CHIHUAHUA, Chih.(Proceso).- El gobernador César Horacio Duarte Jáquez se ha empeñado en desestabilizar las dependencias de gobierno e instituciones educativas. Busca dejar un caos a la administración entrante, de acuerdo con integrantes de la Alianza Ciudadana, grupo que impulsó la candidatura del panista Javier Corral Jurado a la gubernatura.
Las denuncias de empleados de gobierno y del Tribunal Superior de Justicia se incrementaron en las últimas semanas, y también aumentó la violencia, principalmente en Ciudad Juárez y la capital del estado.
Las organizaciones no gubernamentales y personas que conforman Alianza Ciudadana llamaron a los chihuahuenses a no pagar la revalidación vehicular sino hasta después del 4 de octubre, una vez que el panista rinda protesta, para castigar económicamente al gobierno actual ante los altos niveles de deuda que deja.
“Considerando que el gobierno de César Duarte y el Congreso del estado a él sometido han endeudado irresponsable y desmesuradamente a los chihuahuenses, que los tres poderes del estado se han sumido en la corrupción y en el dispendio de los recursos públicos y que ha ignorado al pueblo de Chihuahua, la Alianza Ciudadana convoca a la desobediencia civil del pueblo”, lanzaron en redes sociales.
A través del perfil de Facebook de Alianza Ciudadana, la activista Elvira Villarreal, el actor local Ernesto Medina y la abogada Éricka Mendoza llamaron a tampoco pagar impuestos en lo que resta de la actual administración.
Luego de que Corral lanzara la página en internet denunciachihuahua.mx para que los ciudadanos y principalmente empleados de gobierno denuncien las anomalías que vean durante la transición de gobierno, se han recibido acusaciones, a través del portal y directamente ante Alianza Ciudadana, de que en las dependencias gubernamentales se está liquidando gente que no es afín al equipo cercano de Duarte y se está basificando a personas que sí lo son.
Para el catedrático Enrique Rascón, integrante de Alianza Ciudadana, a este movimiento “le causan ruido” las últimas declaraciones del secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar, quien aseguró que la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno federal contra el gobernador César Duarte y el Congreso del estado no procederá.
La impugnación fue presentada el pasado 11 de julio, luego de que en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz se crearan fiscalías anticorrupción antes de que a escala federal se aprobara la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.
“No somos especialistas en derecho, pero es una aberración el hecho de que el gobernador tenga el poder de nombrar al fiscal anticorrupción, es el mismo vicio del sistema corrupto y corruptor, porque el nuevo fiscal tendría una dependencia directa del corrupto. Esa iniciativa, que fue presentada por el gobernador, trae todos los agravantes para la premeditación, alevosía y ventaja, como la analogía del sistema federal que nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública”, precisa Rascón.
Agrega que el responsable de la auditoría “debe tener todos los dientes para señalar” y llevar procesos de penalización y castigo contra quienes generan daños al patrimonio de los chihuahuenses:
“Hay una indignación pública en los ciudadanos, ante una propuesta de ese tipo, por los señalamientos históricos de que todavía haya defensores de la conducta de Duarte.”
El exhorto a no pagar la revalidación vehicular es una iniciativa de la Alianza Ciudadana, pero el universitario también conminó a no pagar fotomultas y otros impuestos, hasta después del 4 de octubre, una vez que Javier Corral sea gobernador.
Otra de las medidas que alarma al gobierno entrante es que en junio del año pasado el gobierno estatal firmó un convenio con la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para afiliar a los trabajadores de las 13 unidades de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua, lo que podría significar un daño a las finanzas de la entidad, ya que esto implica 70% de incremento en el pago de prestaciones.
Esa iniciativa fue impulsada por César Duarte, el exsecretario de Educación y Cultura Marcelo González Tachiquín y el secretario general saliente de la Sección 8, Alejandro Villarreal Aldaz.
La Sección 8 eligió este viernes a la nueva secretaria general, Rosa María Hernández Madero, y desde la dirigencia desactivaron otras dos planillas no afines a Villarreal.
A la nueva lideresa le otorgaron una clave de subdirectora de secundarias estatales generales E0341, con efectos retroactivos desde enero, lo que viola la Ley del Servicio Profesional Docente, denunció el personal disidente de la misma dirigencia.
En la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) varios funcionarios que han sido parte del gobierno duartista –entre éstos, el primo del gobernador, Horacio Jurado Medina, quien fue director administrativo de la institución–, denunciaron presuntos actos de corrupción, pero también los denunciantes han sido señalados por irregularidades.
Enrique Rascón, quien además denunció penalmente actos ilegales en la Facultad de Contaduría y Administración, señaló que la institución también fue afectada por el gobernador, quien se entrometió para destituir al anterior director e imponer a la actual, Liliana Álvarez, esposa de uno de los 13 magistrados del Tribunal Superior del Estado… también impuestos por el gobernador e impugnados por diferentes abogados.
Irregularidades hasta el fin
El lunes 11, vecinos del fraccionamiento Bosques del Valle dieron a conocer que, alrededor de las 14:00 horas, ingresó en varias ocasiones una camioneta blanca con cajas etiquetadas que correspondían a licitaciones de 2014 y de 2015.
Por la noche, aún llegaron llamadas de más vecinos, que alertaron sobre el hecho, ocurrido presuntamente en la casa de Roberto Anchondo de las Casas, secretario particular del rector, Enrique Seáñez Sáenz.
Esa misma noche se registró un incendio en el relleno sanitario. El Cuerpo de Bomberos tardó alrededor de 12 horas en sofocarlo, generó contaminación y la ciudadanía no tardó en advertir que podría tratarse de un hecho intencional para quemar los documentos de diferentes dependencias estatales. Al día siguiente, las autoridades municipales culparon del siniestro a un indigente.
Las elecciones para designar al nuevo rector, paralelamente, fueron pospuestas porque se realizarían durante el proceso electoral, y el Congreso local aprobó posponerlas para este agosto.
“El Consejo Universitario es como un congreso en pequeño, pero además, en este momento, la gente de la universidad tiene terror a manifestarse y expresar a quién apoya. Quienes tienen el control férreo han advertido a los trabajadores que o los moverán de puesto o los correrán si no apoyan al candidato oficial, y ahora están por entregar cargas académicos a los maestros. Con eso los mantienen sometidos”, asevera Rascón.
El catedrático urgió a enviar una señal de que el poder impune se acabó y de la importancia de salir a manifestarse abiertamente, porque los niveles de corrupción en la UACh “han llegado a altos niveles”.