Repudian ONG la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil advirtió hoy que las iniciativas legislativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interior representan “una forma de convalidar la impunidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares”.

A través de esta ley, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) buscan dotar a las fuerzas armadas de un marco legal para realizar tareas de seguridad pública, una labor que corresponde constitucionalmente a las autoridades civiles.

La ley “desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste”, deploraron las organizaciones.

En un comunicado, el colectivo –conformado por el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C., la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos., el Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C. y el Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI)– subrayó que Salvador Cienfuegos Zepeda, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declaró el pasado 8 de diciembre que los militares “no estudian para perseguir a delincuentes”.

“El tener al Ejército en las calles no es una ‘urgencia’ como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Alejandro Ramos, por el contrario, es un peligro para la sociedad en general; los movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden y promueven derechos humanos pues su actuar arbitrario se fundamentaría jurídicamente”, planteó.

Y llamó a crear opciones alternas a la “militarización de territorios”, la cual “no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico” y, al contrario, “ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos”.

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