El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que reportó que ya suman más de 99 mil víctimas de ese delito en México, fue desacreditado por López Obrador, particularmente por la crítica que el documento hace a la militarización de la seguridad pública en el país. El reporte coincide con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en esa materia. En ambos se señala que los agentes gubernamentales siguen participando por acción y omisión en diversas violaciones a los derechos humanos, sin que el Estado asuma su responsabilidad.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desacreditado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del miércoles 13, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU sobre su visita a México, alerta sobre una “situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización”.

Presentado en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por la presidenta del CED, Carmen Rosa Villa Quintana, el informe reivindica la desmilitarización de la seguridad pública como una condición mínima para garantizar los derechos humanos, tal como lo han recomendado diversos organismos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en sentencias contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Precisamente la mención de esa observación del informe motivó que López Obrador descalificara el documento, que contiene más de 80 recomendaciones y que en la víspera, en un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, en nombre del Estado mexicano, se habían comprometido a acatar “de buena fe”, designando a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración como la institución encargada del seguimiento.

“Ellos (los expertos) no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad; ya no es el tiempo de antes que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de (Felipe) Calderón, o para desaparecer personas (…) Ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado durante el periodo neoliberal”, sostuvo el mandatario al ser interrogado sobre su disposición a desmilitarizar la seguridad pública como lo recomiendan los expertos del CED.

Sin referir que en 2015 el CED ya había presentado observaciones a México, y que el informe era el resultado de la invitación del Estado mexicano a visitar el país, que se concretó en noviembre del año pasado, López Obrador continuó con sus descalificaciones.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”, resaltó. 

En la víspera, familiares de víctimas que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México emplazaron al mandatario a “presentar ante la sociedad mexicana en su conferencia matutina los principales hallazgos de este informe, con plena voluntad política de implementar esta Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas”.

El informe del CED sobre su visita a México, la primera que el organismo realiza a un país, es un detallado diagnóstico de este flagelo en México, que hasta el miércoles 13 sumaba 99 mil 2 víctimas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2372 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 17 de abril de 2022.