Con la Secretaría de la Función Pública paralizada y la Comisión Nacional Anticorrupción todavía en fase de promesa incumplida, el gobierno se mueve en un limbo jurídico en el cual no hay instrumentos con capacidad de fiscalización de los recursos públicos ni potestad para sancionar a los funcionarios que se aprovechan del erario. No hay transparencia y, por lo tanto, no hay castigo. En tales condiciones ese tema “casi humano” de la corrupción, según lo justificó el propio presidente de la República, tiene mucho espacio para crecer...

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Apunto de cerrar su segundo año, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una ventaja sobre los de sus antecesores: Sin haber creado aún la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) –prometida en su campaña–, deja en el limbo lo que queda de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ahora carece de marco jurídico.

Con la eliminación del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que normaba a la SFP, ésta ha quedado sin soporte legal y sujeta a un proceso de reestructuración que se ha prolongado casi dos años. Aun si se creara la CNA, por el tiempo requerido para su puesta en marcha se llegaría a la mitad del sexenio en las mismas condiciones.

Óscar Arredondo Pico, analista de la organización civil Fundar, advierte que a lo anterior se suman una serie de condiciones estructurales en las diferentes funciones de rendición de cuentas, transparencia, auditoría, sancionadoras y penales, que impiden la eficacia del combate a la corrupción.

“Estamos peor que al salir Felipe Calderón: No se ha creado la CNA y la SFP está en el limbo. Quedó viva pero con respiración artificial”, dice Arredondo, quien considera que en esto hay intencionalidad... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1975 de la revista Proceso actualmente en circulación.