Alan García: Del pecado al autosacrificio

viernes, 26 de abril de 2019
El suicidio del expresidente peruano Alan García, el miércoles 17, puso fin a la investigación contra él pero fortaleció las sospechas contra el resto de los expresidentes y altos funcionarios acusados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht. Aunque la actuación de la fiscalía de Perú fue cuestionada por el partido de García, la autoridad anticorrupción se muestra firme en su intención de llegar al fondo de sus indagatorias. BOGOTÁ (Proceso).- Cuando un grupo de fiscales y policías se presentó el miércoles 17 en la casa de Alan García para detenerlo por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el dos veces expresidente de Perú enfrentaba, más que un procedimiento judicial ignominioso, la posibilidad de un fin indigno para su azarosa carrera política. Su suicidio fue asumido por sus seguidores y el Partido Aprista Peruano (PAP), que él dirigía, como un acto “de dignidad” que preserva “su lugar en la historia”. La dirigente del Partido Aprista, Mercedes Cabanillas, dice a Proceso que la muerte de García se produjo en medio de la “persecución” de la que fue objeto por parte de la fiscalía para implicarlo en el caso Odebrecht “sin pruebas contundentes”. La fiscalía peruana es una de las que gozan de más autonomía en América Latina y es la que mayores resultados ha obtenido en las indagaciones sobre la red de corrupción de la constructora brasileña, cuyos directivos han delatado a varios políticos de la región por recibir sobornos a cambio de contratos de obra pública. Alan García era uno más de los expresidentes peruanos investigados por el caso Odebrecht. Los exgobernantes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala están procesados o bajo indagatoria por cargos de recibir pagos ilegales de esa constructora. Toledo es prófugo de la justicia peruana y se encuentra refugiado en Estados Unidos; Kuczynski está bajo investigación preliminar, y Humala enfrenta en libertad restringida un proceso penal por lavados de activos. Su esposa, Nadine Heredia, está acusada de colusión. Exdirectivos de Odebrecht han denunciado que Toledo, Humala y Alan García recibieron dinero de esa constructora para sus campañas políticas. También han implicado a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva, y a los exalcaldes de Lima Susana Villarán y Luis Castañeda, que están bajo investigación. En ningún otro país de América Latina hay expresidentes y tantos políticos de alto nivel en la mira de la justicia por el caso Odebrecht, debido a la autonomía que tiene la fiscalía peruana para desarrollar sus investigaciones. Con el suicidio de Alan García el país comienza a debatir si los fiscales están actuando en el cumplimiento de su deber o atraídos por la exposición pública que les ha dado el caso de corrupción más importante en la historia moderna de América Latina. La dirigente aprista Mercedes Cabanillas sostiene que el fallecido exmandatario fue víctima “de una cacería sin tregua” por parte de la fiscalía y que esa institución nunca tuvo pruebas sólidas contra él. “Fue acosado y acusado sin elementos, sólo con suposiciones. Estamos de acuerdo con que se investigue a todos los corruptos, pero con imparcialidad y con seriedad”, asegura. El abogado de García, Erasmo Reyna, dijo que la fiscalía cometió un cúmulo de “irregularidades” en el procedimiento de detención del exgobernante en su propio domicilio, como permitirle subir solo a su habitación tras notificarle de la orden de aprehensión preliminar, la cual implicaba que podría estar bajo arresto un máximo de 10 días. Para algunos comentaristas de la radio y la televisión peruanas la reacción de Reyna y de los dirigentes apristas ha sido “desmesurada” pero comprensible debido a la pérdida de su figura principal, quien fue dos veces presidentes de Perú, en los periodos 1985-1990 y 2006-2011. Por otro lado, la abogada penalista peruana Romi Chang señala que la muerte del expresidente no debe usarse para calificar en forma maniquea la labor de la fiscalía en la lucha contra la corrupción. “La fiscalía está haciendo un uso desmedido de la detención preliminar, que es un recurso para casos extremos en los que se requiere agotar una indagatoria que puede prescribir. Y esto ha hecho que se genere una sensación de desproporcionalidad, de arbitrariedad, y ha llevado a personas a decir que hasta muertes se generan por esto”, señala Chang. El mismo día que Alan García se suicidó, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo el año pasado y cumple detención preliminar por el caso Odebrecht, fue hospitalizado de emergencia para ser tratado de una obstrucción arterial en el corazón. Para Chang, la fiscalía debe actuar “conforme a la ley” y utilizar la detención preliminar sólo en los casos en que haya un peligro de fuga y un riesgo procesal. La abogada considera evidente que la fiscalía pidió y obtuvo en un juzgado la orden de prisión preliminar para García con el propósito de solicitar detención preventiva al vencerse el término de los 10 días. A decir del litigante Erasmo Reyna, eso deja en claro que los fiscales encargados del caso contra García no tenían elementos para procesarlo penalmente. Chang dice que el abuso de la detención preliminar –motivo de debates en Perú desde hace años– acaba “tergiversando la razón de ser de las investigaciones por corrupción, termina poniéndolas en duda y les quita fuerza”. La abogada penalista indica que la falta de rigor con los ordenamientos procesales en la lucha contra la corrupción es lo que sustentó las críticas de algunos sectores hacia la fiscalía después del suicidio de García.  A su vez, la institución justificó la solicitud de detención preventiva del expresidente con el argumento de que el año pasado se refugió 10 días en la embajada de Uruguay en Lima para solicitar asilo político y que esa acción revelaría su intención de huir de Perú.  En diciembre pasado el gobierno uruguayo negó el asilo a García al considerar que no era víctima de persecución política y que en Perú “funcionan autónoma y libremente los tres poderes del Estado”. Los cargos El pasado miércoles 17, los fiscales Henry Amenábar y José Pérez Gómez se presentaron con efectivos de la Policía Nacional en la casa de Alan García, ubicada en el distrito limeño de Miraflores. Llevaban una orden de detención preliminar.  Después de ser notificado, el expresidente pidió a los fiscales que le permitieran hacer una llamada a su abogado. Subió a su habitación y se disparó en la cabeza. Enfrentaba tres cargos penales: tráfico de influencias, lavado de activos y colusión agravada, todos ellos relacionados con presuntas gestiones para darle a Odebrecht contratos de obra pública durante su segundo mandato presidencial, entre 2006 y 2011. Según la investigación de la Fiscalía de Perú, García pudo recibir sobornos de la constructora brasileña a cambio de la adjudicación de las obras de la línea 1 del metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la autopista Interoceánica Sur.  Algunos de estos pagos presuntamente le fueron entregados por intermediación de Miguel Atala y José Luis Nava, quienes fueron funcionarios de su gobierno. Nava está acusado de recibir 4 millones de dólares de Odebrecht para transferirlos a García, de los cuales 1.3 millones fueron enviados a una empresa offshore representada por el expresidente de Petroperú, Miguel Atala. Otra acusación de la fiscalía consistió en que la compañía brasileña financió con 200 mil dólares la campaña presidencial de García en 2006 y le pagó 100 mil dólares por dar una conferencia en Sao Paulo en 2012, aunque en realidad pudo ser parte de los sobornos pactados. La investigación que enfrentaba García era de carácter preliminar, pero tenía prohibido salir del país. La principal prueba de la fiscalía en su contra era una declaración del exdirectivo de Odebrecht Marcos de Queiroz Grillo, quien afirmó que el contrato mediante el cual el expresidente recibió el pago por la mencionada conferencia fue simulado y que el desembolso se hizo a través de otra firma.  Además, Odebrecht entregó a la fiscalía peruana documentos de varias transferencias al exsecretario de la Presidencia de García, José Luis Nava. El abogado del exmandatario, Erasmo Reyna, sostiene que los documentos no vinculan a García con esos fondos y que si Nava incurrió en algún delito debe responder a título individual. Tanto Reyna como García cuestionaron reiteradamente al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez por sostener, “sin pruebas”, que el dinero recibido por Nava era para el expresidente. El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró el año pasado que la constructora aportó 200 mil dólares a la campaña de García en las elecciones de 2006 y que esos fondos los recibió el exministro aprista Luis Alva Castro. Una prueba circunstancial que presentó la fiscalía es que el 19 de febrero de 2009 García viajó al Cuzco junto con Barata para inaugurar un tramo de la autopista Interoceánica Sur y que ese mismo día, de vuelta en Lima, aprobó un decreto que permitió a la constructora obtener el contrato del metro de la capital peruana. Barata deberá declarar esta semana ante fiscales peruanos sobre los aportes y sobornos que Odebrecht otorgó a políticos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.  La diligencia está programada para realizarse en Curitiba, Brasil, entre el martes 23 y el viernes 26. Alan García tenía 69 años. Como ya no está sujeto a investigación, falleció en calidad de inocente de los cargos que le imputa la fiscalía peruana. Pero los procesos contra sus coacusados siguen abiertos. Un día antes del suicidio del expresidente, el fiscal a cargo del caso Odebrecht en Perú, Rafael Vela, dijo que Barata “tiene mucho que responder” y que la información que proporcione será “vital” y se incorporará a la investigación.  Un sitio en la historia Alan García asumió por primera vez la presidencia de Perú en 1985, a los 36 años. Su gobierno se caracterizó por el bajo crecimiento, una inflación que rebasó el 500% y el ascenso del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que desató una guerra terrorista contra el Estado. En 1991, un año después de concluir su primer mandato, fue acusado de enriquecimiento ilícito y solicitó asilo político a Colombia, donde se radicó. Volvió a Perú 10 años después, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró prescritos los delitos que se le imputaron. Volvió a la Presidencia en 2006, tras vencer a Ollanta Humala en segunda vuelta, y su gestión fue exitosa en lo económico y en lo social. Aquel antiguo político socialdemócrata de encendida oratoria antiimperialista se transformó en un eficaz gestor del modelo neoliberal. Perú creció y abatió la pobreza.     Para su amiga y exministra de la Mujer, Nydia Vilches, García aprendió “de los errores del pasado” y eso le permitió realizar un buen gobierno en su segundo mandato. “Tenía un profundo sentido de la historia y de la dignidad de la investidura presidencial”, aseguró a periodistas. Poco antes de suicidarse García le dio una entrevista a la cadena radial RPP, en la que declaró: “Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia y, si me permite, creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú”. Este reportaje se publicó el 21 de abril de 2019 en la edición 2216 de la revista Proceso

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