Colombia

Con todo en contra, las FARC buscan la vía electoral

La antigua guerrilla de las FARC, devenida partido político, da un nuevo giro, cambia de nombre (Partido Comunes) e intenta participar en la arena política colombiana, para lo cual debe limpiar su imagen
sábado, 20 de febrero de 2021

La antigua guerrilla de las FARC, devenida partido político tras los acuerdos de paz de 2016, da un nuevo giro, cambia de nombre (Partido Comunes) e intenta participar en la arena política colombiana, para lo cual debe limpiar su imagen, pues ante los ojos de la gente los exguerrilleros no eran más que secuestradores y asesinos. Además padece los embates políticos de la ultraderecha y la ejecución extrajudicial de varios de sus antiguos militantes.

BOGOTÁ.- En su peor momento desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia) decidió cambiar de nombre: ahora se llama Comunes.

Lo hizo como parte de un proceso de transición que apunta a convertir a la antigua guerrilla marxista –la más poderosa que ha existido en América Latina– en una organización política conectada con la sociedad colombiana del siglo XXI, electoralmente competitiva y fiel al ideario social que le dio origen.

Y esto debe hacerlo en un escenario particularmente adverso en el que confluyen la resistencia del derechista presidente Iván Duque a implementar el acuerdo de paz, la intención manifiesta del gobernante partido Centro Democrático de hacer “trizas” ese pacto y la matanza sistemática de exguerrilleros (se cuentan siete asesinados este año).

También está el descrédito de las FARC entre amplios segmentos de la sociedad colombiana tras décadas de secuestros y asesinatos de civiles, y las divisiones internas en el partido político creado en 2017, luego de dejar las armas.

El hoy Partido Comunes, que adoptó ese nombre en una asamblea extraordinaria realizada del 22 al 24 de enero en forma semipresencial, tiene un largo camino que recorrer para superar los enormes obstáculos que le plantea su participación en la política legal y para remontar su alta imagen negativa.

El 83% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de ese grupo, según una encuesta de la firma Invamer-Gallup del mes pasado.

La apuesta del cambio de nombre está ligada a los comuneros agrícolas que se alzaron en armas con las FARC; a los “comunes”, el adjetivo y sustantivo del que se derivó el término “comunistas”, y al objetivo de la organización de defender los intereses de la gente común. 

Cuentas ante la justicia

El 28 de enero, unos días después de adoptar el nombre de Comunes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz, acusó de crímenes de lesa humanidad a ocho excomandantes de las FARC reincorporados a la vida legal.

Entre los acusados figuran el líder máximo del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, Timochenko; los senadores Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, y el encargado del proceso de reincorporación, Pastor Alape.

La decisión de la JEP, una institución atacada desde su nacimiento por el gobierno de Duque y la ultraderecha colombiana, y la sentencia que se derivará de ella, no serían necesariamente malas noticias para las antiguas FARC, porque al tratarse del primer proceso por crímenes de lesa humanidad de la JEP, este tribunal –avalado por la Corte Penal Internacional y la ONU– demostraría que puede producir verdad y justicia para las víctimas de la exguerrilla. 

Pero la futura sentencia, que no incluirá cárcel si los excomandantes aportan verdad en una audiencia pública a las familias de sus víctimas, será aprovechada por los enemigos de los acuerdos de paz para insistir en que lo que el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC negociaron fue “un pacto de impunidad”. 

De hecho, el expresidente Álvaro Uribe, el político más poderoso de este país y el principal detractor de los acuerdos de paz, dijo tras la imputación de la JEP a los exjefes guerrilleros que ese tribunal “fue impuesto por las FARC” y que no hará justicia. 

Y Duque, delfín de Uribe, pidió imponer “sanciones proporcionales y efectivas” a los acusados, lo que llevó al presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, a responder al mandatario que “no es (su) competencia” instruir a la justicia “cómo debe sancionar a los imputados de las FARC”. 

El exjefe del equipo del gobierno de Santos que negoció la paz con las FARC, Humberto de la Calle, considera que la acusación contra los jefes de la exguerrilla por crímenes de lesa humanidad “demuestra que no se pactó impunidad” y que los acusados “deben asumir las consecuencias”. 

Según el acuerdo de paz, que tiene rango constitucional, la sentencia contra los acusados puede incluir penas alternativas, como restricción de movilidad, trabajo comunitario y reparación económica a las víctimas, aunque si la JEP considera que no aportaron verdad, la pena puede ser de hasta 20 años de prisión.

Uno de los aspectos más polémicos del proceso legal es que incluso los excomandantes imputados que sean congresistas, como Catatumbo y Lozada, podrían conservar sus curules tras la sentencia, lo que la mayoría de colombianos rechaza.

La JEP, cuyas labores respalda la mayoría de las víctimas del conflicto armado, ha documentado 21 mil 396 secuestros cometidos por las FARC en 52 años de lucha armada contra el Estado, 11% de los cuales terminó con la desaparición o asesinato de la víctima.

En el caso de imputación a los ocho excomandantes rebeldes, la JEP acreditó 2 mil 456 víctimas de secuestro.

Tiempos difíciles 

El excomandante de las FARC e integrante del Consejo Político de Comunes, Pastor Alape, uno de los imputados en el caso, dice a Proceso que los líderes de la antigua guerrilla están dispuestos “a responder” por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. 

Alape señala que le corresponde a la JEP determinar qué pena les impone por esos secuestros, “atendiendo a las expectativas de las víctimas y al espíritu del acuerdo de paz”.

Para el excomandante rebelde, los secuestros fueron “una equivocación” ante la cual asumirán su responsabilidad como máximos responsables. 

“Solicitamos el perdón a las víctimas y lo seguiremos haciendo porque tenemos un compromiso político y ético con el Sistema de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición surgido del acuerdo”, asegura.

Alape sabe que las FARC, ahora Comunes, viven “tiempos difíciles” por factores internos, como el debate no siempre amigable entre diferentes corrientes, y externos, como la guerra de la ultraderecha a los acuerdos de paz.

“Hay que entender”, asegura, “que esto se trata de un proceso, de un tránsito que hay que hacer de la resistencia armada que mantuvimos durante 52 años a la política en el marco de la legalidad vigente, de la constitucionalidad”. Y en ese tránsito, indica, “hay que quemar etapas”. 

Una de ellas fue la asamblea extraordinaria del mes pasado donde las FARC adoptaron el nombre de Comunes y la cual no estuvo exenta de polémica.

Un grupo de militantes, encabezados por el influyente excomandante Joaquín Gómez y los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó, rechazó asistir a la asamblea al considerar que la cúpula encabezada por Timochenko, Alape, Lozada y Catatumbo había impuesto una agenda poco representativa.

“De esa agenda se excluyeron temas fundamentales, como el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Duque, el asesinato de nuestros compañeros en las regiones y los retrasos en la liberación de más de 300 combatientes que siguen presos a pesar de su amnistía”, dice Sandino.

La senadora afirma que integrantes de la dirección buscan “controlar la crítica” y amenazan a los inconformes con procesos disciplinarios.

“Pero nosotros no nos vamos a salir del partido y seguiremos debatiendo al interior”, señala Sandino, quien está de acuerdo con el nuevo nombre de la organización.

Alape dice que en la asamblea, que se realizó desde 12 sitios de Colombia enlazados digitalmente, estuvieron representados los 6 mil militantes del partido y el propósito central fue el cambio de nombre, pues las restricciones que impone la pandemia del covid-19 dificultaron abordar otros temas.

Explica que las siglas FARC ya eran “insostenibles” como nombre del partido y era necesario un “cambio inmediato” de la imagen de identificación de la antigua guerrilla con la sociedad colombiana.

Esto, dice, porque un grupo de emblemáticos firmantes de la paz –Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña– regresaron a las armas en 2019 al considerar que el Estado había “traicionado” el acuerdo de paz.

Los disidentes nombraron a su nuevo grupo insurgente FARC Segunda Marquetalia (Marquetalia es un pueblo del occidente colombiano donde nació esa guerrilla en 1964). 

“Lo más indicado, lo más dialéctico, era asumir el cambio de nombre, como lo hicimos”, señala Alape.

El excomandante afirma que la asamblea extraordinaria fue también una oportunidad “para reafirmar nuestro compromiso con el proceso de paz, a pesar de todos los incumplimientos y de los asesinatos de nuestros compañeros, que ya se están configurando en un genocidio”.

Bajo fuego

Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, hasta el 31 de enero de este año han sido asesinados 255 excombatientes de las FARC que entregaron las armas y estaban reincorporados a la vida civil, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Esta masacre se registra en un contexto de creciente violencia en los territorios que controlaba la antigua guerrilla. 

Indepaz ha documentado el asesinato de mil 136 líderes sociales desde noviembre de 2016, varios de los cuales estaban involucrados con la aplicación de los acuerdos de paz. Sólo este año han ejecutado a 21 líderes sociales y han ocurrido 12 masacres en el país, con saldo de 42 víctimas. 

El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, considera que el gobierno de Duque ha creado un “ambiente propicio para esta masacre, que tiene un origen político” debido al discurso oficial contra los acuerdos de paz.

Los autores de esos homicidios, señala, son grupos paramilitares involucrados en el narcotráfico, latifundistas, políticos corruptos, las propias disidencias de las FARC –que renunciaron al proceso de paz y se dedican a negocios ilícitos– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.

“El gobierno no muestra decisión para enfrentar este fenómeno de violencia; tenemos una altísima tasa de impunidad en esos asesinatos, de 95%”, asegura.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió al gobierno colombiano establecer como “primera prioridad” para este año “asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto y líderes sociales”. 

También demandó “una implementación más vigorosa” del acuerdo de paz, que ha sido incumplido hasta ahora en aspectos sustantivos, como la reforma rural y el reparto de tierras, por el desinterés del gobierno de Duque.

El presidente y su partido, el ultraderechista CD, que lidera Uribe, se sintieron cobijados en los últimos años en su rechazo a los acuerdos de paz por el ahora exmandatario estadunidense Donald Trump, pero en la Casa Blanca soplan nuevos vientos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó como vicepresidente (2009-2017) la negociación de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y su embajador en Colombia, Philip Goldberg, declaró que tiene todo el interés en la implementación del acuerdo.

Alape considera que con Biden “va a darse una situación diferente en la que esa pretensión del gobierno de Duque de hacer trizas el acuerdo le va a quedar mucho más difícil”.

Mucho por hacer

Eduardo Pizarro Leongómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y quien tiene una amplia obra sobre la historia de las FARC, considera que esa exguerrilla enfrenta un escenario “muy complejo” que quizá no logre superar. 

Además de la guerra de la ultraderecha contra los acuerdos de paz, señala, los jefes del Partido Comunes “no tienen experiencia política, no tienen experiencia electoral, que es algo que se va adquiriendo con los años, y tienen una cultura de mando vertical que les dificulta acomodarse a un debate democrático”.

El doctor en ciencia política por la Universidad de París y autor de Las FARC 1949-2011: de guerrilla campesina a máquina de guerra, recuerda que en su primera participación electoral, en los comicios legislativos de 2018, apenas obtuvieron 55 mil 587 votos, 0.36% del total.

Lograron cinco escaños en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes gracias a que eso fue negociado en el acuerdo de paz, pero sus votos no les alcanzaban ni para una curul.

“Creo que están condenados a ser un partido testimonial, a menos que logren participar en una amplia coalición política en los comicios de 2022”, señala Pizarro.

El próximo año habrá en Colombia elecciones legislativas y presidenciales, y Comunes busca participar en la alianza que se configura en torno al senador Gustavo Petro, principal figura de la izquierda colombiana, aunque el partido se queja de que ha sido excluido de los diálogos entre las diferentes fuerzas progresistas.

Comunes conservará hasta 2026 las 10 curules que logró en el acuerdo de paz, pero en los comicios de ese año deberá haber alcanzado un mínimo nivel de competitividad electoral para lograr cargos de elección popular.

“Esa va a ser nuestra prueba de fuego”, dice Alape. 

Reportaje publicado el 14 de febrero en la edición 2311 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace

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