El año pasado la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni solicitó amparo contra las concesiones otorgadas por el gobierno federal a tres empresas mineras, subsidiarias de la estadunidense Gold Resource, para explotar el subsuelo en su territorio. Los abogados comunitarios argumentan que no se respetó el derecho a la consulta con previa información, además de que no se resarcen los daños causados al entorno. Los pobladores se dicen conscientes de que se enfrentan a una poderosa industria trasnacional y al gobierno federal, pero están dispuestos a defender sus recursos, aun si el amparo les fuera negado.

OAXACA, OAX. (Proceso).- Ligeros temblores sacuden el pueblo zapoteco de San Pedro Quiatoni. Las mineras taladran los suelos con barrenos, rellenan los agujeros de explosivos y los detonan.

La explotación que realizan las mineras ya alcanzaron pozos profundos, ríos y manantiales. Éstos presentan signos de contaminación con el arsénico y el mercurio utilizados para separar los metales preciosos de la roca.

Don David Gold es una de las tres empresas contra las cuales la comunidad de San Pedro Quiatoni interpuso, el 12 de febrero del año pasado, el juicio de amparo 178/2020 a fin de frenar las concesiones para explotar el subsuelo. Las otras son Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, todas subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp.

Al día siguiente el Juzgado Primero de Distrito en el estado concedió la suspensión de plano a la comunidad. Las tres empresas mineras debían suspender sus trabajos en su territorio mientras se ­desahoga el juicio, pero desacataron la medida judicial y continúan operando. Ahora el Poder Judicial de la Federación se encuentra en una encrucijada:

Por un lado presionan las tres mineras y la Secretaría de Economía federal, que según los pobladores ha respaldado a las empresas para interponer recursos de queja y retrasar el proceso. Por el otro, está el pueblo zapoteco, que sigue insistiendo para que el tribunal colegiado dicte sentencia sobre el amparo y exige al gobierno federal que no influya a favor de las mineras.

El juicio de amparo interpuesto por los abogados de la comunidad tiene doble carácter: “Por una parte, en defensa de nuestras tierras, territorio y recursos naturales, y por otra, en defensa de nuestros derechos territoriales como comunidad indígena zapoteca”, dice el documento inicial, al que este semanario tuvo acceso.

En el mismo, se detalla que el gobierno federal otorgó 10 concesiones mineras en la región, algunas con vigencia hasta 2054 y otras hasta 2063. Entre ellas destacan los siguientes lotes:

San Carlos, adjudicada a Desarrollos Mineros San Luis; Río Minas, a Minerales El Prado; así como las concesionadas a Don David Gold: San Miguel 1 y 2, San Luis, Zopi, Corre Caminos y El Águila I, II y III.

Los pobladores de San Pedro sostienen que dichas concesiones fueron emitidas sin respetar el derecho al territorio ni el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de la comunidad zapoteca, que cuenta con un título primordial del siglo XVIII expedido por la corona española y que el 29 de febrero de 1972 le fue reconocido mediante una resolución presidencial.

Texto publicado en el número 2349 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 7 de noviembre de 2021.