La entrega de Michoacán a los cárteles

sábado, 9 de noviembre de 2013
Un legislador federal entregó en 2006 al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, un documento que de haber sido atendido podría haber desactivado la narcoviolencia en Michoacán. Elaborado por ciudadanos que investigaron a varios de los principales jefes locales del narcotráfico, el escrito revela los domicilios de los criminales, los lugares de acopio de armas y drogas, sus casas de seguridad, empresas, hoteles y haciendas, así como los nombres de altos jefes policiacos sobornados. Pero, dice el ahora exlegislador en entrevista con Proceso, las autoridades “no les pusieron un hasta aquí y los dejaron crecer...” MÉXICO, D.F. (Proceso).- A fines de abril de 2006 el titular de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, recibió una denuncia detallada de las propiedades y movimientos de los principales jefes del crimen organizado en Michoacán. Aunque se trataba de un documento de nueve fojas elaborado colectivamente por ciudadanos del estado, al calce aparecían el nombre, firma y teléfono de un responsable. En el texto –dirigido al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos– se proporcionaban los nombres de varios líderes locales del narcotráfico con sus domicilios, casas de seguridad, empresas y hoteles, placas de sus vehículos y hasta números telefónicos mediante los cuales podían ser investigados para aprehenderlos. La finalidad de los ciudadanos desesperados por la violencia era liberarse del yugo de los criminales y decían esperar que fuera “de utilidad esta información y así nos ayuden a vivir tranquilos sin temor a ser asesinados por esos delincuentes”. Fue un legislador federal quien entregó dicha denuncia –cuya copia tiene Proceso– a Santiago. Entrevistado por este semanario refiere que al pedirle firmar de recibido el subprocurador se negó, pues el escrito lo comprometía. Seguro de que la atención a la denuncia pudo haber atajado la situación de caos que hoy vive Michoacán, el exlegislador federal narra a Proceso el encuentro con Santiago, pero pide omitir su nombre por temor a represalias y porque vive exactamente en el corazón de la zona michoacana en conflicto. El entonces titular de la SIEDO, cuenta el exlegislador, “no quiso darse por enterado oficialmente. Por eso no firmó. Si firmaba, se hacía responsable de que eso existía y no quiso. Unos meses después surgió públicamente La Familia y se dio a conocer en La Voz de Michoacán. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1932, ya en circulación)  

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