Narcotráfico

Empresarios claman por diálogo con la DGSP

Cuando Genaro García Luna era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal –ahora está preso por narcotráfico en Estados Unidos–, decomisó autos blindados en el norte del país. Por ello ordenó que las empresas involucradas en el proceso de blindaje debían registrarse.
domingo, 12 de septiembre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) registra automáticamente a los empleados de las empresas de blindaje como elementos de seguridad privada, cuando en realidad pueden ser cortadores, curvadores, ensambladores, soldadores, vestidores, hojalateros, pintores o especialistas en suspensión y frenos. Así se “infla” la cifra real del número de efectivos de seguridad privada.

“En días pasados enviamos un escrito al titular de la Unidad de Política Policial Penitenciaria y Seguridad Privada (Ignacio Hernández Orduña), en el que le pedimos nos informara si las empresas comercializadoras de vehículos blindados, de chalecos blindados, de aceros balísticos, de polietileno, videos y cristal, deberían de estar registradas o no ante la DGSP”, dice René Rivera, empresario balístico.

Como integrante del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB), Rivera es encargado de la relación con la DGSP.

Detalla: “Pedimos que nos aclarara cuáles son las empresas susceptibles de registro, porque estamos por iniciar una campaña de concientización. Hasta ahora las únicas obligadas a nivel federal son las de blindaje automotriz, pues la DGSP expide el holograma que autentifica el blindaje de una unidad.

“Todas las demás empresas pueden registrarse a nivel estatal; sin embargo, las que fabrican vehículos blindados tienen la obligación de hacerlo ante la DGSP aunque operen en un estado, de lo contrario el trabajo de blindaje que realizan está fuera de la ley simplemente porque, al entregar un vehículo blindado, no tienen el holograma. Esto sucede por desconocimiento, por dolo o por mala fe. Lo cierto es que no se han registrado.”

Recuerda que cuando Genaro García Luna era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal –ahora está preso por narcotráfico en Estados Unidos–, decomisó autos blindados en el norte del país. Por ello ordenó que las empresas involucradas en el proceso de blindaje debían registrarse.

“En aquella época –dice Rivera– la mayor parte de mi negocio (Distribuciones e Importaciones del Pedregal) era la venta de material balístico y su comercialización. Me registré. Sin embargo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto desaparece la SSP y entra la Comisión Nacional de Seguridad, la cual desaparece el registro de las empresas de comercialización y lo dejan a blindaje automotriz o en general, a comercialización de sistemas de blindaje”.

Eso abarcaba para ellos blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, chalecos blindados. El problema, señala, es que dejaron de mencionar a los fabricantes o comercializadores de materiales balísticos: “Estimamos que en el país existen 95 empresas debidamente registradas ante la DGSP, pero hay otras que no están, porque ellos creen que operando con el registro estatal cumplen, y no es así”.

El blindaje artesanal que realizan los cárteles, aclara, lo fabrican en bodegas, en ranchos y zonas apartadas, pero reconoce que probablemente contraten trabajadores que hayan pertenecido a esta industria.

“Los empresarios no nos oponemos a que nos registren, pero queremos que lo hagan como lo que somos, personal técnico y no personal de seguridad privada, como la SSPC nos tiene. Actualmente así aparecen los trabajadores que tengo, aunque realmente blindan puertas y ventanas.”

En estas condiciones están unos mil 500 trabajadores de la industria balística, lo que altera los números reales acerca de la cantidad de elementos de seguridad privada que la DGSP reporta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además del registro de todas las empresas involucradas en el área de blindaje, el consejo pugna para que se modifiquen la Ley Federal de Seguridad Privada y su reglamento, a fin de cambiar a los trabajadores al rubro de técnicos. Actualmente la única actividad en que la ley otorga la clasificación de personal técnico es la de circuito cerrado de televisión, monitoreo orientado a la seguridad, vigilancia o mejora de servicio.

“Los blindadores, pensamos que debemos recibir el mismo trato. ¿Por qué registran a mis trabajadores como personal de seguridad? Ellos no andan armados, no usan uniforme, no han sido capacitados en seguridad, pero si el día de mañana alguno involuntariamente se ve involucrado en algún incidente, hay lesiones o daños, por tener ese registro la pena es más severa que si fuera un civil normal…

“Además, tenemos que pedir a los empleados carta de no antecedentes penales y examen antidoping. Puede haber empresas que quieren contratar a una persona que es excelente en su oficio, pero por el solo hecho de que llegue a consumir un cigarro de mariguana de manera recreativa, está impedido. Para nosotros, si lo hace en su ámbito privado, puede hacer lo que quiera.”

Acerca del titular de la DGSP, Luis Wertman Zaslav, dice: “Es una persona muy cercana al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sin embargo, a siete meses de que tomó posesión no ha recibido a ninguna empresa, a ningún consejo, a ninguna asociación ¡A nadie!”

Afirma que habla en nombre de empresarios del sector del blindaje, pero también de seguridad privada, circuito cerrado de televisión, traslado de valores y empresas de custodios a los que Wertman no ha recibido.

Hay mucha molestia: “Si el sector de la seguridad privada representa un importe de 1.5% del PIB anual y generamos fuentes de empleo, ¿cómo es posible que nos trate de esa manera? Lamentable, pero este es el tercer director de seguridad privada en este sexenio”.

Del primero, Gonzalo Martínez de Teresa, dice que resultó un “verdadero patán”, pues no recibió a la gente y despidió a empleados con groserías: “Nunca entendió que somos usuarios y que queremos estar regularizados. No recuerdo cuántos recursos de revisión se presentaron porque desechaba a las empresas que solicitaban el registro. Y hubo recursos de revisión que obviamente perdió la autoridad.

“Luego llegó un joven de Sonora, José Pablo Rubio Fierros. Tiene no más de 30 años. Fuimos a una reunión, pero poco se avanzó con él. Era muy amable pero le faltaba colmillo.”

A Wertman sólo le piden que haya mayor legalidad y un piso parejo para las empresas del blindaje y sus trabajadores, afirma el empresario.

Las 10 empresas del CNB registradas ante la DGSP tienen un padrón de 500 empleados como personal técnico, mientras, que en las 95 de todas las modalidades de blindaje registradas, se calculan mil 500 trabajadores como personal técnico.

El formato donde se inscribe el personal ante la DGSP no especifica las labores que desempeñan en los procesos de blindaje. En automático los dan de alta como elementos de seguridad privada.

Reportaje publicado el 5 de septiembre en la edición 2340 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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