Los "criminales" de Córdoba

miércoles, 16 de enero de 2013
La ejecución de cuatro habitantes de Ixhuatlán a manos del Ejército en Córdoba, Veracruz, se perfila como un nuevo caso de prepotencia e incompetencia criminal de las Fuerzas Armadas dedicadas al combate al narcotráfico. Las versiones de los hechos son contradictorias, pero hay indicios de que los cuatro asesinados eran civiles inocentes a quienes los soldados les habrían sembrado armas para cubrir su falta. Las viudas de Ixhuatlán dan su versión a Proceso y exigen que una investigación imparcial limpie el nombre de las víctimas. IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VER. (Proceso).- Del coraje y la tristeza, las viudas de los cuatro hombres asesinados por militares la noche del pasado 28 de diciembre en los alrededores de la funeraria Vélez, en Córdoba, Veracruz, pasan a la indignación y el miedo, toda vez que, según el Ejército y el gobernador Javier Duarte, eran sicarios que pretendían rescatar el cadáver de Ángel Enrique Uscanga, El Pokemón, líder zeta en la entidad. Son Eva Piña Teodoro y Gabriela Piña, viuda y media hermana, respectivamente, del mecánico Jesús Juárez; Patricia Velázquez, viuda de Luis Vargas Piña; y Javiera Vidal, viuda del taxista José Raúl Fernández Ortiz. La cuarta víctima del 28 de diciembre fue Ángel Piña Teodoro, hermano de Eva, jardinero con empleo temporal en Cleveland y plomero en sus cuatro meses de asueto anual en Ixhuatlán del Café. Ellas le temen a los soldados y a la posición del gobierno de Duarte, quienes insisten en que los cuatro asesinados “eran sicarios de Los Zetas”. “Más de mil personas en el pueblo nos acompañaron al sepelio de nuestros esposos. El respaldo fue popular. Sabían que nuestros maridos eran gente de bien, que iban al día en la manutención del hogar y que siempre estuvieron limpios, no andaban en malos pasos”, indican. “Tenemos miedo, pero no nos podemos quedar así. Queremos que se limpie el nombre de nuestros maridos”, dice Eva Piña y agrega que piensan demandar al Ejército y acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ya recurrieron a la Comisión Estatal y ahí les dijeron: “Vemos difícil que se les haga justicia”. El pasado sábado 5 la Procuraduría General de la República (PGR) envió a un grupo de peritos para realizar una inspección frente a la funeraria Vélez, en Córdoba, donde la noche del 28 de diciembre se desató la balacera en la que perdieron la vida los cuatro presuntos sicarios. La inspección duró dos horas y media, fue realizada en total hermetismo y estuvo custodiada por patrullas de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. También la Procuraduría General de Justicia Militar tomó cartas en el asunto: El martes 8, representantes de esa dependencia visitaron el Centro de Atención Ciudadana para tomar declaración a los oficiales de la Dirección de Tránsito que estuvieron presentes el día del cuádruple asesinato, reportó el periódico El Mundo, de Córdoba. Juan Vidal, suegro de José Raúl Fernández –El Pinky, como lo conocían los 25 taxistas de Ixhuatlán del Café–, demanda que el gobernador Duarte se retracte y pida una disculpa pública por insistir en que el esposo de su hija y sus amigos eran “delincuentes”. “Él es el gobernador. Tiene que exigir una investigación; que envíe una comisión a indagar, a preguntar casa por casa en Ixhuatlán, a todo el mundo. En el pueblo conocían a los muchachos, eran gente de bien, apreciados por la comunidad”, expresa. Ixhuatlán del Café es un pequeño municipio de no más de 20 mil habitantes repartidos en 30 congregaciones. Aunque se encuentra cerca del corredor industrial Córdoba-Orizaba, es una localidad que sólo vive de la siembra y corte de café en la alta zona central montañosa de Veracruz. Esta cabecera municipal se sacudió el 29 de diciembre cuando en los periódicos locales se publicó que cuatro zetas habían sido muertos por el Ejército luego de intentar el rescate del cadáver de su líder, El Pokemón. Aunque en los medios no se consignaban los nombres de los presuntos delincuentes, los cafetaleros reconocieron a sus vecinos por las ropas y los rostros. En la esquina del Palacio Municipal está el sitio de taxis. Ahí se reúnen los choferes, quienes señalan que tenían años de conocer a José Raúl, El Pinky, y a Jesús Juárez, Luis Vargas y Ángel Piña, a quienes les gustaba “echarse sus cervezas y copas”, pero que nunca se habían metido en problemas.   “¡Vienen limpios!”   Las viudas señalan varias irregularidades e inconsistencias en la investigación ministerial 173/2012/111 y en el oficio 7912 de la Procuraduría General de Justicia del Estado enviado a los Servicios Periciales de la procuraduría estatal. Dicen que nunca se llevó a cabo la prueba de rodizonato de sodio para saber si en verdad sus familiares dispararon y que los vecinos de las calles 5, 6 y 8 de Córdoba –las que rodean la funeraria– afirman que jamás encontraron casquillos de bala en el lugar desde el cual supuestamente le habrían disparado al retén del Ejército. “Hay un taxista y un vecino que tienen miedo de declarar, temen represalias de los soldados, pero nos aseguran que hubo dos balaceras con un minuto de diferencia. En la primera se dispararon 30 balazos”, explica Eva Piña. Una de sus sobrinas la interrumpe y consigna que al término del primer tiroteo se escucharon voces de los vecinos: “¡Ya párenle, no traen armas, vienen limpios!”. Entonces un militar gritó: “¡Continúen, hay que acabar con esto!”. Acto seguido vino la segunda lluvia de balas con más de 100 detonaciones. Eva y Gabriela Piña señalan las incongruencias que revelan las fotografías publicadas por medios locales y que dan pie a sospechar de un montaje: No conciben cómo José Raúl, el chofer del taxi que supuestamente venía a alta velocidad, quedó con medio cuerpo fuera del vehículo. En las fotografías, junto al cuerpo de José Raúl hay un arma larga, aparentemente un fusil AK-47. Tampoco conciben cómo otro de los cadáveres, el de Jesús Juárez, junto al cual había una pistola, quedó afuera del vehículo en el que supuestamente viajaba. “Es obvio que sembraron armas y alteraron evidencias”, expresa uno de los familiares. El jueves 10, en el municipio de Boca del Río, el comandante de la VI Región Militar, Carlos René Aguilar Páez, descartó que el Ejército “siembre armas”. “Entiendo que las familias tienen todo el derecho a limpiar los nombres de sus seres queridos; lo que hay que decir es que debemos atenernos a lo que digan las pruebas”, señaló. Por ello las viudas de Ixhuatlán del Café viajaron el pasado lunes 7 a Xalapa para presentarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en el Congreso local, y solicitar apoyo en su lucha por “limpiar el nombre de sus maridos”. Además, asesoradas por abogados del ayuntamiento de Ixhuatlán, solicitan una indemnización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues aseguran que sus maridos eran hombres humildes que con dificultades llevaban la manutención del hogar y que incluso “ni armas sabían usar”. “Exigimos una investigación a fondo que revele que los agredidos no eran delincuentes; solicitamos la intervención del gobernador, Javier Duarte de Ochoa, para el esclarecimiento del caso. No venimos a decir que los muchachos eran buenos o malos, sólo pedimos que se investigue este caso hasta sus últimas consecuencias, porque nuestros familiares ese día salieron de Ixhuatlán hacia Córdoba para comprar refacciones automotrices. No se vale que estén diciendo que eran sicarios”, señalaron las viudas, quienes agregan que piensan llegar hasta las últimas consecuencias.   Precariedad económica   Los asesinatos de José Raúl Fernández Ortiz, de 28 años; Jesús Juárez y Luis Vargas Piña, de 37; y Ángel Piña, de 32, han dejado a siete niños huérfanos y a tres viudas. “No eran sicarios”, “no merecían morir”, “queremos que se limpie su nombre”, “queremos que se nos haga justicia”, repiten una y otra vez sus familiares. Javiera Vidal muestra su vivienda en El Crucero, una congregación a ocho kilómetros de la cabecera municipal de Ixhuatlán. El mayor lujo es un piso de concreto, el resto es de láminas, madera y plástico. Adentro hay un pequeño anafre, una sola cama y utensilios de poco valor. “¿Cómo quieren que creamos que mi yerno era sicario? Mire cómo vivía con mi hija. Claro que José Raúl no andaba en malos pasos, estaba limpio, nosotros tampoco tenemos nada que esconder, aquí vamos a seguir”, insiste Juan Vidal, suegro de El Pinky. Eva Piña dice que aunque su marido, Jesús Juárez, le dejó el pequeño patrimonio de una modesta refaccionaria, su responsabilidad es grande pues ahora ella tendrá que mantener a sus cuatro hijos. Las viudas de Ixhuatlán del Café ahora temen por la repercusión psicológica en sus hijos, porque en la televisión y en los periódicos los comunicados gubernamentales aseguran que sus padres eran delincuentes. “A mi hijo ya le hacían burla en la escuela, que su casa es muy fea. No quiero ni imaginar qué van a decir ahora en el regreso a clases; no faltará el niño que quiera bromear con lo que ha salido en los periódicos”, expresa Patricia Velázquez. En el panteón municipal las tumbas de los cuatro están llenas de flores. El único momento en el que las viudas dibujan media sonrisa es cuando aluden a que los “difuntos eran muy estimados en el pueblo”. De las cuatro mujeres sólo Patricia trabaja cortando café; el resto son amas de casa que apenas terminaron la primaria o en el mejor de los casos la secundaria. En voz de Eva y de Javiera, una opción futura para dar sustento a sus hijos será convertirse en sirvientas.   “Son delincuentes”: Duarte y Ejército   El miércoles 9 alrededor de 500 personas marcharon en Ixhuatlán para protestar contra los militares. “No merecían morir”, “no eran sicarios”, se leía en las pancartas que llevaban amigos y parientes de los asesinados. Los manifestantes censuraron también el hecho de que la Sedena y la PGJE hayan difamado a las víctimas boletinándolas como delincuentes. Y es que el 29 de diciembre la PGJE informó en un comunicado: “Fuerzas del orden repelieron una agresión y abatieron a cuatro delincuentes, quienes intentaban sustraer el cuerpo de Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón, identificado como líder del grupo delictivo en la región”. En esa misma tesitura, el gobernador Duarte afirmó que las cuatro personas ejecutadas por militares en la avenida 5, entre las calles 6 y 8 de la ciudad de Córdoba, eran delincuentes. Entrevistado por la prensa local en el municipio de La Antigua, Duarte desdeñó la protesta de familiares y amigos de las cuatro víctimas: “Tenemos el reporte puntual; ya expresé lo que sucedió y eso es el tema fundamental. Habrá otras voces que digan otras cosas”, justificó. Notas de la prensa local y testigos aseguran que la noche del enfrentamiento el taxi, cuyos tripulantes al parecer acababan de salir de un bar, habría atropellado a un motociclista en la esquina de la avenida 5 y la calle 4, por lo que el chofer intentó escapar sin percatarse de que el sitio estaba acordonado por militares. Además, en el asiento trasero del taxi había latas de cerveza. No obstante no hay ningún dato oficial que confirme la existencia de ese supuesto motociclista atropellado. Esto contrasta con el comunicado gubernamental en el que se asegura que el enfrentamiento ocurrió cuando “sujetos armados dispararon desde un vehículo contra agentes del orden que resguardaban las instalaciones donde se encuentran los cuerpos de cinco supuestos delincuentes abatidos durante un operativo realizado el pasado jueves 27 de diciembre”.   Violencia en Córdoba   Esta zona montañosa no es ajena a la violencia. Apenas el miércoles 2 la comandancia de policía del municipio de Orizaba fue tiroteada, confirmó el alcalde Hugo Chahín, quien además se quejó de que cuatro uniformados fueron golpeados por los hombres armados, que robaron varios cargadores. “Ya investigamos, basados en un análisis de videos, para tratar de saber quiénes y por qué se perpetró esa agresión que desde luego nos preocupa, pues Orizaba es una ciudad tranquila, y que esto nos llegue a manchar tantito no nos tiene nada contentos”, expresó. Extraoficialmente circuló la versión de que los autores de la agresión habrían sido militares en represalia porque habrían descubierto a los policías municipales seguirlos en sus actividades y recorridos. Estos datos no fueron confirmados por Chahín. Apenas en noviembre pasado Proceso (número 1881) publicó un expediente con las declaraciones de tres presuntos integrantes de Los Zetas –Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango– que hablan de una red de complicidades de ese grupo criminal para operar a sus anchas en Córdoba. En esa red, de acuerdo con lo declarado por los tres detenidos por la Marina, hay empresarios, políticos y funcionarios de la PGJE.

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