Afganistán

México, al rescate de periodistas afganos; los de casa, en la indefensión

Muchas de las personas afganas rescatadas sólo se quedarán unos días o semanas en el país, en la espera que se resuelvan sus solicitudes de reinstalación en otros países, principalmente en Estados Unidos.
domingo, 12 de septiembre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “Todas las vidas humanas son importantes, pero quiero subrayar el día de hoy que este grupo que ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa y a la libertad de información y comunicación (…) se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar, por comunicar”, declaró el canciller Marcelo Ebrard Casaubón la madrugada del miércoles 25 de agosto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ese día llegó el primer grupo de 124 periodistas afganos y sus familiares, colaboradores del New York Times; en los días siguientes llegó otro grupo de 86 y de 175 trabajadores de medios internacionales y sus familiares, quienes huyeron de Afganistán en las últimas semanas, pues el regreso de los talibanes al poder ponía su vida en peligro.

Muchas de las personas afganas rescatadas sólo se quedarán unos días o semanas en el país, en la espera que se resuelvan sus solicitudes de reinstalación en otros países, principalmente en Estados Unidos. Así, el pasado jueves 2, el primer grupo de 124 periodistas afganos del New York Times salió de México y llegó a Houston, Texas.

Paradójicamente, su santuario temporal, México, rebasa por mucho a Afganistán en la vergonzosa lista de los países con el mayor número de periodistas asesinados, con 76 homicidios reportados por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en la última década, más del doble de los 42 crímenes documentados en el país asiático durante los últimos 10 años de ocupación militar y de choques entre talibanes y gobierno central.

“Celebramos que se reciba a las y los periodistas que están siendo perseguidos en otros países; nos parece que es una buena decisión una buena política, pero que tiene que encontrar correlato con la política interior, y la política interior ha fallado en proteger a la prensa y en investigar las agresiones, esclarecer los hechos, esto resulta paradójico, y seguirá siendo contradictorio mientras se siga agrediendo a la prensa cada 12 horas en este país”, sostiene Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19.

En entrevista con Proceso, abunda: “Lo mismo dijimos en enero, cuando el presidente de la República adelantó que iban a ofrecer asilo político a Julian Assange (el fundador de WikiLeaks, perseguido por el gobierno de Estados Unidos): nos parece formidable que el Estado mexicano se preocupe por la libertad de expresión, pero como lo dijimos en aquel momento, esa preocupación tiene que ser congruente con las acciones que se están tomando al interior del Estado mexicano”.

Menos de dos semanas antes de la llegada del primer grupo de periodistas de Afganistán, un hombre quien se presentó como Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, amenazó de manera directa a la conductora Azucena Uresti por su cobertura periodística en Michoacán: “Te aseguro que donde sea que estés, doy contigo, y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio”, amagó en un video difundido en redes sociales.

En México, la violencia contra periodistas sigue desatada, “generalizada” y en aumento: en lo que va del año Artículo 19 reportó 362 agresiones contra periodistas, entre ellas 21 actos intimidatorios y cinco asesinatos, incluyendo los recientes homicidios de Ricardo Flores, en Sonora, y de Jacinto Romero Flores, en Veracruz.

De continuar a ese ritmo, el número de agresiones reportadas en 2021 superará los 692 ataques registrados en 2020, que a su vez eran mayores a las 609 de 2019, y así de manera continua desde que la organización empezó a medir el fenómeno, en 2003; en la mayoría de los casos, los agresores fueron autoridades, principalmente locales.

Artículo 19 ha reportado ya 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el cual “hasta la fecha no es claro en cuanto a las estrategias que tomará para frenar la violencia contra la prensa, esclarecer los crímenes contra la libertad de expresión, establecer medidas de no repetición y combatir la impunidad”, denunció el pasado 20 de agosto.

En un informe publicado el pasado 24 de agosto, Artículo 19 recalcó que el periodista oaxaqueño Gustavo Sánchez Cabrera había hecho públicas las amenazas en su contra –incluso sufrió un primer atentado en julio de 2020–, pero “la respuesta del gobierno mexicano fue tardía o nula”; su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se alargó, y fue asesinado antes de que se aplicaran las medidas.

La Secretaría de Gobernación (Segob), por su parte, tiene un registro todavía más alarmante: el pasado 12 de julio, Olga Sánchez Cordero, entonces titular, informó que 43 periodistas –y 68 activistas– han sido asesinados desde el arranque del sexenio, de los cuales siete eran beneficiarias del Mecanismo.

Entre las reiteradas críticas al Mecanismo destaca la falta de recursos financieros y humanos; para este año, la Segob había destinado apenas 227.6 millones de pesos para proteger a mil 478 personas, pero en julio pasado tuvo que solicitar un fondo extra de 189 millones de pesos para completar el gasto.

Maldonado recalca que “el recurso está en trámite, pero es el cuento de nunca acabar con el Mecanismo de Protección desde el gobierno de Peña Nieto siempre está pasando problemas para cerrar el año fiscal. En este caso la austeridad pone en riesgo vidas, la integridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

En octubre de 2019, el CPJ estimó que la tasa de 98% de asesinatos sin justicia colocaba a México como el séptimo país de mayor impunidad en los homicidios de periodistas, con el número de asesinatos irresueltos más elevado después de Siria y Afganistán.

“Seguimos al 98%, pero en el fuero federal, en las carpetas que abrió la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales; en el fuero común la impunidad puede ser mucho mayor, prácticamente absoluta, precisamente por el hecho de que los ministerios públicos locales son cómplices de los perpetradores de la violencia”, resalta Maldonado.  

Reportaje publicado el 5 de septiembre en la edición 2340 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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