GINEBRA (apro).- El relator especial de la ONU para Extrema Pobreza, Philip Alston, afirmó que el gobierno de Washington criminaliza a los pobres, especialmente a las personas que se encuentran sin hogar y denunció que la persistencia de la pobreza extrema en Estados Unidos se debe a la falta de voluntad política para erradicarla. "El castigo y encarcelamiento de los pobres es la respuesta típica de los Estados Unidos a la pobreza en el siglo XXI’’, afirmó al presentar su informe el pasado 22 de junio, durante la 38 Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. “Se encierra a los trabajadores que no pueden saldar sus deudas, a quienes no pueden costearse servicios privados de libertad vigilada, a las minorías perseguidas por haber cometido infracciones de tráfico, a quienes padecen enfermedades mentales, a los padres que no pueden pagar la pensión por alimentos y a otras muchas categorías de ciudadanos. Se recurre al encarcelamiento en masa para encubrir temporalmente los problemas sociales y para crear el espejismo de que se ha hecho algo", según el informe. "Es difícil imaginarse una estrategia más contraproducente'', criticó Alston. El diplomático argumentó que los gobiernos federal, estatales, municipales y de condado gastan enormes cantidades en el funcionamiento de las cárceles y presidios. Estos gastos a veces se “recuperan” exigiéndoselos a los presos, lo cual perpetúa el ciclo de estos de pobreza y desesperación. “Con los antecedentes penales que tienen los pobres a raíz del encarcelamiento les resulta todavía más difícil encontrar trabajo, vivienda, estabilidad y autosuficiencia”, observó. “Las familias se destruyen, los niños quedan sin progenitores y va en aumento la carga que soportan los gobiernos. Sin embargo, en vista de lo poco que se hace por atajar las causas subyacentes del problema original, este sigue enconándose'', alegó Alston. El informe se basó en la misión que el experto en derechos humanos efectuó a Estados Unidos entre el 1 y el 15 de diciembre de 2017. El propósito de la visita fue evaluar la medida en que las políticas y los programas del gobierno dirigidos a combatir la extrema pobreza eran compatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como informar al respecto al Consejo de Derechos Humanos y hacer recomendaciones al gobierno y a otros interesados. Durante su visita, el relator especial se reunió con funcionarios públicos federales, estatales, de condado y municipales y con congresistas, representantes de la sociedad civil, académicos y personas que vivían en la pobreza. También recibió con antelación a su visita más de 40 comunicaciones escritas detalladas. Visitó California -Los Angeles y San Francisco-, Alabama -el condado de Lowndes y Montgomery-, Georgia -Atlanta-, Puerto Rico -San Juan, Guayama y Salinas-, Virginia Occidental -Charleston- y Washington, D.C. Contrastes A pesar de que Estados Unidos es una de las sociedades más prósperas del mundo, líder mundial en muchos ámbitos y centro de innovaciones tecnológicas y de otro tipo que no tienen parangón, Alston subrayó que "sus inmensos depósitos de riqueza y conocimientos especializados contrastan marcadamente con las condiciones en que vive gran parte de sus ciudadanos”. Y ofreció datos: “Cerca de 40 millones de personas viven en situación de pobreza, 18.5 millones en situación de pobreza extrema y 5.3 millones en condiciones de pobreza absoluta, propias del tercer mundo''. El país, contrastó, “registra la tasa de pobreza juvenil más alta de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las mayores tasas de mortalidad de lactantes en comparación con otros Estados de la OCDE''. Además, en ese país se observa la tasa de desigualdad de los ingresos más alta de los países occidentales y la reducción tributaria de diciembre de 2017, que ascendió a 1.5 billones de dólares, "benefició abrumadoramente a los más acaudalados y agravó la desigualdad’’. Así, "están claras las consecuencias de desentenderse de la pobreza y promover la desigualdad'', valoró Alston, nacido en Australia y catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York. En cuanto a la criminalización de las personas sin hogar, el informe de Alston refirió que en 2017, según cifras oficiales, 553 mil 742 personas no contaban con un techo, de las cuales 76 mil 501 residen en Nueva York; 55 mil 188 en Los Angeles y seis mil 858 en San Francisco. Sin embargo, "estas cifras están lejos de reflejar en suficiente medida la verdadera escala del problema". Además, en muchas ciudades se criminaliza a las personas sin hogar por la situación en que se encuentran. Y es que, en dicho país se han tipificado un sinfín de delitos, entre ellos los de dormir a la intemperie, sentarse en lugares públicos, mendigar u orinar en público, sólo con el fin de hacer frente a la “plaga” de la falta de hogar. "La criminalización de las personas sin hogar en ciudades que prácticamente no ofrecen aseos públicos parece especialmente despiadada'', deploró Alston. Como ejemplo, el representante de la ONU describió la situación que viven las personas sin hogar en una ciudad como Los Angeles, que incluso falla con cumplir las normas mínimas establecidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para los campamentos destinados a los nacidos en la República Árabe Siria y otras situaciones de emergencia. Según el especialista, una regulación cada vez más estricta e invasiva da pie a avisos de infracción emitidos contra personas sin hogar que en breve se convierten en delitos. A su vez, es causa de órdenes de detención, encarcelamiento, multas imposibles de pagar y el estigma de una condena penal a raíz de la cual resulta prácticamente imposible acceder posteriormente al empleo y a casi cualquier tipo de vivienda. Además, agregó el informe, autoridades de ciudades como Los Angeles y San Francisco a menudo alimentan este círculo vicioso. Por ejemplo, sólo en 2016 detuvieron en Los Angeles a 14 mil personas sin hogar, lo cual supone un aumento de 31% con respecto a las cifras de 2011. Es espectacular, dijo el autor del estudio, el contraste entre la inmensa riqueza de unos cuantos y la miseria y las privaciones a las que está ligada la existencia de un enorme número de ciudadanos de Estados Unidos. "A lo largo de casi cinco decenios la política general adoptada al respecto ha sido, en el mejor de los casos, negligente, pero las políticas del último año parecen pensadas a propósito para retirar a la población más pobre la protección básica, castigar a quienes no están empleados e, incluso, hacer de la atención sanitaria básica un privilegio que hay que ganarse, no un derecho derivado de la condición de ciudadano", alegó el documento. Reorientación de políticas La visita del relator especial coincidió con la espectacular reorientación de las políticas de Estados Unidos en la materia: ofrecen a los más acaudalados y a las empresas más grandes desgravaciones fiscales y ganancias financieras de una cuantía sin precedentes; sufragan en parte estas medidas fiscales mediante reducciones de las prestaciones sociales de la población pobre. Además, obedecen a un programa radical de desregulación en los ámbitos financiero, ambiental, sanitario y de seguridad orientado a eliminar las protecciones que favorecen a las clases medias y a los pobres; se proponen agregar a más de 20 millones de personas pobres y de clase media a las multitudes que carecen de seguro médico. Asimismo, el gobierno de Trump restringe las condiciones de acceso a muchas prestaciones sociales a la vez que incrementan los obstáculos que deben superar quienes reúnen tales condiciones; aumentan de forma espectacular el gasto en defensa, a la vez que rechazan las solicitudes de mejora de las prestaciones esenciales de los veteranos; no aportan fondos adicionales suficientes para hacer frente a una crisis causada por opioides que está diezmando partes del país y no se esfuerzan por combatir el racismo estructural. "Esta situación no presagia nada bueno, no sólo para los pobres y la clase media de Estados Unidos, sino tampoco para la sociedad en su conjunto, en la medida en que un índice de pobreza alto crea disparidad en el sistema de educación, entorpece la formación de capital humano y hace mella en la futura productividad", advirtió el relator especial de la ONU para Extrema Pobreza, Philip Alston. "Quienes defienden el status quo describen a Estados Unidos como tierra de oportunidades y lugar donde es posible hacer realidad el sueño americano, pues los más pobres pueden aspirar a formar parte de la población más rica. Sin embargo, la realidad es hoy en día muy distinta", remarcó, entreviendo que aquel sueño se ha convertido en una franca pesadilla. El relator especial presentó su informe a los miembros del Consejo de Derechos Humanos y ante la silla vacía de Estados Unidos que, dos días antes, anunció su salida del máximo organismo de la ONU que vela por los derechos humanos. Nikki Haley, embajadora estadunidense ante la ONU y quien anunció la retirada de Washington, descalificó el informe alegando que era “ridículo que Naciones Unidas examine la pobreza” en Estados Unidos. "Observo con pesar que la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, ha caracterizado a este Consejo como un estanque de aguas negras y decidió retirarse de él pocos días antes de mi presentación'', lamentó Alston ante el pleno. "Hablando de pozos negros, mi informe llama la atención sobre aquellos que presencié en Alabama cuando las aguas negras se vertían en los jardines de personas que nunca podían pagar 30 mil dólares por sus propios sistemas sépticos en un área notablemente cercana a la capital del estado. Llegué a la conclusión de que los pozos negros deben limpiarse y los gobiernos deben actuar. Alejarse de ellos con desesperación, como en Alabama, solo agrava los problemas'', dijo. Luego, recordó que la sugerencia de que el Consejo sólo debería consistir en Estados respetuosos de los derechos humanos fue hecha hace mucho tiempo por Estados Unidos y otros gobiernos, pero la moción fue abandonada porque no existen criterios viables para determinar quién debe calificar bajo tal prueba. "Los buenos muchachos designados no solo serían pocos, sino que hablarían improductivamente entre ellos. La promoción de los derechos humanos requiere un fuerte compromiso, no comportarse como el niño enojado que coge su balón de fútbol y se va a casa'', lanzó el relator especial. En referencia a las quejas de Haley en el sentido de que el Consejo no ha hecho nada con respecto a países como Venezuela, Alston le respondió que, de hecho, "yo y varios relatores especiales informamos a principios de este año que un gran número de venezolanos se muere de hambre, privados de medicinas esenciales y tratando de sobrevivir en una situación que está cayendo en espiral sin un final a la vista. Advertimos sobre una tragedia en desarrollo de proporciones inmensas". Compromisos vs voluntad política Al volver a su informe, Philip Alston subrayó que sucesivas administraciones, entre ellas la de Trump, han rechazado con firmeza la idea de que los derechos económicos y sociales son derechos humanos auténticos, a pesar de aparecer reconocidos claramente en tratados esenciales ratificados por Estados Unidos, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos que, según ha insistido el mismo país para que se respeten. "Sin embargo, la negación no elimina la responsabilidad ni hace que desaparezcan las obligaciones", remarcó. "En la práctica, Estados Unidos es el único país desarrollado que insiste en que, aunque los derechos humanos son de importancia capital, no forman parte de ellos los derechos a estar protegido para no morir de hambre, para no morir por falta de acceso a una atención médica asequible o para no crecer en un contexto de privación total'', lanzó el experto. "Al reflexionar sobre la pobreza, resulta llamativa la importancia dada a descripciones caricaturescas de las presuntas diferencias innatas entre ricos y pobres que resurgen sistemáticamente en el discurso de algunos políticos y medios de comunicación. Los ricos son industriosos, emprendedores, patriotas e impulsores del éxito económico. Los pobres son manirrotos, fracasados y estafadores", citó el informe. También criticó que gran parte de los ciudadanos más acaudalados no pagan impuestos en la misma proporción que otros, acumulan buena parte de su riqueza en el extranjero y a menudo perciben ingresos que proceden exclusivamente de la especulación, sin que contribuyan a la prosperidad general de la comunidad de Estados Unidos. "Cuando se imagina a los pobres, no suelen estar lejos distintos estereotipos racistas. La inmensa mayoría de las veces se da por sentado que los pobres son personas de color, ya sea afroamericanos, ya inmigrantes hispanos. Lo cierto es que hay ocho millones más de blancos pobres que de negros pobres. El rostro de la pobreza en Estados Unidos no es solamente negro o hispano, sino también blanco, asiático y de otras muchas ascendencias", describió. Alston admitió que no existe una receta mágica para eliminar la pobreza extrema. Sin embargo, en última instancia, sobre todo en el caso de un país rico como Estados Unidos, “la persistencia de la pobreza extrema es una opción política de la que son responsables quienes ocupan el poder’’. No obstante, argumentó que “con voluntad política sería fácil eliminarla. Lo que se sabe a partir de una dilatada experiencia y a la luz de las obligaciones del gobierno en materia de derechos humanos es que existe una serie de ingredientes indispensables para todo conjunto de políticas dirigidas a eliminar la pobreza’’. Entre estos, mencionó “una adopción de decisiones de carácter democrático, políticas en pro del pleno empleo, la protección social de los vulnerables, un sistema judicial imparcial y eficaz, la igualdad racial y de género, el respeto de la dignidad humana, políticas fiscales responsables y justicia ambiental”. Con esa reflexión concluyó el informe del relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos.