El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la decisión que tomó (no por unanimidad) para obligar a Telmex y a su subsidiaria Telnor a escindirse y dar pie a dos nuevas empresas. En opinión de algunos consejeros del IFT, la medida no resolverá el problema del declive del servicio de telefonía fija, la escasa competencia ni el hecho de que México esté en último lugar, entre los países de la OCDE, en penetración de banda ancha. La separación, opinan trabajadores de la empresa insignia de la telefonía mexicana, es una simulación negociada de Carlos Slim y el gobierno federal con el único fin de deshacerse del sindicato del ramo, que, por cierto, amagó ya con movilizarse.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Telmex, considerada “la joya” del imperio construido por Carlos Slim desde la privatización en 1990, y su subsidiaria Teléfonos del Noroeste (Telnor), deberán escindirse en un plazo de dos años para dar pie a la creación de dos empresas distintas: una que les dará servicios mayoristas a sus propios competidores, y otra que seguirá dando servicio a los usuarios finales, según la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), divulgada el pasado lunes 5.
Esa “separación funcional” de Telmex no concitó el respaldo ni de sus propios competidores, como Televisa, pues no garantizará la desconcentración del mercado; además, levantó ámpula entre los trabajadores, quienes serán los principales afectados.
Especialistas en telecomunicaciones consideran que no servirá para impulsar la fibra óptica ni el servicio de banda ancha, y mucho menos para eliminar el rezago en interconexión que existe en el país: sólo hay 1 millón 800 mil líneas de fibra óptica para un país de 122 millones de habitantes.
La decisión del IFT no contó con el apoyo unánime de sus siete consejeros (tres votaron en contra). América Móvil la impugnó desde el primer momento y anunció que su consejo de administración “ha tomado la determinación de no subsidiar ni financiar las operaciones de la entidad separada”, con lo cual prácticamente la nueva empresa nacerá quebrada.
Sin duda los más afectados serán los 45 mil 722 trabajadores sindicalizados –76% de todos los empleados de Telmex, según el reporte de diciembre de 2016 de la empresa ante la Bolsa Mexicana de Valores–, porque la “separación funcional” ordena que la empresa que surja deberá “contar con personal independiente, por lo que los empleados no podrán laborar al mismo tiempo en otra de las empresas integrantes” del agente económico preponderante (AEP), es decir Telmex.
El sindicato de telefonistas amenazó con un paro el próximo 4 de abril. Su dirigente, Francisco Hernández Juárez, advirtió: “de ninguna manera vamos a subsidiar a la competencia”, y amenazó al gobierno federal con emprender movilizaciones si no se respeta la negociación realizada el año pasado con el entonces secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
En entrevista con Proceso, Hernández Juárez calcula que hay “más de 60 mil trabajadores” sindicalizados (oficialmente Telmex sólo reconoce 45 mil), con quienes se iniciará una serie de acciones hasta el próximo 5 de abril.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2158, ya en circulación