Desde 2008 organismos de la ONU han constatado las condiciones infrahumanas en que permanecen recluidos menores infractores en México, sobre todo en Monterrey. También han pedido al Estado mexicano que resuelva este problema. Los centros de reclusión en que malviven estos adolescentes no garantizan ninguna readaptación y únicamente los preparan para ser delincuentes al llegar a la adultez. MONTERREY (Proceso).- En una construcción semejante a una nave industrial viven decenas de menores infractores que cumplen condenas en condiciones infrahumanas, sujetos a torturas y tratos degradantes. Otros se encuentran en instalaciones más apropiadas, aunque carecen de las medidas más elementales de higiene. Son vigilados por custodios con perros y “cuando se portan mal” les propinan golpizas brutales para después incomunicarlos durante un mes en una celda de castigo. Se trata de los tutelares de Monterrey y Escobedo. En ambos centros de reclusión la seguridad es deficiente. El lunes 19 Jayson Alberto y Éric Javier, de 17 años, se evadieron del tutelar de Monterrey aprovechando la media hora diaria de recreo. Con este caso ya suman cinco los escapes de menores ocurridos de julio a la fecha en los centros de internamiento de Nuevo León. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (Cadhac), organismo coordinado por Consuelo Morales Elizondo, documentó que en estos lugares más de la mitad de los internos no sabe por qué está ahí. Puso como ejemplo el caso de un adolescente indígena que no habla español ni entiende por qué está preso. Desde el año pasado el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT) evidenció el trato inhumano que en Nuevo León reciben los menores infractores recluidos en centros que, conforme a la recomendación del organismo internacional, deben ser cambiados por completo o incluso cerrados. Ese documento contenido en el expediente CAT/OP/MEX/R.1 –basado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes– fue recibido por el Estado mexicano el 27 de mayo de 2009, pero declarado bajo reserva por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No fue sino hasta el 24 de marzo de 2010 que organismos civiles consiguieron, vía solicitudes de transparencia, la apertura de ese informe. El SPT quedó “negativamente impresionado” cuando vio lo que ocurre en el Centro de Adaptación de Adolescentes Infractores de Monterrey, donde los integrantes de la delegación “sólo pueden calificar el trato que los menores reciben como cruel, inhumano y degradante”. Luego de describir como “una especie de jaulas” los sitios donde permanecen recluidos los niños, el informe detalla que los miembros de la delegación quedaron impactados al escuchar los relatos de los internos, pues ellos mismos les dijeron que son víctimas de golpizas, vejaciones y amenazas. Lo mismo ocurrió con las menores internas. “Los integrantes de la delegación quedaron profundamente consternados” al saber que ahí ocurrió un aborto seguido de una grave infección por falta de atención médica. Nunca le quisieron proporcionar una prueba de embarazo a la jovencita que lo pidió. Por todo lo anterior, los observadores de la ONU consideraron que ese centro de internamiento es la antítesis del debido trato a menores: “La delegación desea expresar su preo­cupación sobre las condiciones en que se encontraban los menores privados de su libertad en ese centro en el momento en que lo visitó y constató condiciones de trato cruel, inhumano y degradante”, expuso el SPT en la observación 46 de su informe. Clausura Por su parte, Cadhac demostró desde 2008 que en los dos Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores (Ciaai), uno ubicado en Monterrey y otro en el municipio de Escobedo, los jóvenes son víctimas de abusos penitenciarios. Para las muchachas la situación es aún peor. Permanecen 23 horas al día en un espacio de apenas siete metros cuadrados. Sólo pueden salir media hora. Cuando ocurre cualquier insubordinación o desorden, los custodios obligan a los jóvenes a hincarse y pedir perdón. Esto no los libra de recibir una andanada de golpes. De conformidad con el Protocolo Facultativo ya mencionado, el SPT puede visitar centros de detención y hacer recomendaciones a los estados, con el fin de proteger a los presos contra tratos o penas crueles o degradantes, así como para cooperar para la prevención de la tortura en general. Durante su estancia en México, que transcurrió del 28 de agosto al 12 de septiembre de 2008, la delegación del SPT encabezada por Víctor Rodríguez Rescia visitó el Distrito Federal y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca. También se entrevistó con representantes de organismos defensores de derechos humanos públicos y civiles. Por si fuera poco, el organismo de Naciones Unidas señala que las instalaciones son inadecuadas, por lo que es preciso iniciar un proceso a fin de cambiar “de manera drástica y completa” las condiciones del centro de internamiento. De no ser posible la realización de esos cambios, el SPT indica que debe cerrarse el Ciaai. Represalias Un mes después de la visita del SPT, el 13 de octubre de 2008, policías estatales irrumpieron en el Ciaai de Escobedo. Los menores fueron enviados a una celda de castigo. Luego de este incidente un custodio aseguró que había perdido un llavero y acusó a los internos de robo. Se inició una revisión exhaustiva en los dormitorios, donde los custodios prendieron fuego a los colchones, rompieron aparatos eléctricos y arremetieron contra los internos. El gobierno de Nuevo León declaró que se trataba de un motín, por lo que se montó un operativo de policías encapuchados, perros de ataque y equipos especiales para derrumbar un muro y crear un acceso. Entre ruido, gritos y desorden sacaron a los internos de sus celdas. En medio de un aguacero los condujeron al patio. Los obligaron a acostarse boca abajo y permanecieron así durante varias horas, mientras los policías pasaban lista y caminaban encima de ellos. Según la versión ofrecida por Aldo Fasci­ Zuazua, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, un grupo de internos había intentado amotinarse, quemó mantas y colchones y agredió a los guardias. Luego del operativo, Cadhac elaboró un informe acerca de la situación de los menores infractores recluidos en ese lugar. En el documento se indica que 17 menores fueron severamente golpeados y presentaban heridas. En entrevistas que les hicieron por separado la narración de los jóvenes es consistente: no existe ningún elemento para aceptar que la incursión de las fuerzas del orden haya sido propiciada por un disturbio causado por los muchachos. Los dictámenes médicos realizados por el organismo, de los cuales Proceso tiene copia, establecen que además de heridas por tortura, varios de los jóvenes recibieron toques eléctricos en los genitales. Hay imágenes obtenidas por este semanario que muestran los rostros tumefactos de los internos. La actualidad Aunque las conclusiones y recomendaciones del SPT entregadas al Estado mexicano en mayo de 2009 indican su “inmediata aplicación”, las condiciones son las mismas que cuando se realizó la inspección. En 2010, una vez que el informe se hizo público, el gobierno del estado acordó con la Secretaría de Gobernación que capacitaría a su personal. Hasta ahora no se ha hecho nada. La incursión policial del 13 de octubre de 2009 no fue un hecho aislado. De acuerdo con los testimonios, los maltratos son sistemáticos y se han repetido durante las cinco fugas registradas este año. Los organismos defensores de los derechos humanos no han podido ingresar a los centros de reclusión para atestiguar cómo se desarrollan los operativos. A pesar de que las denuncias de Cadhac­ y las recomendaciones del SPT tenían más de un año de haber sido notificadas al gobierno de Nuevo León, el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2010, las autoridades realizaron operativos conjuntos para buscar armas y drogas en los que participaron custodios penitenciarios y policías municipales, quienes golpearon y vejaron a 18 internos. De acuerdo con trabajadores sociales que piden el anonimato, con la radicalización de la violencia en la entidad los Ciaai se han sobrepoblado con adolescentes ingresados por delitos relacionados con delincuencia organizada. Un ejemplo: el lunes 19 el Ejército detuvo a 14 integrantes de una supuesta célula de Los Zetas, de los cuales cinco eran menores de edad. Otro dato revelador: según Cadhac 50% de la población de los Ciaai es femenina. Muchas de esas jovencitas han sido detenidas como parejas sentimentales de presuntos criminales. Las quejas también llegaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sus exhortos han sido insuficientes. Por cierto, el SPT informó que el ombudsman ni siquiera sabía de la existencia de esa instancia internacional. En los operativos mencionados a los jóvenes los amenazaron que si denunciaban les aumentarían las penas. Cuando Cadhac hizo públicas sus denuncias, la secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal emitió comunicados en los que asegura que los custodios fueron atacados por los menores. Los intentos que Cadhac ha realizado para establecer comunicación con el secretario de Gobierno, Javier Treviño, han sido infructuosos. Además de evasivas, este organismo ha recibido burlas, ironías y descalificaciones por parte de funcionarios de la SSP, de donde dependen los Ciaai. Escobedo Mientras el SPT documentó el caso del Ciaai de Monterrey, Cadhac hizo lo propio en el de Escobedo. Este lugar cuenta con celdas de castigo donde se aísla a los internos hasta por un mes. La falta de higiene también fue registrada mediante testimonios e imágenes que muestran la inmundicia que se encuentra en baños, celdas, comedores, pasillos, así como en la cocina. La situación prevaleciente en este Ciaai­ desmotiva a los internos a participar en actividades educativas. Además, se les hacen exigencias escolares que no pueden cumplir por su situación, explica la coordinadora de Cadhac. Aunque sólo hay una cancha deportiva, los internos pueden trabajar en una carpintería o una cartonera donde se les pagan 250 pesos semanales que no pueden usar para solventar sus necesidades ni las de sus familias, ya que el dinero se deposita en una cuenta y se les entrega cuando salen. Los reclusos aseguran que en la enfermería reciben buen trato. Sin embargo, cuando el médico responsable trata de conseguirles medicinas para mejorar las condiciones en que se encuentran ha sido objeto de presiones y malos tratos por parte de la dirección. La coordinadora del Cadhac comenta que más allá de las condiciones de infraestructura, en estos centros de reclusión “más de la mitad de los internos saben que están allí pero no la razón. Por ejemplo, uno de ellos menciona que fue detenido en una esquina con otros dos niños que lograron salir, pero él se quedó y no sabía por qué. Tampoco cuánto tiempo permanecerá ahí. “El recuerdo que quedará en la mente de todos los adolescentes ahí confinados será haber pasado momentos importantes de sus vidas entre rejas, en condiciones más indignas, injustas y humillantes que las que tuvieron fuera y que determinaron que acabaran delinquiendo. De este modo se refuerza una identidad delincuencial y sentimientos antisociales que los llevan a convertirse, cuando llegan a la adultez, en delincuentes irredentos.”