A los enconos políticos se suma ahora la falta de recursos públicos para financiar las campañas electorales en Chiapas. Es la hora en que esos fondos –casi mil millones de pesos– no se completan, lo que pone en riesgo los comicios para elegir gobernador y renovar el Congreso y los ayuntamientos, además de abrir la puerta al ingreso de dinero sucio a la contienda. TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).– A poco más de un mes de que se realicen los comicios del 1 de julio, esta entidad vive el proceso electoral más atropellado de su historia, debido en parte a la falta de financiamiento público y el ambiente de confrontación política, en el que está implicado el propio gobernador Manuel Velasco Coello, a quien sus críticos relacionan con el partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador.   En este ambiente enrarecido y judicializado en el que 3.5 millones de electores están llamados a las urnas, 10 partidos políticos (ocho nacionales y dos locales) y un candidato registrado como independiente disputan la gubernatura. También se renovarán 40 diputaciones locales y 123 ayuntamientos.  Uno de los principales problemas que enfrenta el proceso electoral estatal es la escasez de recursos públicos, necesarios para financiar su desarrollo, al grado de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) considera que los comicios están en riesgo.  El 31 de octubre de 2017, el Consejo General del IEPC solicitó al gobernador Velasco Coello que considerara un presupuesto total de 953 millones 546 mil 174 pesos para 2018. Sin embargo, el Congreso estatal sólo autorizó poco menos de la mitad: 435 millones 133 mil 513, lo que afectó principalmente el financiamiento de las campañas. Por tal motivo, la autoridad electoral mantiene desde enero diversos encontronazos con el Poder Legislativo local y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ante cuestionamientos como los del presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Willy Ochoa, quien públicamente calificó como “onerosa” la petición del IEPC, el Consejo General del instituto recurrió al Tribunal Electoral para exigir la entrega de más recursos.  Si bien el tribunal falló en favor de la autoridad electoral, hasta esta semana que termina sólo había logrado una ampliación presupuestal por 200 millones de pesos, en espera de los 240 millones que restan del presupuesto que solicitó. En el estire y afloja por recursos públicos, sólo el dirigente del PRI en Chiapas, Julián Nazar Morales, y los representantes de Morena y del PRD ante el IEPC, Martín Darío Cázarez y Samuel Castellanos Hernández, respectivamente, salieron en defensa del órgano electoral para obtener las prerrogativas que requieren. Afinidades y desencuentros Además de los problemas financieros del IEPC, en materia política destaca el caso del candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social), Rutilio Escandón Cárdenas. En el arranque de las campañas para gobernador, el 29 de abril último, Escandón se presentó con López Obrador en actos públicos en Palenque, Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, en los que llegaron a escucharse abucheos cuando aparecieron en el templete, flanqueando al político tabasqueño, Fernando Coello Pedrero, empresario y abuelo materno del gobernador de Chiapas; Eduardo Ramírez Aguilar y Sasil de León Villard, exmilitantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ahora aspirantes de Morena al Senado. La relación de algunos miembros de la familia del mandatario estatal con López Obrador no es cosa menor: su madre, Leticia Coello, trabajó con el tabasqueño en el gobierno del entonces Distrito Federal y su abuelo figura en la posición 24 de la lista para las candidaturas suplentes al Senado. Así, por esos lazos familiares y de amistad, diversos personajes políticos vinculan al gobernador Velasco Coello con Morena y con su candidato presidencial. Una liga más: el delfín de AMLO, Escandón Cárdenas, fue presidente del Poder Judicial local durante los primeros cinco años de la actual administración estatal. Otro conflicto político que se desarrolla en pleno proceso electoral es el del PVEM, partido que originalmente iba a encabezar una coalición con el PRI para impulsar a Roberto Albores Gleason hacia la gubernatura. Ambos institutos políticos serían acompañados por Nueva Alianza y dos partidos locales: Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Sin embargo, en esta semana se rompió su relación.   De esa manera, el PRI y Nueva Alianza se quedaron solos con la coalición Todos por Chiapas, mientras que el Verde y los dos partidos locales formaron La Fuerza de Chiapas, que apoya a Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcalde con licencia de Tuxtla Gutiérrez, quien en 2015 ganó ese ayuntamiento en medio de una polémica elección plagada de denuncias por irregularidades.  En un primer intento, el IEPC rechazó la solicitud de registro de Castellanos Cal y Mayor, con el argumento de que no se separó del cargo como alcalde 120 días antes del 1 de julio. Su equipo legal expuso ante la autoridad electoral que sí lo hizo, que solicitó su separación del cargo el 27 de febrero último, pero que le dieron trámite un mes después.  Al final de cuentas, el aspirante a la gubernatura impugnó la decisión del IEPC y el tribunal local electoral le dio la razón y ordenó su registro. Así, el viernes 25 se sumó como el quinto aspirante a suceder a Manuel Velasco.  Otro de los aspirantes polémicos a la gubernatura es José Antonio Aguilar Bodegas. En 2006 fue candidato del PRI a la gubernatura, fue senador y diputado federal; también ocupó la alcaldía de Tapachula por el mismo partido y la Secretaría del Campo con Velasco Coello. Aguilar Bodegas vuelve a contender por el gobierno de Chiapas, pero ahora lo hace arropado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  Otro exmilitante del PRI va por la gubernatura chiapaneca: es el exdiputado local Jesús Alejo Orantes Ruiz, quien ahora está registrado como candidato sin partido. Es dueño de cientos de hectáreas de caña de azúcar, de gasolinerías, ranchos y concesiones de transporte público. Dice ser un hombre del campo que comenzó su fortuna en los años setenta con 50 hectáreas de siembra de caña, las cuales debió pagar en tres años.  Ataques y riesgo Además de los embates internos en su contra de parte de quienes lo responsabilizan de la ruptura entre el PRI y el PVEM, y de beneficiar a los candidatos Rutilio Escandón y Castellanos Cal y Mayor, el gobernador de Chiapas enfrenta señalamientos externos.  Jesús Ortega Martínez, exdirigente nacional del PRD, y Rubén Aguilar, exvocero presidencial durante el sexenio de Vicente Fox, acusan a Velasco Coello de representar el viejo régimen que pretende mantener el poder mediante el presupuesto de las comunidades y el chantaje a los ciudadanos vía programas sociales.  “Es lo peor del viejo PRI y lo encabeza el gobernador”, sostuvo Ortega.  Aguilar dijo que la única alternativa es la de José Antonio Aguilar Bodegas, pues todos los demás candidatos a gobernador “los ha puesto” el mandatario local.  “(Velasco Coello) trabaja claramente en favor de Morena. Votar por Morena en este estado es votar porque continúe el régimen de Velasco Coello. Morena en Chiapas no lo controla López Obrador, lo controla el gobernador. Venimos a denunciarlo”, agregó.  En respuesta, Martín Darío Cázarez, representante de Morena ante el IEPC, acusó a ambos políticos de estar desesperados ante el avance electoral de Escandón Cadenas.  En recientes entrevistas, Darío Cázarez desechó los señalamientos de sus opositores y destacó que el mayor peligro para la elección son los “golpeteos” contra la autoridad electoral y la falta de recursos “para ejercer un buen arbitraje”. La ausencia de presupuesto, dice, “afecta a los partidos políticos que no tienen sus prerrogativas al cien por ciento”. Si no hay para gastos ordinarios, mucho menos para la campaña, dice.  El representante de Morena alerta que la falta de apoyos puede abrirle la puerta al dinero de “dudosa procedencia” para financiar candidatos y pone de ejemplo: si bien las campañas para gobernador comenzaron el 29 de abril, las de los aspirantes a una diputación y alcaldías arrancarán el martes 29 y hasta el momento a nadie le ha llegado el recurso para ello.   La consejera electoral local Blanca Estela Parra Chávez también expresa su preocupación por la escasez de apoyos, y considera riesgoso que la falta de presupuesto afecte el proceso electoral.  “Los actores políticos deben entender que Chiapas ya no aguanta más. Todos deberíamos estar preocupados y ocupados en garantizar una jornada electoral limpia, en la que los ciudadanos nos den el espacio suficiente para hacer una reflexión de las propuestas de los candidatos y de sus partidos políticos. No se deben llenar los espacios mediáticos de desinformación”, pide la consejera.  Parra Chávez también menciona la existencia de los llamados “focos rojos” para la elección en Chiapas, debido a problemas sociales y políticos: obras incumplidas y el amague de ciertos grupos sociales contra la instalación de urnas.   Este reportaje se publicó el 27 de mayo de 2018 en la edición 2169 de la revista Proceso.