El desastroso legado del gobernador Andrés Granier

sábado, 8 de diciembre de 2012
Hace medio año estalló el escándalo de los funcionarios tabasqueños del sector salud que despilfarraban el dinero público en los casinos de Las Vegas. Pero ese fue apenas un atisbo del cochinero en el que se había convertido el gobierno tabasqueño del priista Andrés Granier. El próximo 1 de enero Arturo Núñez Jiménez tomará posesión como gobernador y se enfrentará a una administración corrompida hasta la médula y endeudada hasta niveles difíciles de manejar. Núñez se ganó el tigre en la rifa. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El escándalo estalló el pasado junio. Mientras el sector salud de Tabasco estaba en crisis, los medicamentos escaseaban y el equipo hospitalario se caía a pedazos, sus directivos se paseaban en Las Vegas y dilapidaban cientos de miles de pesos en las mesas de juego. Ahora, en vísperas del cambio de administración, el gobernador priista Andrés Granier deja un hoyo de mil 200 millones de pesos asignados a este sector y que fueron saqueados de programas vitales para los tabasqueños. Pero éste no será el único problema que tendrá que afrontar y resolver el próximo gobernador, el perredista Arturo Núñez Jiménez, quien tomará posesión el próximo 1 de enero. Encontrará en situación crítica la seguridad, la educación, el transporte además de una abultada deuda pública que le heredará Andrés Granier. Por ejemplo, mientras Tabasco ocupa el segundo lugar nacional en presupuesto per cápita para seguridad –detrás del Distrito Federal– en los últimos dos años todos los delitos se han disparado en la entidad: el secuestro creció 178% y los robos y homicidios, 50%. El tema de la deuda pública es preocupante. Mientras en 2006 el gobernador Manuel Andrade la dejó en unos 450 millones de pesos, seis años después Granier la puso en más del mil 800 millones, según datos oficiales. Pero este monto sube hasta 4 mil 500 millones si se toman en cuenta los financiamientos de corto plazo y otros pasivos, como los de la seguridad social. La pobreza es otra herencia de Granier. Además de haber recortado hace dos años los programas sociales de ayuda a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, el reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que 57.2% de la población tabasqueña está en situación de pobreza; en 2008 ese indicador era de 53.8%. Es decir: 112 mil nuevos pobres en cuatro años. Otro dato: De acuerdo con el Coneval 700 mil tabasqueños padecen hambre ya que a 33.3% de la población no le alcanzan sus ingresos para una canasta alimentaria básica. Aunado a esto, en el reporte de mayo pasado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tabasco está entre los 10 estados con mayor desempleo con una tasa de 5.79%, apenas por arriba de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. La herencia de Granier va más allá de los indicadores sociales. Documentos oficiales –de los que Proceso tiene copias– prueban la gran corrupción que campea en la mayor parte de la estructura de gobierno y afecta programas básicos de salud, educación, seguridad y transporte, cuyos responsables han desviado recursos millonarios. De fraudes y desfalcos A principios de año los diputados perredistas Rafael Elías Sánchez y Juan José Peralta Fócil presentaron una denuncia ante la procuraduría estatal por presunto desvío de 175 millones de pesos contra el exsecretario de Salud Luis Felipe Graham Zapata, quien solventó una serie de irregularidades quitándole dinero a 19 programas y a los hospitales de Salud Mental, infantil Rodolfo Nieto Padrón, de alta especialidad Juan Graham Casasús, al Gustavo Rovirosa Pérez y al de la Mujer. Con estas medidas –aprobadas por las secretarías de Finanzas y de Planeación– la dependencia logró recuperar 96 millones de pesos pero quedaron sin solventar 78 millones. Graham Zapata fue acusado de ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones, peculado y tráfico de influencias. El pasado junio el periódico tabasqueño La Verdad del Sureste publicó una foto que causó revuelo en la entidad. Adalberto Vázquez, administrador de la Secretaría de Salud aparecía con otro grupo de tabasqueños en el centro nocturno Pure del hotel Cesar’s Palace en Las Vegas, del que es visitante frecuente. En la nota se decía que mientras en los hospitales del sector salud se carecía de medicamentos y equipos para atender a los tabasqueños, Vázquez “se da la gran vida con parrandas de varios días en los hoteles más lujosos de Las Vegas”. El martes 4 Vázquez fue suspendido provisionalmente por la Contraloría estatal por “no presentar en tiempo y forma estados financieros como lo marca la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental”. Pero detrás de esta suspensión viene una investigación acerca de mil 200 millones de pesos de recursos federales no ejercidos de 2007 a la fecha que no fueron devueltos y sobre los que –según informes oficiales– se analiza “una posible desviación”. En los documentos que se tienen a la mano se advierte que para cubrir una parte de este monto rezagado y que nunca se regresó a la federación durante los 15 días siguientes de cada ejercicio fiscal –como marca la ley–, el pasado 27 de agosto Vázquez solicitó al Comité de Financiamiento del gobierno estatal una ampliación de los recursos por 750 millones de pesos para el pago de pasivos, indemnizaciones y liquidaciones y a proveedores. Además de Vázquez Gómez también estarían implicados Graham Zapata –quien en 2011 renunció a la Secretaría de Salud de Tabasco para buscar la candidatura gubernamental– y los secretarios de Administración y Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda y el de Planeación, Gustavo Jasso Gutiérrez quienes autorizaron las solicitudes de ampliación de presupuesto. También, por encubrimiento, el actual titular de Salud, Carlos M. de la Cruz Alcudia. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1884, ya en circulación)  

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