Siguen libres policías que dispararon contra joven y lo dejaron paralítico

jueves, 31 de marzo de 2016
METEPEC, Edomex (apro).- El comisionado estatal de derechos humanos Barush Delgado Carbajal lamentó que la Procuraduría General de Justicia mexiquense (PGJEM) siga sin acatar la recomendación del caso de Ángel Martín Gutiérrez, el joven que quedó paralítico tras ser herido por policías del municipio de Metepec, durante la gestión de Carolina Monroy, prima del presidente Enrique Peña Nieto. La noche del 9 de abril de 2013, los uniformados Amaury Bernal Estrada y José Luis López González perseguían a un presunto asaltante de vehículo cuando dispararon a discreción e hirieron al joven, quien se dirigía del trabajo a su casa. El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) recordó que existe una orden de aprehensión en contra de los probables responsables de las lesiones a Martín Gutiérrez, de tal manera que “la Recomendación a la PGJEM va en el sentido de ejecutarla y presentarlos”. Una orden de aprehensión, precisó, implica la búsqueda y localización y hasta el momento la Codhem no tiene dato alguno sobre la detención de los uniformados. “Sigue en falta la Procuraduría en este tema”, advirtió. En la Recomendación 29/2015, el organismo admitió violación al derecho humano a la integridad personal de la víctima y de sus familiares por parte de los policías al propiciar la inexacta aplicación de la ley mediante el uso arbitrario de armas de fuego. Por eso, sugirió al ayuntamiento de Metepec remitir por escrito al titular de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) copia certificada de la Recomendación para que sustancie el procedimiento administrativo disciplinario contra los elementos. Para reparar el daño, recomendó proporcionar al afectado atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada, servicios y asesoría jurídicos; establecer un programa de educación; indemnización pecuniaria equivalente a mil 95 días de salario; apoyo económico mensual vitalicio consistente en cuando menos un salario mínimo diario vigente; y una vivienda escriturada a nombre de la víctima. La Recomendación 30/2015 advirtió dilación e irregularidades en la integración de la carpeta de investigación 160260620106813 radicada ante la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales, ausencia de debida diligencia y duda respecto a la verdad de los hechos asentados. Por tanto, sugirió a la Procuraduría remitir al titular del IGISPEM copia certificada de la Recomendación para que sustancie procedimiento administrativo disciplinario en contra de los agentes del Ministerio Público involucrados. También le recomendó ordenar por escrito de manera inmediata dar seguimiento a todas las etapas procesales de la causa penal derivada de la carpeta de investigación contra los policías, la ejecución de la orden de aprehensión, la formulación de imputación y la ampliación o perfeccionamiento de las diligencias relacionadas con datos o medios de prueba pertinentes e idóneos que permitan acreditar la probable responsabilidad de los imputados por el delito de lesiones. Exigen justicia Tras ser aceptadas las recomendaciones de la Codhem por la actual administración municipal, Ángel Martín Gutiérrez está a la espera de que le entreguen las escrituras de la casa de interés social que el ayuntamiento le otorgará, y de que realicen las adecuaciones al inmueble para facilitar su acceso y estancia en silla de ruedas. Para las terapias psicológicas y de rehabilitación, así como los medicamentos por parte del Instituto del Seguro Social al Servicio del Estado de México y Municipios (ISSSEMyM), ya entregó las hojas de alta y falta que le den fecha para la primera cita. En cuanto a sus estudios, Ángel los retomó en febrero pasado, sin embargo, tendrá que recursar la licenciatura en Derecho desde el primer semestre. Estaba por comenzar el cuarto cuando ocurrieron los hechos. La pensión vitalicia le fue canjeada por trabajo de por vida, y comenzó como empleado de la Procuraduría de Atención a Víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes del DIF de Metepec, con salario retroactivo al mes de enero. Por ahora, contó que los ingresos que percibe en el trabajo no son redituables, “salvo por la seguridad social”, pues tan sólo en taxis cada día eroga hasta 500 pesos. El trayecto diario Ángel vive en Ejidos de Calixtlahuaca, una comunidad rural de Toluca, con calles de terracería, drenaje irregular y sin alumbrado público. La carretera más cercana se ubica aproximadamente a un kilómetro de distancia, recorrido que resulta difícil a pie, pero más en silla de ruedas; por eso requiere de un taxi que lo traslade esta distancia. Una vez que se encuentra sobre la Toluca-Atlacomulco, toma otro taxi hasta su trabajo, que le significa entre una hora o dos de recorrido, según el tráfico. A la escuela llega en media hora. El taxi es necesario para trasladar su silla de ruedas, que aun cuando es desmontable, ocupa la cajuela y el asiento del copiloto. En la parte trasera viajan él y su madre. Para subirlo al auto tardan al menos cinco minutos. En total, cada viaje le significa entre 120 y 180 pesos. Al día necesita de hasta tres unidades, además de los gastos de su alimentación, medicamentos neurológicos que no cubre el seguro social, jeringas, vendas, pomadas, calzado y ropa cómodas para evitar llagas. Su salario, por ahora, equivale a 2 mil 600 pesos quincenales. Regresar a la escuela y tener trabajo le ha ayudado a Ángel Martín a recuperar confianza en sí mismo, pero está muy lejos de la verdadera justicia como reparación del daño, pues los responsables de su condición siguen libres. “Dirán que con la parte material ya cubrieron todo, pero falta que se haga justicia”, señaló. El joven reconoció que uno de los pendientes de la indemnización es la asesoría jurídica, con la que buscará que se finquen responsabilidades penales contra quienes lo lesionaron de manera permanente. “No se han cumplimentado las órdenes de aprehensión. No vemos respuesta de la Procuraduría para acatar la Recomendación. Hubo encubrimiento”, acusó. Tampoco existe información, dijo, sobre el mejoramiento del proceso de selección y capacitación de los policías municipales de Metepec en materia de uso de armas de fuego. Juez ampara a policías Amaury Bernal Estrada y José Luis López González no podrán ser detenidos, al menos mientras se desahoga el proceso judicial en su contra, debido a que el juez otorgó la suspensión definitiva de la orden de aprehensión. La resolución sobre la suspensión fue tomada el 22 de octubre de 2015, a pesar de que, según consta en la hoja de incidente de suspensión, los solicitantes no ofrecieron pruebas ni alegatos para respaldar su solicitud. En los actos reclamados, los policías aseguraron “no haber cometido delito ni acto que amerite la imposición de sanción privativa de la libertad”. Por tanto, Everardo Maya Arias, juez segundo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, resolvió: “se concede a Amaury Bernal Estrada y a José Luis López González la suspensión definitiva” de las órdenes de aprehensión giradas en su contra por el caso de Ángel Martín. El fallo, justificó el juez, no afecta el interés social, no contraviene disposiciones de orden público, no defrauda derechos de terceros –Ángel Martín-, ni se traduce en que el juicio queda sin materia, pues el procedimiento penal que se sigue a ambos elementos debe continuar; los imputados estarán obligados a comparecer ante el juez de la causa cuando sean requeridos, presentarse a todas las diligencias y cumplir con todas las obligaciones impuestas por las autoridades. “La suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno si se sorprende a los impetrantes –imputados- en la comisión de flagrante delito o si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables o si el acto resulta ser uno distinto al que aquí se combate”. El recurso que impide la detención costó a cada uno de los protegidos 10 mil pesos, según establece la hoja incidental girada a las autoridades responsables de cumplimentar las órdenes de aprehensión y cuya copia se encuentra en poder de Apro.

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