"Los Zetas" muestran el músculo

lunes, 7 de febrero de 2011

En Zacatecas, un ataque de Los Zetas, para reafirmar su primacía ante el nuevo grupo del narco que se hace llamar Cárteles Unidos, contó el martes 1 con el escenario idóneo: la policía de los municipios está inerme y el gobierno priista del estado se la pasa quejándose del caos que le heredó Amalia García. Y el trabajo del Ejército y de las corporaciones federales es como la vida social de la capital zacatecana: ya no se ve.

ZACATECAS, ZAC., 7 de febrero (Proceso).- El despliegue táctico que exhibió el crimen organizado la noche del martes 1 en la zona conurbada de la capital y el municipio de Guadalupe fue iné­dito en el estado: rebasó a las corporaciones policiacas y al Ejército, y dejó a los zacatecanos inmersos en la psicosis. 

Durante casi cinco horas, entre las 20:00 del martes y la 1:00 del miércoles, grupos armados recorrieron la ciudad a bordo de vehículos, y a su paso fueron bloqueando la circulación para salir después por el camino a Cieneguillas, que pasa a un costado del centro penitenciario de igual nombre, del que se fugaron 53 reos con ayuda de Los Zetas en mayo de 2009. 

El primer grupo se enfrentó con policías estatales en una plaza comercial que está a unos metros de la residencia del gobernador, Miguel Alonso Reyes, en el fraccionamiento Bonaterra, de acceso restringido por un enorme enrejado y por vigilantes.

A las puertas de la casa de Alonso Reyes –que andaba de gira oficial en Japón– hay una guardia permanente de dos patrullas con cuatro agentes policiacos. Éstos fueron los primeros que vieron el vehículo estacionado con hombres armados a un costado del acceso a la privada. Se desató la balacera.

De acuerdo con una versión extraoficial obtenida por Proceso, se trató de una demostración de fuerza de Los Zetas ante los retos que desde finales de diciembre de 2010 lanzó, mediante narcomensajes colocados en varios municipios, la nueva organización que se hace llamar Cárteles Unidos, que pretende desplazarlos del estado. En todo caso, los autores de los ataques siguieron tácticas similares a los narcobloqueos y atentados prácticamente simultáneos en Guadalajara y Monterrey.

Este efecto de la guerra federal contra el narcotráfico –la lucha de los grupos entre ellos– desató desde hace unas semanas, en los municipios del sur del estado, una ola de balaceras, secuestros, ejecuciones y levantones de policías municipales, que provocaron miedo y ahuyentaron a los trabajadores migrantes. El martes 1, el impacto llegó hasta la capital zacatecana y su zona conurbada.

Los mensajes atribuidos a Cárteles Unidos no dejan dudas: se dirigen a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca. Así se leyó en una narcomanta colocada el jueves 3 en Juchipila, municipio de la ahora peligrosa región de Los Cañones, en los límites con Aguascalientes y Jalisco: 

Ustedes ya fueron testigos de la muerte y masacre de gente inocente que hicieron los Zetas. La guerra es con nosotros, Lazcano, no con las familias ni gente inocente. Pelea como los hombres. Atentamente cárteles unidos.

Inermes ante el narco 

El 23 de diciembre se realizó una posada en un galerón del municipio de Calera, con capacidad para 2 mil personas. Participaron habitantes de ese municipio al norte de la capital, así como de Jerez, Morelos, Pánuco y Fresnillo. El anfitrión: Heriberto Lazcano en persona. 

La invitación corrió de boca en boca y el lugar se llenó. Los accesos a la ciudad fueron controlados por la organización de El Lazca y él repartió aguinaldos y regalos antes de retirarse con su gente.

El último día del año fueron colocadas varias mantas en localidades de Zacatecas y Nuevo León. En las de aquí se anunció la incursión de los Cárteles Unidos o Nueva Federación, cuyos integrantes, supuestamente decepcionados por “el comportamiento e ideologías” de la alianza anterior, conformada por los cárteles de Sinaloa y del Golfo con La Familia Michoacana, decidió encargarse de erradicar a Los Zetas de la entidad.

El 14 de enero, justo el día que se abatió una intensa balacera cerca de una clínica en la cabecera de Jalpa, en la fachada del Palacio Municipal fue colgada otra manta con una especie de manifiesto:

Comunicado a toda la ciudadanía: 

No nos confundan con Zetas, nosotros no matamos niños, familias ni gente inocente, tampoco cobramos cuotas ni secuestramos, mucho menos venimos a pelear con el Gobierno, venimos a regresarle al Estado la paz y tranquilidad. Dénos la oportunidad de demostrarles que queremos cuidar la ciudadanía, venimos por Los Zetas, no por gente inocente. Ya estamos en todo el Estado… Ya basta de injusticias.

En entrevista con Proceso, el procurador Arturo Nahle García explica que la nueva organización delictiva ha dado muestras claras de su presencia en la región conocida como Los Cañones, que abarca ocho municipios del sur y sus colindancias con Jalisco y Aguascalientes, por lo que los gobiernos de las tres entidades decidieron convocar a sus equipos de seguridad a dos reuniones de coordinación, que se efectuaron el martes 1 y el jueves 3 en Guadalajara y en la capital aguascalentense. 

En las últimas dos semanas fue levantado un número aún indeterminado de policías municipales de esta zona; algunos siguen desaparecidos, otros optaron por renunciar, dado que se sienten inermes ante la imparable expansión del crimen organizado.

El alcalde de la capital, el empresario priista Arnulfo Rodríguez Reyes, enfatiza la vocación preventiva de las policías municipales –“porque así nos lo marca la ley”– y confirma su situación: “No hay con qué enfrentar a esos criminales”.

En el operativo del martes 1, la policía de la capital zacatecana se limitó a patrullar algunos puntos y mantenerse comunicada con la policía estatal, la Federal Preventiva y el Ejército. En el vecino municipio de Guadalupe ni siquiera eso: los preventivos del turno y el director se encerraron, según contó un funcionario del estado a la reportera.

El presidente municipal Arnulfo Rodríguez exhibe las carencias que encontró en septiembre del año pasado, cuando asumió el cargo: se encontró con que sólo había ocho patrullas, de las cuales cuatro eran rentadas por la administración anterior (del PAN) y debieron entregarse. Además, dice, “no había balas, (sólo) unas pocas armas largas, sin patrullas. Y encontramos al municipio en quiebra, endeudado”. 

Apenas se está adquiriendo equipo y capacitación. Pero ante el planteamiento que el gobierno del estado ya hizo para conformar el mando único de la policía, el alcalde expresa sus dudas: “No tenemos toda la información, no se han acercado a explicar los detalles; y si nos van a quitar el mando y tendremos que seguir pagando, pues eso sería violatorio de nuestra soberanía. Tenemos muchas dudas”.

Por otra parte, él también insiste –igual que el secretario de Gobierno, Esaú Hernández Herrera, y el procurador Nahle, entrevistados aparte– en que sin la ayuda federal no se puede: “Coordinación es la palabra clave”.

Rodríguez Reyes vivió en carne propia una persecución a su familia en 2009, cuando era diputado local y se enfrentó desde la tribuna con el gobierno de Amalia García al cuestionar su intención de darle un fin distinto al impuesto sobre la nómina que recaudaría el estado.

“En esos momentos, mi familia viajaba a Aguascalientes a un evento y comenzaron a perseguirla; llamaban a mi esposa y le decían que habían secuestrado a mi hijo. Afortunadamente, al entrar a Aguascalientes el gobernador nos apoyó y les dieron protección”, cuenta el alcalde.

Incluso tuvo que enviar a su esposa e hijos a Estados Unidos un tiempo. En el Congreso local señaló a la gobernadora como responsable en caso de que algo le sucediera a él o a su familia. Aquella presión, dice, “fue porque yo apretaba en tribuna al gobierno de Amalia García, y ellos actuaban de esa forma conmigo”.

Ahora, como presidente municipal, expresa su preocupación por la capacidad de reacción necesaria ante los grupos del narco y también por los problemas que implican para la imagen de la ciudad los bloqueos y las balaceras de aquel martes. “Espero que las cosas cambien. Zacatecas ha sido siempre un estado tranquilo, (aunque) tenemos estos eventos que debemos de empezar a cambiar…Yo digo que no todo está perdido, algo se puede rescatar”. 

No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, la percepción de la violencia por los zacatecanos se incrementó en ocho puntos entre marzo de 2009 y agosto de 2010. Los hechos difícilmente la desmentirán:

El jueves 3, en Jalpa y Juchipila, aparecieron nuevas mantas de Cárteles Unidos retando a Heriberto Lazcano. También se supo que el martes de los narcobloqueos fue secuestrado uno de los más importantes empresarios chileros de Fresnillo, Juan Carlos Guardado, quien fue alcalde interino en sustitución de David Monreal Ávila e integrante de su clan. 

Desolación

 

En la supuesta “exhibición” del crimen organizado el martes 1 en Zacatecas falleció un teniente coronel retirado que laboraba en la policía estatal y fueron heridos cinco agentes y dos civiles, entre éstos un menor de edad. 

El único sospechoso detenido por estos ataques fue entregado a la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado, cuya titular guardó el acostumbrado silencio. Al día siguiente, un sicario fue herido en el enfrentamiento junto a la casa del gobernador y murió al día siguiente. 

En esta zona se ubican un edificio de consultorios médicos, una ludoteca y guardería infantil, oficinas de mensajería y otros establecimientos. En el pavimento quedaron manchas de sangre, parabrisas en añicos, casquillos y algunas armas largas; en las paredes, puertas y ventanas de los negocios, perforaciones de bala. 

A lo largo de la avenida García Salinas, la vialidad principal que comunica a la capital zacatecana con el municipio de Guadalupe, esa primera noche de febrero, los automovilistas se fueron encontrando camionetas y autos compactos que fueron arrebatados a sus dueños para obstruir el paso a los vehículos de la policía estatal y del Ejército.

Para cualquiera que circulara por la avenida en esa hora pico –en la cual muchas personas que trabajan o estudian en la capital regresan a sus hogares en Guadalupe– era imposible evitar los bloqueos. En esa vialidad los comercios, las tiendas departamentales y los cines de un centro comercial alojaban aún a cientos de clientes, que estaban tirados en el piso, aterrorizados.

Al siguiente día, los habitantes de las dos ciudades se encerraron a piedra y lodo, no fueron a trabajar ni llevaron a sus hijos a la escuela. Si acaso, algunos acudieron a las oficinas unas pocas horas, hasta media tarde, cuando el pánico generalizado –que encontró su desahogo en redes virtuales como Facebook y Twitter– obligó a sus jefes y patrones a darles la salida.

El miércoles 2 no pasaban de las 15:00 horas cuando hasta el tradicional café Acrópolis, núcleo de la clase política en Zacatecas, había cerrado sus puertas, lo mismo que las tiendas Oxxo y Extra. Fue una tarde absolutamente desolada. “Es el grado mayor del miedo”, explicaba un psicólogo en la mañana del jueves 3, entrevistado en la radio local.

El gobierno estatal, con el gobernador Alonso Reyes ausente, no pudo atajar este efecto y quedó rebasado. No sólo le faltaron elementos e infraestructura para enfrentar al crimen organizado, sino que, sumido en la crisis que dice haber heredado de la administración anterior, también se vio abrumado por la superioridad informativa de las redes sociales en internet.

Apenas una semana atrás se había anunciado el arribo de efectivos de la Policía Federal Preventiva, a petición del gobernador Alonso Reyes, para vigilar las carreteras federales que atraviesan el territorio zacatecano, donde se dispararon los robos al autotransporte y los levantones. 

Un avión de la PFP llegó, en efecto, al aeropuerto local, pero en vez de los 250 agentes de los que informaron los medios locales, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sólo envió a 70. 

“Claro que no son suficientes. Es un primer acuerdo y vendrán más”, aseguró el secretario de gobierno, Esaú Hernández, entrevistado el martes 1, una hora antes de que se desencadenara la violencia en la capital y su zona conurbada.

En esos momentos se percibía tensión porque al mediodía se supo de la aparición de dos cartulinas con la advertencia de que la población se quedara en casa por la tarde. La existencia de estos mensajes siempre se negó oficialmente, pero en la conversación el secretario de Gobierno admitió la gravedad del problema:

“La presencia evidente de la delincuencia organizada en el estado, como se sabe, se constata a partir de 2006. Entonces debieron instrumentarse una serie de medidas que no se pudieron realizar o no se quisieron realizar. Y cuando se toma el gobierno en septiembre, era evidente que existía un problema que era necesario reconocer y atacar, con base en la prevención, los sistemas de inteligencia y la contención”, dijo el funcionario.

“Lo estamos reconociendo y estamos haciendo nuestra chamba”, agregó, aunque “partiendo de cero”, pues no se encontró un programa de seguridad estatal elaborado por el gobierno de Amalia García, y sí una policía estatal “con mecanismos de selección dudosos, insuficientes elementos, ineficaz para tener una red efectiva en el estado”.

A cambio, el secretario aceptó lo que horas más tarde quedaría plenamente corroborado: el gobierno va rezagado incluso respecto de la sociedad, que se avisa de las balaceras a través del Twitter y difunde sus versiones, ciertas o no.

“En la capital, todos los días recibimos llamadas con amenazas de bomba, todos los días. Sólo una vez encontramos un tubo con algo de material explosivo… y en la zona de Los Cañones sé de algunas localidades donde la gente procura recogerse a sus casas temprano, pero no es una recomendación gubernamental, sino la percepción de la ciudadanía.”

En una conferencia de prensa, el miércoles 2, el vocero gubernamental, Mario Caballero, acusó a un exfuncionario de la administración de Amalia García de hacer circular rumores en las redes sociales. 

“Esto sí nos parte el queso”, le comentó a Proceso el procurador Arturo Nahle García el mismo miércoles. Después esta conferencia de prensa trató de frenar el brote de pánico que suscitó entre los zacatecanos la información compartida en las redes virtuales. Nahle se quejó de que había una “campaña perversa” para generar psicosis, y aunque aseguró que no quería minimizar lo ocurrido, pidió: “Tampoco hay que magnificarlo”.

En el noticiario vespertino de la cadena radiofónica local Stéreo Plata le llovieron reclamos de radioescuchas. “¿Usted me garantiza que puedo llevar a mi hijo a la escuela y no pasará nada? ¿Me lo garantiza?”, le preguntaron al funcionario.

El resto de la semana varias escuelas siguieron registrando un elevado ausentismo y algunas instituciones educativas privadas de plano acordaron con los padres de familia la suspensión de actividades, pese a que la Secretaría de Educación del estado amenazó sancionar a los planteles que incurrieran en ello.

Qué decir de la otrora dinámica vida nocturna en la capital estatal: de 2008 a la fecha, cuando se consolidó el dominio de Los Zetas, se fue reduciendo paulatinamente hasta quedar en su mínima expresión: cero.

Comentarios