Los opositores al gobierno de Cristina Fernández se dicen sorprendidos por su manera de confrontarse con poderosos sectores. Ya no sólo cuenta entre sus adversarios a los dueños del Grupo Clarín, a quienes afectó con la promulgación de una Ley Antimonopolios; ahora se ganó la enemistad del sector más concentrado de la oligarquía terrateniente aglutinada en la Sociedad Rural Argentina. La razón: el Poder Ejecutivo pretende, con poco éxito hasta ahora, como lo atestiguan los fallos judiciales, arrebatarle un predio que le vendió en tiempos de Carlos Saúl Menem por 30 millones de dólares y cuyo valor real podría llegar a los 300 millones. BUENOS AIRES.- El gobierno de Cristina Fernández sufrió un revés en la disputa con su nuevo enemigo declarado: la Sociedad Rural Argentina (SRA). El 7 de enero último, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal reconoció a la SRA como “propietaria” del predio donde realiza sus muestras ganaderas desde 1878. El Estado se lo vendió en 1991 mediante un decreto del entonces presidente Carlos Saúl Menem por 30 millones de dólares pagaderos en 12 años. El pasado 19 de diciembre el gobierno declaró nula esa venta mediante otro decreto en el cual se arguye el “precio vil” pagado por el predio, y que el saldo de la operación permanece insoluto hasta la fecha. El centro de exposiciones conocido como La Rural simboliza el poder de la oligarquía terrateniente. Ocupa 12 hectáreas en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Buenos Aires. El fallo de la cámara rechazó la pretensión del Ejecutivo de recuperar la propiedad del terreno y dejó sin efecto el plazo fijado a la SRA para que lo abandonara. “El Estado nacional carecería, en principio, de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de 20 años por un acto unilateral”, se lee en la resolución. “Aun cuando el precio hubiera sido ‘vil’, como el Poder Ejecutivo sostiene, el Estado debería recurrir a la vía judicial para dejar sin efecto el acto que considera lesivo”, precisa el fallo. Desde hace años el juez federal Sergio Torres investiga las irregularidades en la venta del predio. Tanto funcionarios públicos como dirigentes de la SRA están sujetos a proceso en el marco de esta causa. En opinión de Torres, se sustrajo el inmueble del patrimonio estatal mediante la maniobra de asignarle un valor muy por debajo del real. El enfrentamiento del gobierno con la oligarquía rural se añade al que desde 2008 mantiene con el Grupo Clarín. A instancias del oficialismo, en enero de 2009 se sancionó una ley para combatir a los monopolios en el ámbito de los medios audiovisuales. Su aplicación plena obligaría a la empresa multimedios más importante de Argentina a realizar una desinversión drástica. El Grupo Clarín ha postergado esta amenaza mediante recursos judiciales. Las causas que involucran al Clarín y a la Sociedad Rural, ambas de alto voltaje político, deben ser resueltas por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Según el gobierno, este organismo “favorece a las corporaciones”. Por su parte los grandes medios celebran la falta de ductilidad de estos jueces frente a las imposiciones del Poder Ejecutivo. En el caso del Clarín, el gobierno recusó y denunció penalmente a varios jueces por la supuesta aceptación de dádivas. Tras el fallo favorable a la SRA, el pasado 9 de enero, el gobierno recusó a la totalidad de los jueces de la cámara. Además, solicitó que la causa pase al fuero contencioso administrativo. Sin embargo, el 24 de enero último la Sala de Feria de esa cámara desestimó las recusaciones masivas del gobierno, así como el cambio de jurisdicción solicitado. “La cámara que mantiene suspendida desde hace cuatro años una ley del Congreso debía resolver sobre el decreto que revocó la venta a precio vil –impago además– de La Rural”, escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero. Y añadió: “Al final, ¿cómo falló? ¿A favor del Estado o de la Sociedad Rural Argentina? A favor de las corporaciones, siempre”. En otro twitt la presidenta externó: “Eso no es inmunidad judicial, es impunidad judicial. A cualquier ciudadano que no paga las cuotas de su hipoteca o su auto, se lo sacan. A la Sociedad Rural, no. No sólo se quiebra el principio de igualdad ante la ley, sino que además surge un súper poder sobre el Ejecutivo y el Legislativo”. Luego de su triunfo legal la SRA se mostró conforme. Su presidente, Luis Miguel Etchevehere, dijo en una entrevista con Radio El Mundo el pasado 9 de enero que tomó la resolución con serenidad “porque confiábamos en nuestros argumentos, en los fundamentos de la presentación”. También aplaudió la medida cautelar otorgada “ante la inminencia del daño”. Se refería al desalojo del predio previsto para el 20 de enero. La SRA comparte la explotación del predio La Rural con el Fénix Entertainment Group, poseedor de 25% de las acciones, y con el grupo IRSA, que acapara otro 25%. En ese lugar se realiza cada año una de las ferias agroganaderas más importantes del mundo, así como la Feria del Libro de Buenos Aires y la Feria del Automóvil. De prosperar la reestatización, los usufructuarios deberán pagar un canon al Estado por el uso del predio.   “Precio vil”   El terreno en disputa se ubica en el barrio de Palermo y formó parte de la estancia del caudillo Juan Manuel de Rosas, figura clave de la política argentina entre 1829 y 1853. Pasó a formar parte del parque Tres de Febrero en 1874. En 1875, el Estado otorgó el terreno a la entidad patronal agraria, a título gratuito y por 20 años. Esta concesión sin costo se fue prorrogando a lo largo del tiempo. En 1946, Juan Domingo Perón decidió no renovarla. Donó el predio a la Fundación Eva Perón. Tras su derrocamiento, en 1955, la SRA recuperó la concesión por plazos que se prorrogaron hasta llegar a 1991. Para esa fecha, el presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) inició un proceso de privatizaciones donde prevaleció la corrupción. Las 12 hectáreas fueron vendidas a la SRA en una operación plagada de turbiedades. Se trató, en primer lugar, de una adjudicación directa mediante un decreto presidencial que evitaba los mecanismos establecidos por la normativa vigente: el remate o la licitación pública. Los directivos de la Sociedad Rural sostienen que ese decreto del Ejecutivo se fundamentó “en la ley de legítimo ocupante”. El precio estipulado fue de 30 millones de dólares. La cifra se dispuso “mediante una singular cotización realizada por un consorcio de bancos, marginando deliberadamente al Tribunal de Tasaciones de la Nación. De hecho, Menem autorizó la venta, aun cuando se habían presentado dos dictámenes que objetaban el precio y la venta directa”, publicó el diario Tiempo Argentino en su edición del pasado 21 de diciembre. La Sociedad Rural alega que la tasación de 1991 se hizo conforme a la ley por peritos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco Hipotecario. Sin embargo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó el terreno en 63 millones de dólares. La Administración General de Inmuebles Fiscales estimó su precio en 943 millones de dólares. Por su parte, en diciembre de 1999, Eduardo de Zavalía –presidente de la SRA entre 1990 y 1994– declaró al diario Página 12 que los terrenos “pueden valer unos 300 millones de dólares”. Hasta el momento de la transacción, las sucesivas prórrogas de la concesión del predio lo declaran parte “del parque de Palermo” y como “tierras de propiedad nacional”. Por ello, sólo el Congreso puede disponer de su “uso y enajenación”. No obstante, el presidente Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, actuaron por decreto declarando el predio como “un inmueble de dominio privado del Estado nacional, innecesario para su gestión”. De acuerdo con el fallo favorable a la SRA, el terreno en disputa formaba parte del dominio privado del Estado. “El predio ha sido siempre parte del parque Tres de Febrero, a partir de la confiscación por el Estado de las propiedades de Juan Manuel de Rosas”, dijo en diciembre de 1999 a Diario 12 el abogado Pedro Kesselman. Y agregó: “Basta leer la ley número 658, del 25 de junio de 1874, que dispone su creación”. La cámara no tuvo en cuenta estos argumentos cuando suspendió los efectos del decreto. Los jueces accedieron al pedido del gobierno de habilitar la feria judicial de enero, pero votaron en su contra. “La urgencia es evidente –señala el fallo publicado en enero pasado por el diario La Nación– ante la posibilidad de que órganos de la administración despojen a la SRA de la propiedad que le fuera vendida por escritura pública, sin indemnización, sin devolución previa de lo pagado ni de lo invertido y sin juicio”.   Condiciones   No sólo el precio que debía abonar la SRA fue muy favorable. También las condiciones de pago. El boleto de compraventa fijaba una primera cuota de 3 millones de dólares al momento de la operación; otra de 7 millones, un año más tarde, al firmar la escritura, y 10 pagos anuales sucesivos, a partir de 1994, de 2 millones de dólares. Además, la patronal agraria se comprometía a saldar una deuda previa de 1 millón 516 mil dólares que mantenía con el Estado. Argentina cuenta con alrededor de 350 mil productores agrícolas. La Sociedad Rural aglutina entre sus 10 mil socios al sector más rancio y concentrado de la oligarquía terrateniente. El pago en tiempo y forma de la operación pautada no hubiera significado ningún sacrificio para esta organización. Según una investigación del diario Tiempo Argentino, con base en datos del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), en 2011 la entidad agraria le debía el Estado más de 23.5 millones de dólares. El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que la entidad pagó “más de 80%” del monto fijado en 1991 y que “manifestó su voluntad” para saldar en el futuro el 20% restante de la deuda. Más allá de las discrepancias sobre el monto adeudado, el acuerdo establecía que “la falta de puntual cumplimiento por alguna de las partes a cualquiera de las obligaciones emergentes del presente boleto dará derecho a declarar resuelto el boleto de compraventa sin necesidad de notificación o exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones pactadas, pudiendo a partir de dicho momento el Estado nacional argentino disponer libremente del inmueble y de todos los derechos inherentes al mismo”, recordó el periódico Tiempo Argentino en su edición del pasado 21 de diciembre. El intento del gobierno de recuperar La Rural mediante un decreto se fundamentó también en la investigación que realiza la justicia federal en torno a las supuestas irregularidades vinculadas a la venta. La causa judicial, originalmente impulsada por la Asociación Amigos del Lago de Palermo, aún no ha sido elevada a juicio oral. Entre sus 11 procesados se encuentran el expresidente Menem, su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el entonces presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía. El número de imputados llegó a 70. A los exfuncionarios se les acusa del delito de peculado previsto en el artículo 261 del Código Penal Argentino. En diciembre último, el fiscal Ignacio Rodríguez Varela dijo a Tiempo Argentino que al investigar el caso observó que “todo era muy burdo. Los expedientes, las firmas, las autorizaciones, todo era irregular. Era como una especie de gran monstruo. Un monumento a la corrupción”. La SRA aseguró que ha invertido más de 100 millones de dólares en el predio, y sus dirigentes calificaron el intento de reestatización­ como un “avasallamiento a la propiedad privada y los derechos adquiridos.” Su presidente, Luis Miguel Etchevehere, consideró la medida gubernamental como “una venganza por la 125”.   Revancha   En 2008, el gobierno de Cristina Fernández intentó imponer –mediante la Resolución 125– un aumento en las retenciones que el Estado percibe de la exportación de soya. La suma en juego era multimillonaria. El enfrentamiento escaló a tal punto que el gobierno acusó a los productores del campo de tener un ánimo “destituyente”. La disputa final se dirimió en el Congreso. Tras producirse un empate en la votación, el entonces vicepresidente Julio Cobos inclinó el fiel de la balanza en contra del gobierno. Desde entonces, los medios opositores han radicalizado sus críticas hacia el kirchnerismo. “La capacidad de asombro al ver cómo el gobierno sigue pegándose ‘tiros en el pie’ es inacabable”, sostiene La Nación en un editorial del 22 de diciembre último. Y abunda: “Se enfrenta con el sector de la economía que es uno de sus principales pilares. Si no, ¿de dónde proviene más de 50% de las divisas que ingresan al país por exportaciones? ¿De dónde sale casi 10% de los ingresos fiscales que percibe, sólo contando los derechos de exportación que pesan sobre la cadena de la soya?”. Por su parte el gobierno defiende la reestatización del predio como una forma de desandar la herencia de las políticas neoliberales aplicadas por Menem. El enfrentamiento con la Sociedad Rural tiene un enorme valor simbólico, toda vez que esta organización representa al grupo más poderoso del campo argentino. El sector se ve a sí mismo como cimiento de la nación. Durante los dos primeros gobiernos de Perón (1946-1955), la SRA encarnaba al enemigo natural del pueblo peronista: “la oligarquía”. Desde 1878 esta sociedad organiza una imponente muestra de ganadería y agricultura en el predio en litigio. Los hacendados y los grandes productores del campo aprovechan la inauguración del evento para censurar al poder político en turno. A la máxima autoridad del Estado se le destina un espacio preferente en los discursos de apertura. Allí recibe claras expresiones de aprobación o disgusto. Los presidentes argentinos se sentían obligados a exponerse al juicio de esta tribuna selecta. Desde el inicio de su primer mandato, en 2007, Fernández se negó a comparecer ante esa tribuna. No le rinde pleitesía a un sector que, por otra parte, creció de manera rasante con el actual modelo. En 2003 el presidente Néstor Kirchner recorrió la muestra en La Rural. Evitó asistir a la inauguración. No cedió ante los pedidos de anular las retenciones que cada año hacen los ruralistas. En esa oportunidad recibió como presente un cuchillo labrado en plata de manos del entonces presidente de la SRA, Luciano Miguens. “¿Para qué queremos un cuchillo si en casa tenemos un montón de Tramontina?”, se oyó nítida la voz de Cristina Fernández, entonces senadora y primera dama. Con ese nombre se conoce a un cuchillo de mesa, dentado y filoso, especial para cortar la carne asada. En ese quién y cómo se corta la carne parece radicar, una vez más, la disputa simbólica dentro de la política argentina.