MEXICALI, BC (Proceso).– En la vigilia del 25 de abril pasado, donde Tatiana repartía las fichas de desaparecidas, se anunció la siguiente movilización para el 1 de mayo, donde colectivas de Mexicali marcharon de la sede de gobierno a la FGE.

De nuevo, madres de desaparecidas relataron llenas de rabia y dolor los casos de sus familiares, otras jóvenes narraron violaciones sexuales de que fueron objeto y algunas detallaron la violencia de género en su contra. Todas exigieron justicia por los feminicidios.

En la explanada de la FGE, a unos ocho metros de la entrada principal, Meli Avilés Castro extendió su pancarta con una niña a su lado:

“Vengo en representación de mi hermana, Karla Paola Avilés Castro, desaparecida el 14 de diciembre de 2021, el judicial que pusieron para investigar no hizo nada en un mes. Se vendió... A ella se la llevaron, supieron quién lo hizo y no han hecho nada. Por eso seguimos en la lucha, buscándola porque la fiscalía no hace nada por ella. ¡Quién sabe dónde esta, dónde la dejaron!”

Poco más de 150 mujeres, entre adolescentes, niñas, adultas y madres, la escuchaban en la explanada, lejos de la entrada de la FGE. Cuando la oscuridad caía, un grupo –al que no se ha identificado con certeza– se acercó a las puertas de cristal, las rompió, tomó los botes de basura y empezó a quemar algunas pancartas. En unos segundos el plafón se incendió y las llamas pasaron de la sala de espera al primer piso.

Los bomberos llegaron, sofocaron el fuego. Las mujeres corrían; sólo el grupo de seguridad de las colectivas permaneció hasta el final.

Detención ilegal y abusos

A dos kilómetros del lugar y a 45 minutos de haber ocurrido el incendio, el auto en el que iban Ana, Gresia, Montserrat y Ruth fue interceptado por cuatro pick ups sin placas ni logotipos, de las que bajaron 10 hombres vestidos de civil, sin identificación.

“Nos encapsularon con sus carros, se bajaron y empezaron a bajar los vidrios que subimos. Mientras unos se reían de nosotras, el que parecía el jefe del operativo nos dijo: ‘¡Hay de dos, morras: o se bajan o las bajamos, sabemos el desmadre que hicieron!’

“‘¿Por qué nos quieres bajar?’, pregunta Gresia. ‘No te hagas, por todo el desmadre que hicieron’. ‘¿Cuál desmadre?’ ‘No te hagas, tenemos fotos, videos, las venimos siguiendo’.

“Lo que teníamos en nuestra contra es que ahí (en el auto) venía la hielera con el agua, pancartas, el megáfono; pero no es delito marchar”, relata Gresia.

Ruth, quien no participa en la seguridad del colectivo y sólo les pidió un aventón a su casa, le habló de inmediato a su hermano, a su abogada, mientras que Gresia habló con su madre. La instrucción fue: no se bajen del carro, sin orden de aprehensión no las pueden sacar.

Ya eran las 10 de la noche del domingo, día festivo. Las cuatro jóvenes estaban solas con agentes de la fiscalía que no traían identificación. Para bajarse, las mujeres pidieron la presencia de mujeres policías y en cinco minutos ya estaban ahí siete patrullas pidiéndoles descender del auto.

Montserrat recuerda con angustia que una de las policías la insultó:

“De pendeja no me bajaba, me decía que yo no era nadie en la vida y que le envidiaba su posición. ‘Estás valiendo verga y no tienes nada que hacer, por eso estas aquí e incendiaste la fiscalía’.

“Luego me dijo: ‘A ver, abre tu pinche bolsa… ¡qué cochinero traes! Pon las manos en la nuca’. No lo hice porque volteé a ver cómo estaban mis compañeras y me fui hacia ellas, pero antes le reclamé: ‘Ten respeto a mi persona’. ‘Tú no me vas a decir cómo hacer mi trabajo’, respondió, y me alejé de ella”.

Ana recuerda que a unas calles de donde ellas fueron detenidas, en otro auto cuatro jóvenes, dos menores de edad y un hombre que manejaba también fueron interceptados y trasladados a una instalación de la FGE.

De ese vehículo también obligaron a descender a una mujer con su hija de siete años. A ella –según narró después el segundo grupo de detenidas– los policías la dejaron ir pero antes le advirtieron que si no se bajaba “iba a ser la próxima desaparecida y nunca más iba a ver a su hija”.

Cuando llegó a su casa, la joven madre realizó un “en vivo” en sus redes sociales y relató esos hechos. De inmediato le empezaron a llegar mensajes con amenazas: que “no sabía con qué ministeriales se metía, que estaba en la cuerda floja y podían ­desaparecerla”. Ahora ella tiene miedo porque tienen sus redes sociales y contactos, por lo que no quiere interponer la denuncia formal.

Cuando llegaron a la fiscalía, prosiguen las mujeres, los agentes le dijeron al personal: “¿Ya ves? Te dije que iba a traer el carro lleno”. Luego las  amenazaron y decían que había otras 30 detenidas.

“A las cuatro nos ficharon, nos quitaron las agujetas, tomaron fotos de todos nuestros tatuajes y, en una lona con el logo de la fiscalía y números, nos ficharon, nos pusieron contra la pared y nos esposaron. Si volteábamos para vernos unas a las otras, nos decían: ‘¡Aquí no estás en tu casa!’.”

Posteriormente la perito legista les pidió que se desnudaran, las cacheó y permitió que conservaran puesta su ropa interior, pero a una de las menores la desnudó totalmente y, cuando ésta pidió que cerrara la puerta porque afuera estaba lleno de ministeriales, la perito Karen Alicia Hernández Chairez se negó.

Pese a que en todo momento las detenidas pidieron hablar con un abogado y que se les leyera la cartilla de derechos, esto nunca ocurrió. Los agentes les decían que estaban solas, las acusaban de la quema. Incluso, dice Ana, “nos quisieron amedrentar para firmar hojas que ellos habían escrito”, pero ellas no aceptaron.

Luego llegaron las ministeriales Carmela, Isabel y Denise. Cambiaron el tono; fueron amables y aclararon que al terminar las dejarían ir porque estaban en la FGE en calidad de testigos.

Ruth, Ana, Montserrat y Gresia describieron sus funciones como cruz roja en las marchas, el botiquín y agua que llevaban, así como el trabajo de seguridad que hacían. No les creyeron. Les contestaron: “Entonces qué, ¿no nos van a decir qué hicieron?” Al final firmaron el documento de la entrevista, pues decía lo que les preguntaron, pero aclaran que había un espacio en blanco. Exhaustas por el interrogatorio, la tensión, el miedo y la avanzada hora, decidieron firmar aunque no les dieron copia del escrito.

Al día siguiente la fiscalía emitió dos comunicados. En el primero dijo rechazar “cualquier forma de violencia contra la mujeres”, además de estar en contra “de cualquier forma de violencia o vandalismo como mecanismo de manifestación”.

Siete horas más tarde, en el segundo, informó que abrió una carpeta de investigación por el incendio y que “para efecto de documentar los hechos y poder integrar la indagatoria, se intervino un total de 12 personas, quienes en ningún momento estuvieron en calidad de detenidas y en todo momento estuvieron acompañadas por personal de derechos humanos”. La carpeta es la 14386/22.

Gresia refuta: “A una testigo no la cachean ni toman fotos ni fichan ni esposan ni la tienen contra la pared ni la hacen orinar en una celda sin papel de baño, no le dicen constantemente que es culpable”.

A las dos de la madrugada, cuando las dejaron libres, se les dijo que estuvieron en calidad de “testigos”, pero la abogada de la fiscalía susurró: “¿Ya ves lo que te pasa por andar en la bola?”.

Las cuatro jóvenes afirman que no participaron en el incendio, del que estaban a varios metros y sólo Gresia, que es la “cruz roja” del colectivo, se acercó a ver si había alguna activista herida. Nada más.

Revelan que en la marcha estuvieron 10 hombres grabando e incluso se les pidió retirarse. Estos serían los mismos que una hora después las detuvieron.

Las detenidas denunciaron estas vejaciones y los abusos contra las menores, como fue desnudarlas a la vista de varios hombres y esposarlas, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Interpusieron la queja contra quien resulte responsable, pero por lo pronto identificaron a Alonso Varela, comandante operativo de la Agencia Estatal de Investigación, como el oficial que encabezó su detención y las amenazó diciéndoles que se bajaran del auto “por la buenas o por las malas”.

Un operativo que para las mujeres de diversos colectivos “fue un levantón”, por lo que temen salir nuevamente a marchar contra la violencia.

Reportaje publicado el 15 de mayo en la edición 2376 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.