MÉXICO, D.F. (apro).- El Valle del Río Grande, la zona fronteriza que conecta el estado de Tamaulipas –entre las ciudades de Reynosa y Matamoros– con Texas –de McAllen a Brownsville–, se convirtió en los últimos tres años en la puerta de entrada a Estados Unidos más transitada por los migrantes indocumentados, de acuerdo con un informe que publicó la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). A partir de 2011, el flujo migratorio proveniente del triángulo norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– se disparó, debido al repunte de la violencia, la terrible situación económica, los desastres naturales y las sequías, recuerda WOLA. Esto explica que por primera vez el año pasado las autoridades fronterizas estadunidenses detuvieron a un mayor número de “no mexicanos” –casi todos originarios del Triángulo Norte– que de mexicanos, y que más de las tres cuartas partes de ellos fueron detenidos en el Valle del Río Grande, sostiene el informe. Continuar en el camino A raíz de una visita en esta región, realizada en diciembre pasado, un equipo de WOLA dedujo que para los centroamericanos, atravesar México y alcanzar Texas no representa el fin de la odisea: la escasa oferta laboral, los riesgos de deportación o la presencia de familiares en otras partes obligan a los indocumentados a seguir su camino hacia el interior de Estados Unidos. Pero agarrar la carretera hasta las ciudades tejanas de mayor importancia como San Antonio o Houston implica cruzar retenes migratorios. La única opción que les queda es caminar, entre dos y tres días, a través de ranchos despoblados, muchas veces desorientados –la región es de llanos y pequeños árboles que obstaculizan la vista– y bajo temperaturas extremas. Por lo tanto, la mayoría de los migrantes muertos en el Valle del Río Grande en Estados Unidos fueron encontrados muy lejos de la frontera, en el condado de Brooks. Tan sólo en las primeras seis semanas de 2015, las autoridades del condado encontraron 13 cuerpos deshidratados. Al percatarse de la llegada masiva de migrantes por la región, defensores de derechos humanos y organizaciones religiosas tomaron iniciativas para ayudar a los indocumentados. Por ejemplo, instalaron grandes cubetas de agua en el camino, pese a las reacciones a veces adversas de los dueños de los ranchos, quienes se sienten amenazados por los traficantes de personas y de drogas, reporta WOLA. Menos vigilada Además de su cercanía con Centroamérica, la afluencia de migrantes al Valle del Río Grande tiene que ver con la más escasa presencia de agentes fronterizos en comparación con los cruces más tradicionales, como San Diego, Tucson o El Paso, insiste WOLA. Aun así, la Patrulla Fronteriza estadunidense estima que detiene a 69% de las “entradas ilegales reportadas” en esta zona, gracias al sofisticado aparato tecnológico con el que cuenta y que describe WOLA: cámaras térmicas, drones, radares, escáneres de rayos x, detectores de radiaciones, e incluso un balón de helio capaz de detectar una presencia humana a 200 kilómetros. Así, del pasado mes de octubre hasta enero, la Patrulla Fronteriza detuvo a 10 mil 123 migrantes menores de edad no acompañados, una cifra inferior en 39% al mismo periodo del año pasado. Si bien las autoridades del sur de Texas observaron una caída en el número de menores de edad no acompañados y de familias en la ruta migratoria después del pico alcanzado en julio pasado, admitieron ante el equipo de WOLA que “esperan un incremento fuerte de nuevas llegadas después de enero, cuando migrantes y traficantes ajusten sus rutas”. En su investigación, el grupo de WOLA observó que, a raíz de la implementación de políticas migratorias más agresivas, llevadas a cabo “con el exhorto de oficiales estadunidense”, el gobierno mexicano deportó a unos 104 mil 269 migrantes indocumentados a Centroamérica en 2014, 27 mil más que el año previo. Además, la administración de Peña Nieto actúa a veces de manera injustificable, denuncia WOLA: según los investigadores, “el gobierno de México deportó miles de niños y familias centroamericanos, quienes tenían argumentos válidos para solicitar asilo u otras formas de ayuda humanitaria según la ley mexicana”. Deportación peligrosa Desde el 15 de diciembre, las autoridades estadunidenses abrieron un nuevo centro de detención para familias de migrantes en la ciudad texana de Dilley. Administrado por una empresa privada, el centro tendrá la capacidad de mantener encerradas hasta a 2 mil 400 personas. “La apertura del centro de Dilley envía un mensaje claro a los posibles migrantes de Centroamérica y de otras partes: a partir de ahora los padres con niños serán detenidos y deportados más rápidamente del país”, plantea WOLA, al precisar que el secretario del Departamento de Seguridad Interna le afirmó que “los migrantes que ingresaron de manera ilegal después del 1 de enero de 2014 son ahora prioridades para la deportación”. Pero este trato se aplica sobre todo a los indocumentados centroamericanos. WOLA descubrió que las autoridades estadunidenses aplican un trato diferente a los niños y las familias de migrantes mexicanos, para quienes “el proceso es corto, son deportados lo antes posible, muchas veces con exámenes muy limitados para determinar si necesitan protección”. Los mexicanos detenidos durante el cruce de la frontera están regresados casi de inmediato, y a veces de noche, en el territorio mexicano más cercano: el norte de Tamaulipas, uno de los estados más violentos en 2014, donde se convierten en “blancos fáciles de identificar” –por las bolsas de plástico con el logotipo de Estados Unidos que traen puestos–, a merced de los grupos criminales. Según WOLA, más de 70 mil mexicanos fueron deportados hacia el estado de Tamaulipas en 2014, casi 10 mil más que en Baja California. “Los secuestros siguen siendo un problema serio para los migrantes mexicanos deportados, así como para los migrantes centroamericanos en tránsito. Matamoros y sobre todo Reynosa son conocidas como zonas de secuestros frecuentes”, añade WOLA, al subrayar que “los grupos criminales saben que muchos de ellos tienen familia en Estados Unidos y pueden pagar extorsiones”. En Tamaulipas, pese a que se benefician en teoría del apoyo del INM para regresar a sus pueblos de origen, los mexicanos retornados esperan durante horas para ser atendidos, o a veces los funcionarios del INM ni siquiera están presentes para brindarles el apoyo. En este caso, los deportados se encuentran de nuevo bajo la amenaza de los criminales, sostiene el WOLA. Pero en Tamaulipas no sólo llegan los mexicanos detenidos durante su cruce de la frontera. El equipo de WOLA observó que algunos indocumentados fueron regresados al estado fronterizo después de cumplir largas sentencias de cárcel en Estados Unidos. Al llegar, “son estigmatizados en las comunidades locales y en algunos casos en sus propias familias, y enfrentan un mayor riesgo de ser reclutados por las pandillas en México, y sobre todo en Matamoros”, estima. Los investigadores denuncian que, en Tamaulipas, muchas veces los centroamericanos “rescatados” terminan bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración, el cual los deporta a sus países de origen, mientras que los migrantes mexicanos “son simplemente liberados para que continúen su viaje, lo que significa que en algunos casos vuelven a sufrir de secuestros”.