MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que la Procuraduría General de la República (PGR) dio respuesta a las recomendaciones y observaciones hechas por el organismo público el 23 de julio sobre el caso Iguala. Por ello, la CNDH destacó que analizará la respuesta ofrecida por la PGR sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en ese municipio guerrerense. En un comunicado, el organismo señala que “la Oficina Especial para el ‘aso Iguala revisará los contenidos del documento recibido a la luz de las 26 observaciones que, el 26 de julio pasado, de manera oficial, se formularon a la PGR, resultado del análisis de la información y documentación a la que se tuvo acceso”. Sin dar detalles de la respuesta de la PGR, la CNDH explicó que las recomendaciones preliminares buscan “dar certeza para contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos ocurridos en Iguala, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, aspectos que, a su vez, son necesarios en la aspiración a la no repetición de los actos”. Entre las observaciones que formuló la CNDH a la PGR destacan la integración de las fichas de identificación y el agotamiento de todas las líneas de investigación para la localización de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Además, el obtener la georreferenciación de teléfonos celulares de al menos dos estudiantes que tuvieron comunicación con sus familiares el 26 y 27 de septiembre; esclarecer las razones de la movilización de los estudiantes de primer grado a Iguala, y ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes, de al menos 16 personas, mencionadas en la averiguación previa. Asimismo, solicitar la colaboración internacional en caso de que los inculpados busquen refugiarse en otros países. En julio pasado, la CNDH propuso que se incluyeran las declaraciones de los vecinos que ocultaron a jóvenes en Iguala; además de recabar las declaraciones y ampliaciones ministeriales de policías estatales, ministeriales de Guerrero y federales, así como de los militares destacamentados en ese municipio y Cocula. También se instó a la PGR a solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la identificación de los estudiantes que pertenecen o pertenecían al Ejército para la integración de las fichas de identificación, así como obtener declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en el rescate de restos del río San Juan. Asimismo, se sugirió consultar a instancias nacionales e internacionales para determinar con claridad las condiciones de clima que prevalecieron en la región entre el 25 y 28 de septiembre; comparar el tipo de tierra del basurero de Cocula con la obtenida con los restos recuperados del río, así como realizar un análisis de otros elementos que estuvieran presentes, como residuos de llantas, aparte de realizar exámenes balísticos de los proyectiles utilizados en el basurero y en Iguala, y analizar las ropas localizadas y cotejarlas con la información genética obtenida. Además, se planteó la realización de pruebas periciales de antropología y odontología forense y de seguimiento de huellas hemáticas, aparte de recomendar el esclarecimiento de la presunta muerte de Alexander Mora Venancio, a quien presuntamente pertenece el resto localizado en el río San Juan. También se reclama el esclarecimiento total de los hechos, así como de la ruta de desaparición, e indagar sobre la participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal presuntamente coludidas con las organizaciones criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos, así como precisar el modus operandi de ambas agrupaciones. Por último, ampliar las investigaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita iniciada a los servidores públicos; acumular las cuatro causas penales relacionadas con los hechos de Iguala, y constatar que los pliegos de consignación de las personas implicadas guarden relación lógica jurídica con los hechos. En el documento hecho público el 23 de julio, la CNDH hace también tres recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); dos a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y una al ayuntamiento de Iguala.