Contra la Ley Bonilla, partidos de oposición y el INE; a prueba, la independencia de la Corte

miércoles, 23 de octubre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado viernes 18, las primeras acciones de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla” en Baja California. Frente al máximo tribunal del país, los representantes de los partidos políticos señalaron que con estos recursos se pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). En entrevista con Proceso, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Pamela San Martín adelanta que el órgano autónomo buscará subirse al carro de las impugnaciones constitucionales, pues con la “Ley Bonilla” se pretende imponer un “golpe contra la normalidad democrática del país” y contra la propia Constitución. Junto al equipo legal del INE y el apoyo de los demás consejeros electorales, abunda, busca participar en el proceso desde la figura de un amicus curiae para presentar pruebas de las violaciones ante la SCJN, o mediante una acción de inconstitucionalidad si existen elementos de que el Legislativo sudcaliforniano desconoció el pacto federal. “Esta no es no es una discusión sobre el pleito personal que tenga el gobernador electo Jaime Bonilla contra cualquiera de los integrantes del consejo general, el INE o cualquier órgano autónomo. Es una discusión sobre los derechos de la ciudadanía”, sostiene. “Por eso es tan escandalosa la Ley Bonilla, porque es una y otra vez pisotear los derechos de los ciudadanos, tratando de hacer prevalecer el interés personal por encima del interés público”, agrega. Horas antes de que se presentaran las impugnaciones, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, publicó el decreto No. 351 por medio del cual se reformó el artículo Octavo Transitorio de la Constitución de dicho estado, con el que se amplía el mandato de Bonilla de dos a cinco años. La medida, según Marko Cortés, presidente del PAN, “pretende legislar para una sola persona” y “es el laboratorio para ampliación de mandato” del propio presidente de la República, a cuyo partido también pertenece Bonilla. Por su parte, Fernando Belaunzarán, integrante de la Dirigencia Colegiada del PRD, acusó: “Lo único que puedo decir es que la Corte se juega su credibilidad en este evento. Si no tiran la ‘Ley Bonilla’ en estos momentos de concentración del poder, de presidencialismo, estaríamos diciendo se murió el contrapeso”. Otros integrantes de los partidos políticos que conforman la oposición, entre ellos Alejandro Cárdenas Moreno, presidente del PRI, y Clemente de la Vega, diputado de MC, señalaron que existen “vicios en el proceso legislativo”, según las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la SCJN y a las cuales este semanario tuvo acceso, pues pretende suplantar la soberanía popular por una soberanía legislativa. Este criterio también lo comparte Pamela San Martín, quien, junto con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el consejero Ciro Murayama, aseguran que la modificación al periodo de gobierno pone al Congreso sudcaliforniano como elector y no a los propios votantes. Al respecto, la consejera del INE sostiene que el futuro democrático del país se encuentra en manos del máximo tribunal y el PJF. --¿Qué precedente dejaría para la democracia en nuestro país que se deje pasar a la Ley Bonilla? --Dejaría un precedente sobre quién es el gran elector en este país: si somos los ciudadanos o lo es un congreso al margen de la Constitución federal. Es decir, si nuestros derechos son válidos o no lo son. “En segundo lugar, sería un pésimo precedente en muchos estados en donde los gobernadores tienen un congreso que les es contrario. “A este país le ha costado mucho tener una democracia procedimental, y la hemos construido todos, yendo a votar, contando el voto de los vecinos, vigilando los resultados y que sea efectivo cada uno de ellos. Venimos de un pasado espantoso en este sentido”, apunta San Martín. La Corte ante Bonilla Desde las ocho de la mañana del pasado viernes 18, representantes de los partidos políticos de oposición hicieron su arribo a la Suprema Corte. Acompañados por representantes de sus consejos jurídicos, presentaron los recursos ante la oficialía de partes, que a su vez dará acceso a la Unidad de Acciones y Controversias de la SCJN. Ya concluido el proceso legal de primera instancia, lo asignará a alguno de los 10 ministros en activo para que elabore un proyecto. Según fuentes al interior de la SCJN, el periodo para resolver dichas acciones de inconstitucionalidad comprende entre uno a seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. Mientras tanto, los recursos contra la llamada “Ley Bonilla” se mantendrán a la espera de que se les asigne un ministro que estudie el caso y lo pueda presentar al pleno. Dicho periodo sobrepasa el tiempo en el que Jaime Bonilla tomará posesión como gobernador constitucional de Baja California, es decir, desde el 1 de noviembre próximo. De acuerdo con la consejera Pamela San Martín, la demora en su publicación y el empalme con el periodo de tiempo para impugnarla mantendrá varios meses en la zozobra jurídica a los electores sudcalifornianos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio. “Difícilmente la Corte va a pronunciarse antes, pero validará que es posible hacerlo en los seis meses después de tomar el cargo. Entonces estaría en manos de los propios actores, partidos y el gobernador, colocarse en una situación que ya no les permita definir la constitucionalidad de sus actos”, señala. El pasado sábado 19, el abogado Julio César García Ortiz, presidente de la asociación Litigio Estratégico Mariano Escobedo, aseguró a Apro que la SCJN puede resolver la “Ley Bonilla” por una vía rápida, declarando su “preclusión” y por lo tanto su caducidad o inexistencia, debido al incumplimiento de los tiempos que establece el proceso legislativo, porque el Congreso del estado incumplió el plazo máximo de 10 días para enviar la reforma al titular del Ejecutivo para su publicación. No obstante, esta vía aún no es muy clara. Una semana antes a la publicación del decreto, con el que se abrió la posibilidad de impugnar la “Ley Bonilla” por la vía jurídica, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “chicanada” el hecho de que la pasada legislatura federal dijera que la reforma se encontraba “perdida”. Así lo señaló en su conferencia de prensa matutina: “Nuestra opinión desde el Ejecutivo es que se tiene que publicar la ley porque no se ha publicado, se llegó al extremo de que el Congreso o algunos diputados dijeron que no se publicaba porque no la encontraban”. Añadió que su papel como presidente de la República no era impugnarla porque “es un asunto de partidos”. “Mejor que lo hagan los que la impusieron, que ofrezcan disculpas y que lo digan: ‘nos equivocamos, tan es así que vamos a impugnar’, pero no meternos nosotros, porque eso es lo que quisieran los conservadores”. Sin embargo, no existe certeza de que la “Ley Bonilla” encuentre terreno para su impugnación sin que existan trabas dentro de la Suprema Corte. Tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora se produjo una reconfiguración en la correlación de fuerzas dentro del máximo tribunal que ya produjo votaciones divididas y dificultad para lograr consensos. Ello ocurre especialmente entre las fracciones cercanas a pasadas administraciones federales y la actual. Dicho escenario, por ejemplo, se produjo el pasado martes 8, cuando se votó una acción de inconstitucionalidad relacionada con penas relativas al delito de secuestro contempladas en una reforma al Código Penal de Veracruz. Al no juntar los votos para echar abajo la ley contemplada en las acciones 5/2018 y su acumulada 17/2018, fue necesario que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, llamara a sus compañeros para “flexibilizar” sus criterios y no entrar en controversias derivado de posturas ideológicas. Para ello, pidió poner por alto la responsabilidad de Estado que tienen, con el fin de darle agilidad a los procesos que lleva el alto tribunal. El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se necesita reunir los votos de ocho ministros para aprobar una acción de inconstitucionalidad (por mayoría calificada), mientras que para aprobar la constitucionalidad de una ley se requieren sólo seis (mayoría simple). En caso de que no se pudieran reunir los votos necesarios para validar o invalidar la norma, el caso se “desestimaría” y la norma impugnada quedaría vigente. Oposición, los argumentos Según las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRD, MC y PRI, a las que este semanario tuvo acceso, la oposición a Morena se presentó como sujeta a derecho de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral, al considerar el decreto No. 351, por medio del cual se reformó el artículo Octavo Transitorio de la Constitución de Baja California, ya que pone en entredicho la “certeza sobre el periodo por el cual el ciudadano vota por un gobernante determinado”. “Radica también en el ejercicio de la soberanía del pueblo a través del derecho irrenunciable de elegir a sus gobernantes, por lo que la claridad y certeza no sólo es sobre quien gobierna, sino sobre la duración de su mandato y el subsecuente proceso electoral para elegir al próximo gobernante. Es por ello que todo lo relacionado con la duración del mandato y sus posibles modificaciones es evidentemente de naturaleza electoral”, argumentó el PAN en el documento presentado el pasado viernes 18. Además, según el PRD, existen criterios jurídicos con los que se puede sustentar que el Congreso de Baja California, al haber publicado una modificación para extender el periodo de gobierno, negó derechos políticos a los electores, establecidos en la Constitución mexicana, como lo es el derecho al voto, la no retroactividad de la ley y la “pretensión de hacer una ley para una persona” en específico. “Por ello, el decreto del que se demanda su invalidez trae consigo un otorgamiento de ventajas, privilegios indebidos y beneficios dirigidos única y exclusivamente a la persona del C. Jaime Bonilla Valdez, candidato electo como gobernador constitucional del estado de Baja California, en el proceso electoral ordinario 2018-2019”, advierte otro documento presentado ante la oficialía de partes de la SCJN. A decir de Ángel Ávila Romero, presidente interino del PRD, con la reforma se negó derechos a los electores, pues la ley sólo beneficia a una sola persona, Jaime Bonilla, encima del derecho de los ciudadanos a votar y ser votados. “No solamente lo decimos nosotros, también lo dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; lo dice también el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova; lo dicen ministros y exministros de la Corte”, explicó. Por su parte, MC expuso que existe sustento para emplazar al juicio, ya que en Veracruz dicho partido pretendió impugnar el periodo de tiempo en que gobernó Miguel Ángel Yunes y que también fue previsto en la reforma electoral de 2014 por un periodo de sólo dos años, como sucedió en Puebla. La acción de inconstitucionalidad 13/2015 fue analizada en el fondo por el Pleno de la Suprema Corte, después de estimar procedente la acción al tratarse de una norma electoral y que el partido político contaba con legitimación activa para hacerlo, aunque no resolvió a su favor. “Si bien el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez estaba en su derecho de interponer los medios de impugnación previstos en la ley por ser así su derecho, con el objeto de ampliar su mandato para el cual contendía, lo cierto es que una vez que su pretensión no se vio complacida por el TEPJF el Congreso procedió a concedérsela por la vía de la reforma a la Constitución”, destaca el documento presentado por MC. “Una norma cuyo único destinatario y beneficiario es una sola persona, pues es la única con la que cuenta con la calidad de gobernador electo y la única capacitada para tomar protesta el 1 de noviembre, confronta abiertamente la Constitución federal”, añade. Ante los argumentos vertidos por los partidos federales que participaron en la elección de junio pasado en Baja California, la consejera Pamela San Martín advierte que existen elementos para sustentar el litigio jurídico y la SCJN se pronuncie a favor de su inconstitucionalidad. A no ser que, subraya, se atraviese “otros criterios” que no sean el de cuidar el orden constitucional y la certidumbre democrática. --¿Es posible que el presidente López Obrador meta las manos en este caso? --Creo que las instituciones y los servidores públicos debemos de cumplir con la función que nos han encomendado. El papel de la Suprema Corte es fungir como control de la constitucionalidad de los demás poderes, tanto del Ejecutivo, del Legislativo y, por supuesto, también de los organismos autónomos. Este papel no sólo se juega en la resolución de los casos concretos, lo es de la vida democrática en su conjunto y esperamos que no pesen otros criterios para resolverlo. A dichos criterios, según el PAN, también apelará ante el Tribunal Electoral de la Federación, que ya con anterioridad se pronunció dos veces en contra de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla… Aunque la disputa en las instancias federales apenas empieza.

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