Aun antes de tener lugar, los comicios presidenciales de este domingo 20 en Venezuela ya eran considerados ilegítimos por la oposición interna –que llamó a la abstención– y por la comunidad internacional. “Las elecciones en este momento son similares a las que tenía México en la década de los setenta, que no tenía ni siquiera al IFE”, opina el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino. El clero, a su vez, pidió que se pospusiera la jornada electoral, pues no había garantías de libertad, confiabilidad ni transparencia. CARACAS (Proceso).- Los representantes de la oposición venezolana, así como analistas políticos, han denunciado un cúmulo de irregularidades a lo largo del proceso electoral que culmina este domingo 20, día de los comicios presidenciales en Venezuela. Afirman que no hay garantías de un proceso imparcial, justo, libre, transparente y con credibilidad. Señalan, por ejemplo, que hay un abuso de la posición dominante del presidente Nicolás Maduro, candidato oficialista que busca la reelección; irregularidades técnicas del proceso, como la ausencia de información sobre el padrón electoral; la inhabilitación de candidatos de oposición con opción de ganar y la ilegalización de partidos políticos contrarios al mandatario. “Las elecciones en Venezuela en este momento son similares a las que tenía México en la década de los setenta, que no tenía ni siquiera al IFE; el órgano que regulaba las votaciones era la Secretaría de Gobernación, que es equivalente al Ministerio del Interior venezolano. El PRI mexicano de los sesenta y setenta es similar al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) de hoy; es decir, el partido que tiene los recursos, que usa toda la estructura de poder para beneficiarse en las elecciones, y eso evidentemente genera un ventajismo y favorece el fraude”, explica a Proceso el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino. La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) pidió que se pospusieran las elecciones. El argumento del clero venezolano es que las crisis económica, sanitaria y migratoria por las que atraviesa el país le restan legitimidad a la votación. Además señaló que no hay garantías de que el proceso electoral sea libre, confiable y transparente. “Cuando se está de espaldas a las necesidades reales de la gente, no pueden pedir que se les dé un aval”, declara a Proceso el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida (estado venezolano) y miembro de la directiva de la CEV. “Fundamentalmente (existe) la razón humanitaria. Las necesidades de la gente son otras: la falta de alimentos y medicinas. La angustia de tanta gente que queda huérfana de sus afectos por los hijos y familiares que se van al exterior y ahora las limitaciones que hay para recibir las remesas, se ven en una situación muy precaria”, explica. En Venezuela se vive una situación crítica en cuanto a servicios públicos. El suministro de agua es racionado y escaso por  fallas en el sistema de distribución, lo cual a su vez es provocado por falta de mantenimiento y negligencia, según denuncias hechas por José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, empresa hídrica estatal. El sistema eléctrico también es deficiente. A diario se reportan apagones en todo el país. El mes pasado el estado petrolero del Zulia, en el occidente de Venezuela, estuvo 72 horas sin electricidad. Aunque el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, atribuyó a la naturaleza la deficiencia del servicio, se han hecho públicas denuncias de corrupción en las empresas estatales encargadas de ese servicio en el país. El líder opositor Andrés Velásquez acusó al ministro por presunta corrupción. La CEV señala estas fallas como parte de las condiciones generales del país que no hacen viable una elección presidencial en estos momentos. “Vemos cómo todos los servicios públicos están colapsados y pareciera que no sólo es ineficiencia, sino que pareciera un plan hecho para ver cómo vivimos en una estrechez cada vez mayor, que generará que la gente se vaya del país y los que se quedan nos convirtamos en esclavos de las exigencias del poder”, dice Porras. “Todo eso indica que no hay ningún interés real por las necesidades de la gente, sino simplemente mantenerse en el poder e ignorar el grito de toda la población que es ir (a elecciones) en mejores condiciones y no bajo esta presión en la que hay restricción en todas las libertades”, afirma. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, también formalizó su solicitud de cancelar la elección. El martes 15 aprobó un acuerdo en el que exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender los comicios. Ese mismo día, en la Ciudad de México el Grupo de Lima –coalición de países que cuestionan al gobierno de Maduro– reiteró su posición. “(Hacemos) un último llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones (presidenciales) previstas para el próximo 20 de mayo”, dijo el canciller mexicano, Luis Videgaray, en declaración a los medios tras la reunión del martes 15. Una semana antes Estados Unidos hizo la misma solicitud en voz de su vicepresidente, Mike Pence. El principio de proximidad Las elecciones se convocaron con un cronograma dictado por solicitudes presidenciales y por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que no tiene facultades para ello. El artículo 292 de la Constitución todavía vigente indica que el CNE es el organismo que rige los procesos electorales y como tal le corresponde convocar a elecciones. Sin embargo, las presidenciales de este domingo 20 fueron convocadas por Maduro por conducto de la ANC, que también es cuestionada en su legitimidad pues fue instalada por el presidente sin cumplir con el mandato constitucional de someter a votación su iniciativa mediante referendo. La fecha de la elección es uno de los temas más polémicos. Los críticos suelen señalar que son inconstitucionales por ser adelantadas. En realidad, la Constitución vigente no indica una fecha exacta para las elecciones presidenciales, pero sí establece el día preciso de la toma de posesión del mandatario electo: el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional. Adelantar las presidenciales ocho meses con respecto de la fecha constitucional de la toma de posesión viola el principio electoral de proximidad que debe existir entre la elección y la fecha de la investidura del presidente, de acuerdo con la interpretación de los expertos. “Decir que es anticipada porque es inconstitucional, no es realmente cierto. Lo que sí es cierto es que hay un principio lógico de proximidad que se rompe y va en contra de la tradición electoral de Venezuela. Es aquí donde interviene la lectura política: ¿Por qué se está haciendo de esta manera? Porque el deterioro del país a finales de año va a ser mayor y el gobierno necesita adelantar la elección”, explica Del Pino. Esto generaría una crisis de gobernabilidad dado que el presidente saliente estaría en transición ocho meses, hasta la toma de posesión. Ante este panorama, los analistas aseguran que las elecciones están diseñadas para que Maduro gane y no haya transición. Históricamente, en Venezuela las elecciones presidenciales se realizaban en diciembre. La primera excepción ocurrió en el tercer mandato de Hugo Chávez, cuando se adelantaron para octubre de 2012, en lo que se especuló que fue una decisión impulsada por el delicado estado de salud del presidente, quien falleció meses después sin que pudiera tomar posesión. Fue entonces cuando el vicepresidente Maduro asumió interinamente la Presidencia y lanzó de inmediato su candidatura para las elecciones celebradas en marzo de 2013, donde resultó ganador por poco margen, ante Henrique Capriles Radonski, candidato de la oposición. Carnet de la Patria Cuando se señala ventajismo y falta de condiciones de igualdad para la contienda presidencial, muchos analistas y opositores hacen referencia al Carnet de la Patria como un instrumento de chantaje electoral. “Necesitamos poderes públicos que estén al servicio de todos y no sólo de los que tengan el Carnet de la Patria. A diario nos llegan denuncias de gente que es presionada para salir a votar recibiendo dádivas, comida, ofrecimiento de viviendas, con tal de que voten el 20. Indudablemente, estas condiciones no son equitativas ni igualitarias”, señala Porras. El Carnet de la Patria es una tarjeta electrónica con código QR que almacena información del portador. En su anuncio a finales de 2015, Maduro aseguró que el carnet serviría “para recoger necesidades de la población y conocer su estatus socioeconómico”. Sin embargo, para obtener el documento los interesados deben aportar datos sobre su salud, participación en procesos electorales y si disfruta de beneficios sociales del gobierno, como becas y asignación de viviendas. Hasta el momento sólo se ha usado para controlar el acceso de la población a comida, medicinas, pensiones, becas, vivienda, entre otros planes del gobierno. Una vez que las personas tramitan el documento, deben escanearlo en la aplicación VeQR, controlada por el PSUV, el partido de gobierno. “El abuso de los recursos del Estado para la campaña electoral, lo que hemos visto esta semana, una abierta y manifiesta compra de votos a través del Carnet de la Patria, es una institucionalización de la compra del voto y eso es un delito electoral”, recuerda Del Pino. Aunque Maduro dijo en el pasado que el Carnet de la Patria lo podían tener todos los venezolanos sin importar su filiación política, en medio de la campaña electoral les pidió el voto a los portadores de dicho documento. “Esto es dando y dando, (hay) 16 millones de carnetizados, pero yo los llamo a votar el 20 de mayo, con el Carnet de la Patria. Todos los días voy a llamar a todos los carnetizados, yo los apoyo a ustedes y ustedes apoyan a la Constitución”, advirtió el mandatario el 24 de abril, durante un acto de campaña en Carabobo. Pese a que el artículo 2243 del reglamento de la Ley de Procesos Electorales lo prohíbe, es común que Maduro prometa obras públicas durante su campaña. En el referido acto declaró: “El Carnet de la Patria garantiza las viviendas. Vamos a construir 150 mil viviendas en Carabobo y las vamos a distribuir con el Carnet de la Patria”. Durante 2017 no hubo edificación de viviendas en Carabobo, estado que tiene un déficit de 170 mil casas, según cifras de la Cámara de la Construcción en la entidad. Un estudio de la caraqueña Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) arrojó que 54% de los consultados temen perder beneficios del gobierno si votan contra Maduro este domingo 20. El estudio se hizo en mil 200 hogares, entre el 9 y el 23 de abril pasados. Aunque el CNE reiteró que el sistema automatizado de votación protege el secreto del voto, 34% de los encuestados por la UCAB cree que con el Carnet de la Patria el gobierno sabrá por quién votaron. Con estos resultados, los investigadores dedujeron que este tipo de dádivas sirve como estrategia clientelar para controlar a los votantes. Con el Carnet de la Patria, Maduro ha entregado más de una decena de bonos con distintos motivos: Navidad, Día de Reyes, Carnaval, Día de la Juventud, Día de la Madre, embarazo, parto, lactancia, para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad, para familias, entre otros. Partidos “ilegalizados” Por solicitud de Maduro, la ANC “ilegalizó” a varios partidos políticos de oposición. La ANC aprobó un decreto para obligarlos a someterse a un nuevo proceso de validación de su militancia, en un periodo muy corto, como condición para no ser eliminados. “Esta sanción no está contemplada en la legislación electoral vigente y fue, por tanto, aplicada de manera ilegal y retroactiva”, sostiene el Informe 2018 del Observatorio Electoral Venezolano, organización civil acreditada en el CNE. De este proceso, todos los partidos ilegalizados fueron de oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular, el Partido Unión y Entendimiento y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Estas elecciones son menos competitivas porque no todos los partidos políticos pueden concurrir. Más allá de su decisión de participar o no, no están habilitados para presentar su tarjeta electoral, su derecho fue abruptamente coartado. Y varios líderes de oposición están inhabilitados o presos, como Leopoldo López (preso) y Henrique Capriles Radonski (inhabilitado)”, refiere Del Pino. El candidato oficialista es el mismo presidente Maduro. A él se enfrentan tres aspirantes más: Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada. Falcón, un exmilitar, con el partido de Chávez, el PSUV, obtuvo cargos de elección popular, pero se separó de la revolución chavista en 2010. Estuvo vinculado con la MUD y fue jefe de campaña de Capriles cuando enfrentó a Maduro en las presidenciales de 2013, tras la muerte de Chávez. En 2017 perdió la reelección de la gobernación del estado Lara ante la candidata del PSUV, Carmen Meléndez. Falcón es cuestionado por no atender el llamado de la MUD de no participar en estas elecciones. Bertucci es un pastor evangélico que lidera la iglesia cristiana Maranatha. Está involucrado en el escándalo de corrupción revelado en la investigación periodística Panama Papers, según la cual usó el bufete de abogados Mossack Fonseca para ocultar activos en paraísos fiscales. Estuvo detenido en 2010 por contrabando de diésel y aún está pendiente una sentencia firme sobre el caso. Quijada, quizás el menos mediático, también salió de las filas del chavismo. Nació en 1959 en Suiza, cuando su padre era representante de Venezuela ante la ONU. Apoyó a Chávez en 1992, cuando éste intentó un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Militó en el PSUV hasta 2011. Se dice defensor de la Revolución Bolivariana que, a su juicio, Maduro ha abandonado. Este reportaje se publicó el 20 de mayo de 2018 en la edición 2168 de la revista Proceso.