El candidato presidencial Iván Duque es un personaje sin experiencia política –apenas cuatro años en el Senado– pero que tiene todo el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, de quien se dice admirador. El aspirante derechista tiene una agenda muy similar a la del exmandatario, en la que destaca su oposición a los acuerdos de paz con las FARC, mismos que ha amenazado con “modificar”, en caso de que gane en la segunda vuelta electoral este domingo. Para los analistas esto representaría un riesgo real del regreso de la guerra civil a Colombia. BOGOTÁ (Proceso).- Hasta hace cinco meses, el candidato presidencial del derechista partido Centro Democrático (CD), Iván Duque, a quien todos los sondeos ubicaban como favorito para ganar las elecciones de este domingo 17 en Colombia, era un senador poco conocido y con escasa experiencia política. Tenía apenas cuatro años en esa actividad. Pero bastó que el fundador y líder del CD, el exmandatario Álvaro Uribe, lo perfilara como la mejor opción presidencial de ese partido para que su nombre fuera tomado en cuenta por millones de colombianos que estaban esperando que el dirigente político diera línea.  En marzo, después de una consulta interna de una coalición de derecha que lo eligió como su abanderado presidencial, Duque ya figuraba como el candidato favorito.  En la encuesta Invamer, que en enero le había atribuido 9.2% de las preferencias, ya aparecía con 45.9% de respaldo; el pasado 27 de mayo encabezó la primera vuelta de los comicios presidenciales con 14 puntos de ventaja sobre el candidato izquierdista, Gustavo Petro. Aunque la votación no le alcanzó para quedarse con la Presidencia en esa primera ronda (necesitaba la mitad más uno de los votos y obtuvo 39%), todas las encuestas preelectorales lo daban como el ganador en la segunda vuelta de este domingo 17.  “Ese salto político de Duque sólo fue posible por Uribe, a quien le debe todo”, dice el director del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Fabio López de la Roche. Para el catedrático “es claro que, sin el impulso de Uribe, Duque no estaría donde está; pero el expresidente no sólo es una fortaleza para él, sino también una debilidad”. Y es que Uribe es, por una parte, un político de enorme popularidad en Colombia. Según la firma Gallup tiene una aceptación de 51%, y en las elecciones legislativas de marzo pasado fue reelegido como senador con 866 mil votos, una cifra sin precedente para un cargo en el Congreso. En contraste, el exmandatario –quien durante sus dos gobiernos (2002-2010) hizo de la lucha contra las entonces guerrilleras FARC una causa misional– tiene un rechazo de 44%, de acuerdo con Gallup, y enfrenta 28 procesos penales en la Corte Suprema de Justicia y 70 acusaciones activas en el Congreso por delitos que incluyen homicidio, alianzas con grupos paramilitares, manipulación de testigos y masacres. “Uribe es un político que polariza, que divide, que tiene un gran apoyo, un gran rechazo y un amplio prontuario de acusaciones gravísimas. Todo eso lo tiene que cargar Duque”, señala López de la Roche. Duque, sin embargo, asume a Uribe como una de las cuatro personas más determinantes en su formación –las otras tres son su padre, el fallecido político Iván Duque Escobar; el expresidente del BID, Enrique Iglesias; y el empresario Fabio Echeverry Correa– y como un hombre honorable en cuya rectitud cree “ciegamente”. Frente a las acusaciones y causas penales contra el exmandatario colombiano, Duque ha respondido que se trata de “infamias” y nunca ha explicado con claridad qué haría en caso de que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo contra Uribe que implique una condena de cárcel.  Por otra parte, es difícil imaginar a Duque –quien es un tecnócrata preparado, cosmopolita, de trato amable, conciliador, con fama de honesto y defensor de la democracia liberal– obstaculizando la acción de la justicia. López de la Roche considera que “aquí no se trata de las posturas y honorabilidad de una persona, sino de realismo político: Duque no tiene una base política y necesita a Uribe y al uribismo, y eso pasa, inevitablemente, por defender los intereses de ese sector y del líder de ese sector”. Duque ha tenido además el abierto respaldo de los organismos empresariales de Colombia y hasta del tradicional diario El Tiempo, propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, que en un editorial del domingo 10 señaló que el candidato uribista tiene un programa “serio” y representa “una esperanza de moderación y cambio generacional, deseable en la coyuntura”. Y es que el rival de Duque en la segunda vuelta presidencial, el progresista Gustavo Petro, genera muchos temores entre el empresariado, que ha hecho eco a la propaganda uribista sobre el “castrochavismo” que le esperaría a Colombia con el candidato izquierdista.  Por las reformas Consultado por Proceso durante un acto de campaña el mes pasado, Duque, de 41 años, señaló que en una eventual Presidencia suya Uribe sería un gran aliado “desde el Congreso”, donde el exgobernante y senador lideraría la bancada del Centro Democrático. Desde allí, dijo, jugaría un papel “clave” para sacar adelante reformas como la fiscal, que incluiría una baja al impuesto de utilidades de las empresas; la educativa; la de las pensiones, para que los subsidios se reorienten hacia los jubilados de menores ingresos, y la de la justicia, “para hacerla más cercana al ciudadano”. La reforma a la justicia genera muchas suspicacias entre amplios sectores de juristas y analistas políticos, que la ven como una operación para garantizar la impunidad de Uribe, pues incluye la desaparición de cortes que investigan al expresidente o han tenido controversias con él. Según una iniciativa del Centro Democrático, deberían eliminarse la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y gran parte del Consejo de Estado, para dar paso a un Tribunal Constitucional Supremo.  De acuerdo con el proyecto avalado por Duque, la reforma a la justicia estaría encaminada a tener “un sólo órgano de cierre que concentre las jurisdicciones que hoy están en cabeza de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”. El jurista Rodrigo Uprimny considera que los riesgos de esa propuesta “son enormes, pues implicaría casi inevitablemente la revocatoria de las actuales altas cortes”, en algunas de las cuales se concentran investigaciones contra el expresidente Uribe. “Esta iniciativa, por sí sola, es una forma de intimidación para los magistrados que tienen procesos contra Uribe, porque el mensaje del uribismo es: ‘Los vamos a revocar’”, asegura López de la Roche. Duque niega que esa sea la intención de las medidas que propone y asegura que todas las reformas incluidas en su programa de gobierno las pondrá a consideración del país y serán “para favorecer a todos los colombianos, no a alguna persona en particular”. –¿No serán para favorecer al expresidente Uribe? –se le pregunta. –Yo no gobernaría para favorecer a personas, sino al país. En materia de política exterior, Duque defiende una mayor cercanía y coordinación con Estados Unidos en temas como la lucha contra el narcotráfico y el endurecimiento de las sanciones contra el régimen venezolano, que encabeza Nicolás Maduro. Y hasta ha llegado a decir que no descarta trasladar la embajada de Colombia en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo el presidente estadunidense Donald Trump con la sede diplomática de Washington en ese país.  De acuerdo con Duque, un gobierno suyo alentaría “la salida del régimen dictatorial de Maduro” y el combate “al problema del narcotráfico que nos viene del Cártel de los Soles” (como se conoce a los militares venezolanos implicados en ese delito).  Asegura que, además, “como presidente, voy a promover una denuncia a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) para que responda ante la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra los venezolanos que rechazan su dictadura”. Duque afirma que Venezuela, “bajo los regímenes de Hugo Chávez y Maduro ha patrocinado el terrorismo al dar albergue a las FARC (exguerrilla colombiana que ya entregó las armas luego de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos) y al ELN (grupo rebelde colombiano que mantiene un diálogo de paz con el gobierno), y nos hemos quedado cortos en esa denuncia, que también voy a llevar a la CPI”. Al referirse a México, Duque señala que se trata de un “socio muy importante de Colombia”. Los dos países, indica, pertenecen a la Alianza del Pacífico, un esquema de integración regional del que también forman parte Chile y Perú, y mantienen “una estrecha relación bilateral que, desde luego, voy a buscar reforzar”. Dice que esto lo haría con el presidente mexicano que resulte electo el próximo 1 de julio, “sin importar quién sea”.  También, agrega, Colombia y México requieren “mayor coordinación” para enfrentar un tema de creciente preocupación: la presencia de los cárteles mexicanos de la droga en territorio colombiano. “Esto para nosotros es un problema de seguridad nacional”, señala, “y compartimos con México el interés de que a los cárteles de las drogas hay que combatirlos y desarticularlos. En esta tarea, yo espero también que las FARC le entreguen a Colombia toda la información sobre sus rutas y su sociedad con los cárteles mexicanos, para que le pongamos fin a eso”. Duque precisa que el fenómeno de las drogas tiene otra arista: la de la salud pública.  “Al adicto hay que tratarlo, al portador de drogas de uso personal no hay que meterlo a la cárcel, pero hay que confiscarle la dosis, y necesitamos mucha prevención en la sociedad, desde la familia, desde el colegio. Pero a los cárteles hay que combatirlos y desmantelarlos con toda la fortaleza del Estado”, plantea. Un diplomático financiero Aunque Duque es un novato en la política, tiene una larga trayectoria en el sector público y en la diplomacia financiera internacional.  En el 2000, cuando tenía 24 años y era un abogado recién egresado de la Universidad Sergio Arboleda, fue llamado por el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos –de cuya gestión presidencial ha sido un severo crítico en los últimos años– para que fuera su asesor. En 2001 fue designado representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa institución permaneció hasta 2013. Fue consejero de la dirección para Colombia, Perú y Ecuador, y jefe de la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad. En el BID estableció una cercana relación con el expresidente del organismo bilateral, el uruguayo Enrique Iglesias, y con el actual presidente de la institución, el colombiano Luis Alberto Moreno.  Duque, casado con la abogada María Juliana Ruiz y padre de tres hijos, cursó dos maestrías durante su estancia en Estados Unidos, una en derecho internacional económico en la American University, y otra en políticas públicas en la Universidad de Georgetown.  Además hizo cursos de posgrado en la Escuela de Negocios y Gobierno de la Universidad de Harvard, un semillero de la tecnocracia latinoamericana.  Duque, cuyo padre, Iván Duque Escobar, fue un político del Partido Liberal, gobernador de Antioquia y ministro de Minas y Energía, regresó a Colombia en 2014 de la mano del expresidente Uribe para postularse al Senado por el Centro Democrático. Desde el Senado fue un duro crítico de los acuerdos de paz que firmó el presidente Santos con las FARC, los cuales ha prometido modificar si llega a la Presidencia. Para López de la Roche el “riesgo mayor” de un eventual gobierno de Duque será su intención “de acabar o golpear sustancialmente el acuerdo de paz con las FARC y de horadar o hacer inviables las instituciones de la justicia transicional” que se crearon para juzgar a los exjefes de la antigua guerrilla. Duque quiere que los excomandantes de las FARC paguen con cárcel, y no con trabajo comunitario, los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la guerra, y que se les prohíba participar en política. López de la Roche considera que esas modificaciones al acuerdo de paz tendrían posibilidades de ser aprobadas en un Congreso que estará liderado por Uribe y en el que el Centro Democrático y otras fuerzas de derecha podrían construir una mayoría.  “Pero eso”, advierte el académico, “podría llevar al traste el proceso de paz y generar razones adicionales para un indeseable rearme guerrillero. Habría un real peligro de volver a la guerra”. Este reportaje se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.