MÉXICO, D.F. (apro).- Tras recolectar los testimonios de 13 migrantes centroamericanos, organizaciones de la sociedad civil documentaron el presunto ataque de un grupo de entre 110 y 120 migrantes quienes viajaban en vehículos, a manos de dos personas armadas y vestidas de militar, el pasado 2 de junio en la frontera entre Sonora y Arizona. Amnistía Internacional, Fundar y la Casa del Migrante de Saltillo, entre otras agrupaciones, aseguraron que la Procuraduría de Justicia estatal no ha dado a conocer ninguna información respecto al caso. De acuerdo con la información oficial, agentes ministeriales encontraron tres cadáveres y cuatro vehículos –dos de ellos calcinados– en el lugar de los hechos y rescataron a 13 migrantes en un rancho. Sin embargo, desde hace dos semanas corría la información en la ruta migratoria de que algo más grave ocurrió en Sonora. Una persona que trabaja de cerca con las autoridades migratorias –que pidió conservar su anonimato–, aseveró a Apro: “No sabemos cuánta gente murió ni cuántos fueron heridos”. Sin embargo, aseguró que “hay más de 80 desaparecidos en el desierto”. También subrayó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído el caso, pese a su gravedad y a su carácter federal. De acuerdo con los testimonios recabados por las organizaciones, cinco vehículos trasladaban a migrantes cuando uno de ellos se descompuso, lo que obligó la caravana a detenerse. Un hombre vestido de militar irrumpió, encañonó a varios de los centroamericanos y “les ordenó tirarse al suelo para luego abrir fuego de manera indiscriminada contra todas y todos”. En pánico, los demás huyeron hacia el desierto. “Algunos sobrevivientes relatan que vieron a varios de sus compañeros de viaje caer al suelo por las balas, pero por su huida no lograron ver de cuántas personas se trataban”, según los denunciantes. Mientras los agredidos corrían, llegó un segundo hombre quien, a su vez, abrió el fuego en su contra. “A casi dos semanas del acontecimiento es muy preocupante no contar con información sobre la investigación de este evento. Preocupa, además, la falta de información sobre el posible paradero de las otras personas que viajaban en el grupo y no fueron rescatadas, incluyendo posiblemente a varias mujeres y un niño, ya que las condiciones del desierto en esta zona son muy extremas”, dijeron. Las agrupaciones sociales afirmaron que, en un principio, el Instituto Nacional de Migración (INM) no informó a los migrantes sobre sus derechos a solicitar la visa humanitaria. Por el contrario, “las autoridades les pidieron firmar documentos donde renuncian los migrantes a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser deportados”. De acuerdo con la fuente consultada, a raíz de la intervención de las organizaciones, el INM propuso a los migrantes la visa humanitaria en un plazo reducido y, ante el deseo de ellos de regresar a sus países, facilitó su retorno en avión. “Varios ya se fueron”, informó la fuente, aunque dijo que no sabía de cuántos se trataba.