El choque entre la Auditoría Superior de la Federación y el gobierno federal por la revisión de la cuenta pública 2019 dejó maltrecha la confianza en el órgano fiscalizador del Poder Legislativo, pero también en la Secretaría de la Función Pública. A esta dependencia, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, se le hicieron observaciones que ponen en ­entredicho la “austeridad republicana” en el rubro de contratación de personal y la idoneidad del perfil de los nuevos funcionarios.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Más allá de la polémica por la supuesta resistencia a las acciones de auditoría, desmentidas por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la retractación al respecto del auditor en jefe, David Colmenares, ambos quedaron en entredicho.

Con el Sistema Nacional Anticorrupción inoperante, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia de primera línea en erradicar la corrupción y vigilar las buenas prácticas, resultó afectada en su objeto y razón de ser por las numerosas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Poder Legislativo dedicado a supervisar el ejercicio presupuestal y el desempeño en el Ejecutivo. Éste descalificó a la auditoría por un informe deficiente y exigió que se le investigara.

En resumen: todo el andamiaje institucional para combatir la corrupción gubernamental quedó en duda, debilitado y bajo presión.

Con todo, los datos sobre la revisión a la SFP, menos comentados en vista de las polémicas, impactan dos compromisos reiterados de este gobierno:

Una auditoría, la 76-GB, sobre el Servicio Profesional de Carrera, que refleja un incremento en la contratación de personal durante 2019 respecto al que había en 2018, y la otra es la 77-GB, sobre el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, que en resumidas cuentas fueron, conforme al informe, deficientes en el proceso de investigación de servidores públicos, entre otras irregularidades de la dependencia encargada de erradicar la corrupción de la administración central.

Reiteración presidencial cotidiana, el eje discursivo del gobierno es precisamente erradicar la corrupción, un aspecto en el que dicha dependencia presenta, conforme a la ASF, ínfimos resultados.

Entre los datos destacados de la Auditoría 77, la SFP ni siquiera actualizó el Registro de Servidores Públicos Sancionados y sólo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, de un total de 575 mil 834 declaraciones presentadas en 2019 por el mismo número de servidores públicos.

Aún peor: la mitad de las investigaciones desarrolladas por la SFP no fueron por una política, lineamientos o metodologías que justificaran las investigaciones que realizó, sino que lo hizo a partir de notas periodísticas.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2313 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.