MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la nueva Ley de Juegos y Sorteos, el gobierno pretende lograr lo que las administraciones panistas intentaron durante 12 años: entregar el monopolio del juego a los casineros y, en paralelo, eliminar las máquinas tragamonedas en “changarros” que no cuenten con un permiso.

“El juego estará permitido, pero debemos evitar que los dueños de las máquinas lo fomenten entre los niños”, plantea el presidente de la Comisión de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados, el perredista Fernando Zárate. “Ellos necesitarán un permiso de casino para operar máquinas”, añade.

Cuando Vicente Fox abrió las puertas de México a los casinos en septiembre de 2004, a través del Reglamento a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el entonces presidente provocó la llegada tanto de miles de máquinas de azar como de pinballs en el país, que amueblaron los rincones de las tiendas de abarrotes y farmacias.

Casi inmediatamente las autoridades trataron de declararlas ilegales, salvo en los casinos. Las dos reformas al reglamento realizadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en octubre de 2012 y de 2013, iban en ese sentido.

En 2012, un mes y medio antes de abandonar la silla presidencial, Calderón emitió un decreto que legalizó de facto las máquinas tragamonedas, pero únicamente en los casinos. Al modificar el espíritu de la ley de 1947 sin pasar por la Cámara de Diputados, el panista despertó la indignación de San Lázaro, incluso en la bancada de su partido.

El mismo día en que entró en vigor el decreto, el 19 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió: “Esta dependencia hace un llamado a los comercios que cuentan con dichas máquinas para que las retiren inmediatamente y no sean sancionados”. Dio como plazo el 22 de octubre de 2012. Pero la amenaza quedó en letra muerta y la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional contra el decreto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó a dictaminar sobre el asunto, ya que justo un año después de la reforma al reglamento, Enrique Peña Nieto emitió un nuevo decreto.

Éste prohibió las máquinas tragamonedas “en cualquier modalidad”, pero incluyó una sutileza: la noción de “azar” desapareció de la definición de las máquinas. La interdicción se aplicó a las máquinas “de destreza” nada más. Así pues, en los hechos, autorizó las máquinas de azar tipo Las Vegas en los casinos y vedó los pinballs callejeros.

Jesús Gutiérrez Contreras, director de Chrismo, una empresa dedicada a la importación, el transporte y la venta de máquinas de entretenimiento, lo confirma a Proceso. En varias ocasiones, Gutiérrez envió preguntas a la Segob para saber si podía distribuir las máquinas que importa legalmente, bajo la fracción arancelaria 9504.30.02 y mediante el pago de 15% de impuestos.

Cada vez, la respuesta de Gobernación fue la misma: “Actualmente (la Segob) no cuenta con peritos que pudieran emitir los dictámenes solicitados”. Y le adjuntaba la definición de “máquinas tragamonedas”.

Esa definición plantea que los usuarios de dichas máquinas juegan “con la finalidad de obtener un premio no determinado de antemano”. Gutiérrez asevera que, en los pinballs, los premios sí están determinados, ya que cada agujero donde caen las bolitas indica una cantidad precisa de dinero.

“El problema –abunda– es que inventaron el término de ‘máquina tragamonedas’, pero siempre le cambian la definición. En este caso no debería prohibirse el pinball.”

El diputado Zárate confiesa que la ambigüedad afecta a todos. “Las máquinas están estrictamente prohibidas en el reglamento, pero son el producto de una interpretación”, señala.

Subraya que el objetivo del gobierno actual no es reprimir a los comerciantes, sino regular las máquinas e impedir su instalación en lugares donde puedan entrar menores de 21 años.

La ofensiva

El pasado 2 de julio la Segob declaró la guerra a las máquinas tragamonedas y desplegó decenas de operativos policiacos, primero en el Estado de México, donde operan unas 20 mil máquinas de forma ilegal, y el Distrito Federal. Luego se extendieron a Michoacán, informa Gutiérrez Contreras.

Según un informe que entregó la Dirección de Juegos y Sorteos a la Cámara de Diputados en julio pasado, de forma ilegal hay más de 75 mil máquinas tragamonedas en el país.

María de la Luz Cabañas gestiona un establecimiento de juegos. En entrevista, asienta que el gobierno debe regular los locales de máquinas tragamonedas en las colonias populares y cobrarles impuestos, pero no prohibir los aparatos.

Afirma que en su establecimiento no permite la entrada de menores de edad, no vende alcohol ni se encuentra cerca de una escuela. Su clientela proviene, en su mayoría, de clases populares. “Son albañiles que vienen con sus pantalones manchados a jugar entre 30 y 100 pesos. Nunca entrarían en los casinos”, señala.

“Nos dijeron que, con la nueva ley, los locales con maquinitas serían permitidos y regulados mientras los niños no ingresaran. Es lo que pedimos. Pero ya empezaron los operativos y ni nos advirtieron”, se lamenta.

El pasado 21 de julio, el Frente Nacional de Operadores de Máquinas Electromecánicas y Destreza A.C. (Frenade) envió una carta a la Segob, en la que denunciaba la conducta “opresora” de las fuerzas policiales en el Estado de México y solicitaba “una audiencia para expresar (su) profunda preocupación”.

“En el país funcionan casinos a donde la gente rica acomodada puede ir. Sin embargo, la gente que no cuenta con los medios económicos y busca la forma de entretenerse no es valorada ni respetada. Queremos que los criterios sean parejos”, se planteó en la carta.

A los operativos policiacos se suma una intensa campaña mediática, a través del spot televisivo “La adicción no es ningún juego” que difunde la Segob desde la semana pasada. Ahí aparecen niños obnubilados por una máquina tragamonedas. Una voz grave dice: “Hay juegos que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Parecen entretenidos, pero son ilegales. Parecen de niños, pero no lo son. Son una manera de caer en el juego y la delincuencia”.

María de la Luz Cabañas se queja: “Generalizan, porque realmente hay pocos lugares en los que se permite jugar a los niños. En el spot presentan las máquinas como si fueran dirigidas hacia los niños”.

Además del spot, el martes 9 la Dirección General de Juegos y Sorteos publicó en su página un requisitorio de siete párrafos contra las máquinas tragamonedas. Afirma que generaran ganancias de 600 millones de pesos semanales y que representan “una fuente de corrupción de menores”. La Segob asegura tener “información de que detrás del uso e instalación de este tipo de máquinas existe una amplia red de delincuencia organizada”.

“¡Eso es falso!”, revira por su parte Juan José Cabañas, también dueño de un establecimiento de juegos. “Nos hemos acercado muchas veces a las autoridades, a Gobernación; no nos escondemos como lo harían los delincuentes”. Según él, los casinos representan un entorno mucho más propicio al robo y la ludopatía.

Gutiérrez Contreras, por su parte, admite que algunas de las máquinas que vende a los casinos llevan un control remoto para manipular el “azar”, a distancia. Gracias al control, el casinero puede hacer que la gente gane varias veces, pero al presionar un botón le puede hacer perder más de lo que apostó.