poeta Javier Sicilia expone: “Como vivimos en un lodo, obviamente la gente no tiene confianza –para acercarse a los centros del gobierno–, las víctimas que hemos recibido son maltratadas por la PGR, por las procuradurías estatales. No sólo se les ha matado o desaparecido un esposo, un hijo, un padre; sus casos son despreciados, se quedan sin seguimiento, hasta se les llega a amenazar y nadie las protege. ¿Cómo van a tener confianza? Por eso necesitamos dotarla de verdaderos instrumentos ciudadanos”. La prioridad de Províctima, según Herrerías deja ver, será la investigación de casos de los desaparecidos, por eso se compromete a hacer una base de datos nacional en la que se allegará información de la SSP, PGR, las procuradurías estatales, la CNDH y las organizaciones que atienden a víctimas. Además, convocará a expertos para diseñar un protocolo de búsqueda y de exhumaciones que se aplique en todos los estados. –¿Y qué ocurrirá en los casos de competencia local, como son la mayoría? –Un abogado nuestro los acompañará. Todos sus ejemplos de cómo actuará la nueva instancia los extrae de cómo operaba la Fevimtra, donde tenía 20 personas a su cargo y comunicación directa con los procuradores estatales. Habla de llevar gente a “refugios”, como se hace con las mujeres maltratadas. Las organizaciones han expresado su temor de que esta procuraduría excluya a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos; pulverice la escasa oferta que brinda el gobierno a las víctimas; no atienda a delitos locales, y sea desmantelada por el próximo presidente. “Esta nueva estructura que están haciendo tomando recursos de todos lados, sin dialogar con la gente que conoce los temas, a la carrera, puede resultar un engendro. Fue una cosa montada sobre las rodillas para tratar de responder a algunas de las demandas del Movimiento por la Paz, para decir ‘esténse en paz’ pensando que con eso resolvían sus demandas”, advierte la economista Clara Jusidman, asesora del movimiento y directora de Incide Social. A pesar de que Herrerías dice que atenderá también a las víctimas de los servidores públicos, aunque en el decreto de creación no se establece una definición de víctima. Otro punto que causa desconfianza es que en el decreto se nombra a Gobernación, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública como los organismos rectores de la Junta de Gobierno de la nueva instancia, y sus titulares como presidentes rotatorios. Incluye también asientos para las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Cuando se le cuestiona la razón de incluir únicamente a las dependencias que manejan los temas de seguridad y sin experiencia en trabajo con víctimas, Herrerías se encoje de hombros: “No la sé, sinceramente” Exclusiones De manera unilateral, el Ejecutivo invitó como consejeros a los ciudadanos Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera, Alejandro Martí y Patricia Caso, los tres primeros empresarios fundadores de organizaciones de víctimas contra el secuestro, y afines a la política de seguridad de Calderón. Aunque al consejo fue invitado el activista Julián LeBarón, como cuota del movimiento de Sicilia, éste rechazó el ofrecimiento. No se convocó a nadie más. Consultado al respecto, Sicilia señala: “Fue una respuesta de parte del presidente al primer diálogo con el movimiento, pero fue unilateral, nos enteramos por el periódico. Nunca se consultó a los expertos del movimiento, tiene graves problemas estructurales, no tiene dinero, está tomando prestado de otras dependencias con cosas semejantes. Tampoco tiene el rango de Estado ni el nivel constitucional que debería tener ni está a la altura de la gravedad del problema nacional”. Durante la inauguración de la dependencia, evento al que no fue invitado Sicilia, sorprendió la postura de Morera, presidenta de Causa en Común, quien planteó: “(Aunque) no tengo duda de que el presidente (Calderón) lo hace lo mejor intencionado, también corre el riesgo de fracasar y quedarse como tantos otros que no nos han generado resultados (...) Sería triste y peor aún, poco ético, que esto se repita con una institución tan importante y sensible como es la procuraduría; para evitarlo, los consejeros tenemos la obligación de ser incómodos, de señalar irregularidades y proponer soluciones”. Sicilia asegura que tiene confianza en Wallace, Martí y Morera, porque son víctimas, personas honestas y saben del dolor, y de la necesidad de justicia. Dijo: “son mi gente de confianza” que deben luchar para que la nueva instancia no se convierta en un maquillaje del problema. “Se necesita el cambio de la estrategia de seguridad por una estrategia de seguridad ciudadana y humana que abone a la paz. Si no, lo que van a hacer es acumular más dolor y más víctimas”, advierte el poeta que encabezó el movimiento más importante de víctimas a partir del asesinato de su hijo en marzo pasado. Tras analizar el decreto, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, asegura que, “con esa medida sacada de la manga”, se corre el riesgo de dividir la procuración de justicia y la atención a víctimas en dos instancias distintas, lo que implicará que las víctimas tengan que recorrer “una ventanilla más”. Y agrega: “Sólo juntaron las oficinas que ya tienen en una instancia, pero eso no va a resolver o mejorar las condiciones de atención. Y el gran pendiente seguirá siendo: ¿qué vas a hacer con todos los casos que sean de competencia local?”. Los retos El primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis García, estimó que la nueva procuraduría enfrentará un reto titánico y necesitará un presupuesto millonario si, como indica el Inegi, al año se cometen 22 millones de delitos y los acumulados en el sexenio calderonista son por lo menos 88 millones. “Su reto es no revictimizar a las víctimas; que sea una instancia eficaz de coordinación de las procuradurías de Justicia del país; que cuando las personas lleguen a solicitar acceso a la justicia y reciban un trato digno basado en estándares internacionales, se les tome la denuncia, se investigue el delito, se les acompañe durante toda la averiguación previa y la consignación de los ofensores ante el juez, hasta que llegue la sentencia que incluya la reparación del daño”, dice. Aunque la CNDH no fue invitada a diseñar la nueva procuraduría, el visitador anuncia que el organismo se dedicará a observar la operación de Províctimas para que no revictimice a la gente y les brinde el acceso a la justicia y la reparación del daño. Por su parte, Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem) de Chihuahua, manifiesta: “La procuraduría es una estrategia de simulación para hacer creer que siguen atendiendo a las víctimas. Es una locura, sin pies ni cabeza, que se hace en tiempos electorales, desde un escritorio, por personas que no han trabajado con víctimas, que ni siquiera las consultaron. Es un borrón y cuenta nueva que aniquilará todo lo que ya había”. Durante el diálogo de Chapultepec, que se desarrollaba el viernes 14, al cierre de esta edición, Calderón aclaró que la nueva procuraduría atenderá a las víctimas de la violencia, sin distingo de los victimarios (e incluso sugirió que se le cambiará el nombre a la dependencia); atenderá a la gente de los estados para verificar que no se le revictimice congelando sus expedientes. Explicó que la dependencia se creó apresuradamente y sin consultar al movimiento porque el tema requería una intervención urgente. Por lo pronto, las personas que llegan a las instalaciones de la procuraduría, ubicada en la colonia Del Valle, en la capital del país, son atendidas por trabajadores sociales que los entrevistan y, según el caso, los canalizan al piso correspondiente donde se ubican las áreas médicas, jurídicas o psicológicas, y áreas de juego para niños mientras sus padres son atendidos. El piso 7 –en el que se atenderán las quejas por desapariciones– aún está deshabilitado. En otro nivel se localizan los trabajadores sociales que atienden la línea directa de atención 01-800-VICTIMA (01-800-842-8462), donde comienzan a recibir muchas denuncias por violencia doméstica. Los albañiles entran y salen con materiales del edificio. Todo huele a pintura. La duda común es cuánto tiempo sobrevivirá Províctimas. La nueva procuradora reconoce que no hay manera de blindarla a los cambios transexenales por lo que señala: “Una ley, aunque la hagamos, es fácil que la tumben. La única forma de convencerlos (de la importancia de la procuraduría) es dando los resultados que la ciudadanía espera”.