BEIJING (Proceso).– Li Wenliang es el rostro que cualquier amontonamiento de cadáveres necesita para alcanzar la fibra. La
muerte del oculista ha catalizado el duelo y la ira acumulados tras dos meses y al menos 600 muertes. Un comunicado del hospital de Wuhan certificó el jueves 6 su tránsito de héroe a mártir.
El joven de 34 años alertó a unos amigos sobre la epidemia en su fase más temprana, vía un mensaje que acabó viralizándose contra su voluntad. Fue acusado por la policía de “propagar rumores” y de “atentar contra el orden social”. Incluso, firmó una confesión, se puso a trabajar de nuevo, se contagió operando un glaucoma y pese a que padecía sus horas agonizantes defendió la libertad de expresión como instrumento contra las epidemias.
La muerte de este médico ha sumido al país en una pena irremediable. Nunca un tema había monopolizado las redes sociales como la muerte de Li. Dos hashtags se repiten sin pausa: “El gobierno de Wuhan le debe una disculpa al doctor Li” y “Queremos libertad de expresión”.
El gobierno chino ha aprendido las lecciones del SARS. Su calamitosa gestión en 2003 de aquella epidemia que dejó 800 muertos en el mundo la empujó a la ignominia global. Ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la revista The Lancet y el gremio de científicos han aplaudido su resuelta y transparente reacción al coronavirus de Wuhan, como la secuenciación del patógeno en dos semanas, los datos diarios sobre la evolución de la epidemia, la construcción de dos hospitales en un par de semanas y la cuarentena sobre 50 millones de habitantes.
Sin embargo, a medida que se profundizaba en lo ocurrido en Wuhan durante los primeros días, se asentaba la idea de que el sistema político robusto que faculta la reacción briosa también permitió, con sus viejos vicios, que el virus se hiciera fuerte.
Los chinos recuerdan que su gobierno escondía la epidemia del SARS bajo la alfombra cuando ya se acumulaban los muertos. El compromiso de transparencia actual no ha sido tibio: el Tribunal Supremo Popular ha reprendido a los policías que amenazaron a Li y a otros siete médicos, también han sido castigados decenas de funcionarios y Beijing ha decretado una libertad inédita.
El espejismo
Por las redes sociales circulan sin bridas los videos grabados por ciudadanos que muestran los hospitales desbordados, los cadáveres en bolsas, los médicos exhaustos y la falta de mascarillas y material básico.
Beijing también dio carta blanca a los medios para que desnudaran todas las tropelías de los funcionarios locales, como se hizo en 2015 para someter al escarnio público a los de la ciudad de Tianjin tras una gran explosión química que mató a 164 personas.
Ningún personaje en esta historia ha salido peor parado que el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang. Es cierto que, como adujo, el sistema jerárquico vertical no estimula el flujo de información, pero es menos disculpable que silenciara la transmisión del virus entre humanos, organizara cenas multitudinarias en espacios cerrados tras los primeros casos o enviara a la policía contra los médicos que alertaron de la epidemia.
La prensa nacional se ha lanzado con ímpetu al escándalo, desde el oficialista
Global Times hasta los medios privados. Se han disfrutado coberturas ejemplares que incluyen desde historias humanas de los enfermos a denuncias de irregularidades, como las mascarillas que la Cruz Roja de China debía entregar a los doctores y acabaron en manos de los funcionarios del partido.
Medios como el prestigioso Caixin han destinado a docenas de periodistas para detallar cómo el gobierno local demoró las medidas hasta lo irresponsable. La publicación desveló que por la falta de camas se rechaza a muchos enfermos, obligándolos a guardar cuarentena en sus domicilios y cuyas muertes escapan a las estadísticas.
Sin embargo, se percibe el fin de la fiesta de la transparencia. El presidente Xi Jinping pidió esta semana “que se fortalezca el control de los medios”. El reportaje de Caijing ha sido borrado de las redes sociales y el Departamento de Propaganda del gobierno ha enviado a 300 periodistas a la región para que emitan información más apegada a la ortodoxia.
Quizá los medios chinos fueron más lejos de lo previsto, quizá el gobierno central teme que el odio sobre los funcionarios locales se vuelva contra él, o quizá el experimento tenía fecha de caducidad.
“A medida que pasaba el tiempo y que el número de infectados crecía han aumentado las críticas sobre el control de la información y la propaganda, así que el gobierno ha empezado a tomar medidas drásticas y promover sólo la cobertura positiva (…) Hace lo que puede para controlar la narrativa y su éxito dependerá en gran parte de lo rápido que pueda atajar la expansión del virus”, señala Stanley Rosen, profesor de ciencia política en el Instituto Estados Unidos-China de la Universidad de South Carolina.
“Nos dan instrucciones para que escribamos sobre aspectos positivos, como la rápida construcción de los hospitales, los heroicos esfuerzos de los médicos o las donaciones de la población”, dice una periodista local que pide el anonimato.
Esta mañana ha recibido la última de las muchas notificaciones de su director con el habitual lenguaje confuso y alambicado que no especifica sobre qué no pueden hablar, pero que le permitirá castigar al periodista, de ser necesario, y justificarse ante el gobierno local. Dichas instrucciones metaforizan las disfunciones de un sistema en el que los funcionarios están más preocupados por la salvación personal que por solucionar los problemas.
Las redes sociales ensalzan a Li sobre esa maquinaria fría, irracional y despersonalizada, por cuyas grietas estructurales ha crecido el coronavirus pese a las mejores intenciones. Era sólo un oculista que advirtió a sus excompañeros de la facultad de que tuvieran cuidado… Ha terminado como mártir.
Este reportaje se publicó el 9 de febrero de 2020 en la edición 2258 de la revista Proceso
