Conflicto legal y oficialista por el sitio de reclusión de El Chapo

martes, 23 de agosto de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Joaquín Guzmán Loera quiere regresar a Almoloya. Los empleados del Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte, en Ciudad Juárez, tampoco lo quieren en esa prisión. Sólo el responsable de las cárceles federales, Eduardo Guerrero Durán, se empeña en mantenerlo ahí, sin autorización judicial, como una demostración de la supuesta limpieza que hizo de ese penal y todo el sistema carcelario en Chihuahua. El funcionario decidió el pasado 7 de mayo trasladar a Joaquín El Chapo Guzmán con el pretexto de una falla eléctrica en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, de Almoloya, en el Estado de México. Lo llevó a su territorio en las prisiones de Chihuahua, de donde Guerrero Durán salió para hacerse cargo de las cárceles federales. Lo trasladó sin orden judicial. Sólo por decisión del Consejo Técnico Disciplinario del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), del que es titular. Sus subordinados en el Consejo Técnico tomaron la decisión el 4 de mayo de este año, poco antes de que se hiciera el cambio de prisión en una aparatosa operación entre la noche del viernes 6 y la madrugada del sábado 7. Actuó sólo con el aval de sus jefes. Sólo tiene tres: Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS); el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien lo nombró comisionado del OADPRS en septiembre de 2015, en plena crisis por la fuga del Chapo del penal de Almoloya. Guerrero Durán utilizó tres aviones de la Policía Federal para el traslado, desplegó decenas de elementos de esa corporación y reforzó la vigilancia con elementos del Ejército. Desde entonces, fuerzas federales y militares apoyadas en helicópteros artillados, tanquetas y armamento pesado controlan las inmediaciones del Cefereso ubicado en el corazón del desierto de Samalayuca, a unos 35 kilómetros de Ciudad Juárez. Esa demostración de fuerza, que tuvo lugar un mes antes de las elecciones en 12 estados del país, la justificó como resultado de su directriz de rotar a los presos más peligrosos. Decidió entonces aislar a Guzmán Loera en un área de 40 celdas en donde es el único interno. Pero el gusto le duró poco a Guerrero Durán. El pasado martes 16, el juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Héctor Flores Lara, le concedió un amparo a la defensa de Guzmán para que sea regresado al penal de Almoloya porque el traslado del exlíder del Cártel de Sinaloa fue una mera decisión administrativa y no una resolución judicial. La CNS podrá pedir la revisión del amparo. Sin embargo, para José Refugio Rodríguez Núñez, defensor de Guzmán Loera, el traslado representó una violación a los derechos humanos del Chapo porque, sostuvo, desde entonces “se encuentra segregado”. En conversación con Proceso, explica: El amparo tiene tres puntos: que se dejen sin efecto los acuerdos dictados por la CNS en virtud de los cuales Joaquín Guzmán fue sacado del Altiplano y llevado al Cefereso 9. El segundo, que se le regrese al Altiplano; y tercero, si la autoridad persiste, que la solicitud se presente ante un juez de control o alguno de los que llevan los procesos de Guzmán Loera, para que sea un juzgador el que autorice un cambio de prisión. Asegura que la decisión de promover el amparo fue iniciativa de la defensa: “Él no nos lo pidió. Fue un amparo que promovió la defensa sin consultarlo. Lo pedimos porque el movimiento nos está afectando porque para ir a Ciudad Juárez perdemos prácticamente dos días. Se incrementan los gastos. Para la familia también es más cómodo estar en Toluca”. De acuerdo con el abogado, quien asegura haber visto muy poco a Guzmán desde que fue enviado a Ciudad Juárez, en el traslado se violaron los derechos humanos de su cliente: “Lo tienen segregado. Está en un área muy aparte, lejos de la población penitenciaria. No tiene contacto con nadie, y a eso se le llama segregación”. Añade: “Está videograbado y tiene tres personas que lo vigilan a menos de un metro. Ha dicho que siente un acoso. Lo tienen bajo constante contacto. Hay cámaras de vigilancia y videograbaciones. Tiene tres personas que no lo pierden de vista. Eduardo Guerrero lo reconoció públicamente. Le están violando su derecho humano a la intimidad”. Explica que para poder verlo pasa entre ocho y nueve filtros. Además de la defensa, quienes lo han visto en el Cefereso 9 son su esposa, Emma Coronel, las dos niñas que tienen, y sus hermanas. El amparo que obtuvo la defensa para que Guzmán sea regresado a Almoloya, que podría ser resuelto hacia finales de año en caso que la CNS pida la revisión, es independiente de los dos amparos que promovió en contra de su extradición a Estados Unidos, donde es requerido en cortes federales de diferentes estados, entre ellos California, Texas e Illinois. El primer amparo en contra de su entrega a las autoridades estadunidenses lo conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, el cual se declaró incompetente y lo mandó al Juzgado Décimo Tercero, y éste se abocó a conocer los dos amparos. Pero, de acuerdo con el abogado, el juez no ha fijado fecha para la audiencia constitucional. En esa audiencia debe dictarse sentencia sobre la solicitud de amparo. Rodríguez Núñez dice que cuando hace una semana vio a Guzmán Loera estaba de mejor ánimo que un mes antes, porque “aun cuando sigue segregado, lo estaban sacando más al patio, estaba haciendo ejercicio y le pasaban películas”. Pero del ataque a la casa de la mamá de Guzmán en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, en junio pasado, y del secuestro del hijo Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el litigante aseguró no haber comentado nada con su cliente: “No tengo ningún comentario de la familia. Yo sólo estoy a cargo de lo jurídico”. Rechazo en el Cefereso 9 Los empleados del Cefereso 9 tienen sus propias razones para no querer al Chapo entre los internos. Conocedores de la gestión de Guerrero Durán como responsable de los penales en Chihuahua durante la administración del saliente gobernador César Duarte, cuestionan duramente al hombre seleccionado por Peña Nieto para manejar las cárceles federales del país. En una carta enviada a Peña Nieto, Osorio Chong y Renato Sales, explicaron las deficiencias que tiene el penal para albergar a quien fue uno de los principales jefes del Cártel de Sinaloa, que durante el sexenio pasado se enfrentó con el Cártel de Juárez para arrebatarle el control de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Mientras duró esa confrontación, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo. En su misiva, los empleados aseguran que el penal fue diseñado y construido para ser un centro estatal; es decir, para albergar internos con un perfil de mediana peligrosidad. “Pero para Eduardo Guerrero eso no importa. Tampoco es relevante para él que obtuvimos la evaluación más baja en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (6.63), y que tengamos sobrepoblación” porque su capacidad es de 943 reclusos y cuando ingresó El Chapo la población era de mil 12. En un diagnóstico sobre los penales federales elaborado por la CNS tras la primera captura de Guzmán, en febrero de 2014, dado a conocer por Proceso en su edición 2046, se estableció que la prisión donde ahora está El Chapo Guzmán era para personas de baja peligrosidad, pero que podía recibir a internos de mediana peligrosidad siempre y cuando se hicieran modificaciones a su seguridad. De acuerdo con ese documento, hace tres años se cayó parte de una barda perimetral de la cárcel. Entonces se propuso su cierre, despresurización y remodelación. Cuando eso ocurrió, Guerrero Durán estaba a cargo de las prisiones en Chihuahua. Los empleados aseguran que el Cefereso 9 tiene fallas en los sistemas de seguridad por falta de mantenimiento. “Si el penal es tan seguro”, como Guerrero Durán dice, “¿para qué la presencia masiva de la Policía Federal, las tanquetas y los helicópteros artillados que resguardan nuestro centro?”, preguntan a los superiores del titular de los penales federales. Los cuestionamientos son puntuales: “Si es un penal de máxima seguridad, ¿por qué en un área de 40 estancias sólo se ocupa una, la del capo sinaloense? ¿Por qué ha sido necesario trasladar a líderes de bandas rivales a la del Chapo a otros penales? Durante años, los líderes de diversas organizaciones delictivas han convivido en los Ceferesos 1 (Almoloya) y 2 (Puente Grande) sin incidentes mayores. La razón es que son penales de máxima seguridad. Aquí no es posible”.

Comentarios