Colombia

Vientos de guerra en la explosiva frontera con Venezuela

El estado venezolano de Apure se ha convertido en esce­nario de una miniguerra que libran entre sí los restos de algunas guerrillas colombianas, a quienes se suma el ejército que Caracas envió a pacificar la zona y que, en el fondo, está el dinero del Cártel de Sinaloa.
domingo, 25 de abril de 2021

El estado venezolano de Apure se ha convertido en esce­nario de una miniguerra que libran entre sí los restos de algunas guerrillas colombianas, a quienes se suma el ejército que Caracas envió a pacificar la zona, pero que se ha dedicado a desquitarse con la población civil, la cual ha debido buscar refugio en el país vecino. En el fondo de esa pequeña guerra, según los analistas, está el dinero del Cártel de Sinaloa… y mientras tanto, crece el riesgo del estallido de una guerra en forma entre Colombia y Venezuela.

BOGOTÁ, Col, (Proceso).- Lo que sucede cuando en un espacio estratégico confluyen tres guerrillas, un ejército regular y el dinero del Cártel de Sinaloa –y además surgen disputas por las rentas criminales: cocaína, minería ilegal y extorsión–, es lo que hoy ocurre en una zona de la frontera entre Colombia y Venezuela: una guerra irregular que amenaza desbordarse.

El foco del conflicto está en el estado venezolano de Apure, donde el Frente 10 de las disidencias de las FARC, que comanda el veterano guerrillero colombiano Gentil Duarte, enfrenta desde el pasado marzo al ejército venezolano, que busca expulsar de su país a ese grupo, con el cual tuvo relaciones en el pasado.

Pero los hombres de Duarte han aguantado los embates de las tanquetas, la artillería y los bombardeos aéreos de las fuerzas chavistas mientras la población civil paga un alto costo.

Unos 6 mil 700 habitantes de la zona han huido a la vecina Colombia, cruzando el río Arauca, debido a los enfrentamientos y a la represión que han desatado comandos de la policía enviados desde Caracas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB, nombre de las tres armas de guerra en Venezuela) en busca de guerrilleros del Frente 10.

“Incendian nuestras casas, violan a mujeres y matan o desaparecen a los jóvenes que les parecen guerrilleros… torturaron a mis dos hijos, casi los ahogan, y a uno se lo llevaron, no sabemos nada de él. Me salí por miedo de que maten a mi familia”, dice a Proceso, vía telefónica desde un refugio en Arauquita, Colombia, el campesino venezolano Andrés Rico.

La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle­ Bachelet, expresó su preocupación por el alto número de desplazados y “por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales”.

Sin experiencia en guerra irregular, la FANB ha tenido problemas para desarrollar el operativo de expulsión del Frente 10, varios de cuyos integrantes han pasado años en la guerra de guerrillas en Colombia.

“Por eso hay tantos daños colaterales en la población civil: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazados… y por eso es que, hasta ahora, el operativo ha fracasado”, dice el politólogo y experto en conflictos armados Ariel Ávila.

Según el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, hasta el jueves 15 de abril habían muerto en combate ocho soldados y la FANB había “neutralizado” a nueve “terroristas” del Frente 10, grupo que tiene su bastión en campamentos aledaños a la población venezolana de La Victoria, varios de ellos protegidos con minas antipersonales.

La ONG Fundaredes, que tiene delegados en toda la zona, ha documentado hasta ahora cinco ejecuciones extrajudiciales, pero el director de esa organización civil, Javier Tarazona, afirma en consulta telefónica que son “muchos más” y que hay “muchos desaparecidos y torturados”.

El exdiputado venezolano y director del Comité Internacional contra las Víctimas de la Impunidad, Walter Márquez, señala que al menos 33 personas inocentes fueron detenidas por la FANB y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la policía, responsabilizadas por la ONU de violaciones masivas a los derechos humanos.

Márquez recopiló testimonios de desa­pariciones, torturas, quema de casas y otros “crímenes atroces de guerra y de lesa humanidad que comprometen a Nicolás Maduro”, presidente de Venezuela, quien ha ordenado la militarización de varios pueblos de esa región y esta semana enviará mil milicianos más a la zona para reforzar el operativo.

Colombia movilizó 2 mil soldados con experiencia de combate a esa franja fronteriza, lo que, según Maduro, forma parte de un plan de su par colombiano, Iván Duque, y del Comando Sur de Estados Unidos para provocar “una confrontación directa” entre ambos países.

La internacionalista y experta en temas fronterizos Socorro Ramírez advierte en entrevista que “en este peligroso aumento de tensiones, acusaciones y creciente actividad militar en la zona, cualquier incidente puede desencadenar un conflicto armado” entre Colombia y Venezuela.

Ramírez y unos 300 académicos, activistas humanitarios y ONG de los dos países iniciaron gestiones con el secretario general de la ONU, António Guterres, para que designe con urgencia un enviado especial a la frontera común Colombia-Venezuela, a fin de atender la crisis humanitaria y promover un clima de entendimiento para evitar una guerra.

Jugando con fuego

Maduro ya se refiere al conflicto como una “guerra” en curso en ese territorio fronterizo, sector estratégico como corredor de drogas y de los ricos recursos mineros (oro, plata y coltán) que se explotan y extraen irregularmente en Venezuela para eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al régimen chavista.

Lo que ocurre en Apure es una “guerra de todo el pueblo contra grupos irregulares y terroristas colombianos”, dijo Maduro el martes 13 de abrilen un acto militar en el que llamó a la “unión cívico-militar-policial en defensa de la soberanía venezolana”.

Pero algunos de esos “grupos irregulares y terroristas colombianos” a los que se refirió el mandatario, en alusión al Frente 10, son cercanos al chavismo, a algunos jefes militares y al régimen de Caracas, lo que según expertos en seguridad es lo que está detrás de los combates en Apure.

Ávila afirma que Iván Márquez, exnúmero dos y exsenador de la desaparecida guerrilla, quien se apartó del proceso de paz hace dos años y hoy encabeza la disidencia FARC-Segunda Marquetalia, tiene relaciones estrechas con el régimen de Maduro, pero muy tensas con Duarte. Incluso tropas de ambos han llegado a enfrentarse en Colombia y en Venezuela.

“La ofensiva de la FANB en Apure es un intento de Caracas por favorecer a Márquez y revertir la expansión territorial que ha logrado Gentil Duarte en Venezuela, en un corredor donde se trafican minerales y drogas. Ellos ahora prefieren ahí a las FARC-Segunda Marquetalia, a Márquez, aunque en su momento también convivieron con el Frente 10”, dice Ávila a este semanario.

Una tercera fuerza irregular colombiana que actúa en esa región en apoyo a los negocios ilegales de políticos y militares venezolanos, según han documentado líderes comunitarios y ONG, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hoy por hoy la guerrilla más poderosa de América Latina y un factor clave en Apure.

Para Jorge Mantilla, internacionalista especializado en asuntos de seguridad y defensa, los ataques de la FANB y las Faes al Frente 10 son una respuesta a la pretensión de esa disidencia de aumentar su poder en Venezuela, lo que “se ha salido del formato de paz mafiosa acordado por el gobierno de Maduro, el ELN y la Segunda Marquetalia”.

Sinaloa

En medio de las tensiones, el comandante operacional de la FANB, almirante Remigio Ceballos, anunció el viernes 9 la captura de “un individuo del Cártel de Sinaloa” cerca de la población de La Victoria, a la que se refirió como el “sitio de mayor influencia” del Frente 10.

En un breve enlace telefónico con la televisión pública venezolana, Ceballos sugirió que el supuesto integrante del Cártel de Sinaloa, cuyo nombre omitió revelar, estaría involucrado en el conflicto y dijo que había sido puesto a “órdenes de la justicia”.

Proceso preguntó en un correo electrónico al cónsul de México en Caracas, Marcos Vara, si había recibido algún reporte de las autoridades de Venezuela sobre un ciudadano mexicano detenido en los últimos días en ese país, pero dijo que las consultas de prensa deben hacerse a comunicación social de la cancillería mexicana, donde hasta el jueves 15 de abril tampoco respondieron.

Tarazona, quien ha estudiado y documentado durante años los problemas en la frontera colombo-venezolana, dice a Proceso que “es un hecho que el Cártel de Sinaloa está presente en esta zona”.

Afirma que en esa región hay un número importante de pistas clandestinas que han sido usadas durante años por el Cártel de Sinaloa para transportar cocaína a Centroamérica y México. Lo hace, explica, mediante enviados que negocian los cargamentos y se encargan de la logística.

“Del Sinaloa –señala Tarazona– viene parte del financiamiento de estos grupos confrontados en Apure, no sólo para todas las disidencias de las FARC sino para los cabecillas de la cúpula militarvenezolana.”

Varios altos jefes militares venezolanos, empezando por Vladimir Padrino, comandantes de la policía y hasta el presidente Maduro tienen congelados sus activos y cuentas bancarias en Estados Unidos y la Unión Europa por blanqueo de dinero o actividades ilícitas.

El año pasado el Departamento de Justicia estadunidense presentó cargos por narcotráfico contra Maduro y lo ubicó como “líder de un cártel de drogas en colaboración con la exguerrilla colombiana de las FARC”, es decir, con las disidencias, lo cual el mandatario calificó de “conjunto de acusaciones falsas”.

Tarazona señala que las élites chavista y militar y las disidencias de Gentil y de Márquez han hecho negocios con el Cártel de Sinaloa.

“Todos son socios y la disputa que hay en este momento con el Frente 10 es por el control de los negocios, por el control de los pasos de droga y de minerales más económicos”, sostiene el director de Fundaredes.

Tarazona, sin embargo, duda de la versión del almirante Ceballos sobre la captura de un miembro del Cártel de Sinaloa en Apure, porque la anunció sin presentar ni identificar al supuesto narcotraficante.

“Me parece un distractor, un intento de desviar la atención sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se presentan en Apure y a la disputa por las rentas criminales que está ocurriendo ahí. Yo reto al almirante Ceballos a que presente al detenido”, dice Tarazona.

El mes pasado la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de la ONU que vigila el cumplimiento de los tratados internacionales de control de drogas, aseguró en un informe que el Cártel de Sinaloa opera en la zona occidental de Venezuela.

El JIFE señala que el grupo delictivo mexicano “también ha sido detectado en Zulia (estado venezolano que colinda con Colombia), donde se ha aprovechado de las pistas de aterrizaje para la construcción de centros de tránsito y acopio de estupefacientes con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional”.

Todos contra todos

Las disidencias de las FARC (la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) son los grupos que decidieron apartarse del acuerdo de paz que suscribió esa insurgencia en 2016 y que se dispersaron por varias regiones del país y de las fronteras con Venezuela, Brasil y Ecuador para mantener rentas criminales, como el narcotráfico.

Según un reporte de inteligencia militar de Colombia, las disidencias de las FARC tienen unos 2 mil 600 hombres en armas y su presencia se ha extendido a Venezuela, donde “cuentan con la autorización del gobierno de Maduro y de las fuerzas militares para actuar y apoyar actividades relativas al tráfico de sustancias ilícitas y de minerales de alto valor”.

Estos grupos, organizados por “frentes de guerra”, están divididos en tres grandes bloques que tienen serias disputas entre sí: el de Duarte, el de Iván Márquez y el de “las disidencias de las disidencias”.

Venezuela ha permitido durante años la operación de estos grupos en su territorio. El país enfrenta una crisis económica profunda, un desplome de la producción petrolera y, desde 2019, un bloqueo económico de Estados Unidos y la Unión Europea que ha llevado al régimen de Caracas a buscar recursos en el mercado negro global de hidrocarburos y minerales.

Socorro Ramírez, doctora en ciencias políticas por la Universidad de París, señala que “lo que prima en el conflicto de Apure es una pelea por las rentas irregulares tras muchas tensiones con el Frente 10”. Y esto, agrega, “es aprovechado por Venezuela para lograr una presencia mayor en la región de las disidencias de Iván Márquez, con quien el chavismo tiene mayor afinidad ideológica”.

La profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia señala que en ese conflicto “hay una combinación de lo criminal, de lo ideológico, de la tensión binacional (Colombia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas hace dos años) y de las drogas… eso es una combinación explosiva”.

Este es un reportaje del número 2320 de la edición impresa de Proceso, publicado el 18 de abril de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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