MADRID (apro).— En 2009, el dirigente del Partido Popular, Mariano Rajoy, decía convencido: “No tengo ningún elemento de juicio, ninguno, de que (Federico) Trillo haya tenido ninguna responsabilidad”. Eso respondía cuando le preguntaban sobre la tragedia que en 2003 supuso el desplome en Turquía del avión conocido como Yak-42, en el que murieron 75 personas, 62 de ellos militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán. Con su habitual insensibilidad, Rajoy defendía así a Trillo ante la peor catástrofe sufrida por el Ejército español en período de paz. En febrero de 2009, Rajoy recurrió a las habilidades de Trillo para moverse en las cloacas del sistema judicial, para hacer frente al escándalo por el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en las entrañas de ese partido. Le puso a coordinar la defensa del PP, a la que se sometieron no pocos implicados; pero, sobre todo, movilizó sus influencias en los sótanos del sistema judicial para lograr echar de la carrera judicial al juez Baltasar Garzón, por abrir la causa contra el PP y también la causa contra los crímenes del franquismo, tal y como lo ha declarado Garzón. El premio para Trillo: La embajada de España en Londres, donde llegó sin prácticamente hablar inglés. Los medios españoles incluso aseguran que Washington, supuesto primer destino, no lo aceptó porque no es diplomático de carrera. Ahora que recién inició su segunda legislatura de gobierno, a Mariano Rajoy le resurge el viejo caso del Yak-42, que vuelve a colocar en el centro de la polémica a Federico Trillo. El 3 de enero, se hizo público un informe del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad, en el que determina la responsabilidad política del Ministerio de Defensa en el caso del Yak-42. Es un pronunciamiento político de mucho peso, a pesar de que hayan transcurrido trece años. Es la primera vez que se reconoce la responsabilidad política de Trillo y demuestra que mintió para eludir su papel en el asunto. El máximo órgano consultivo del gobierno de España concluye que “el accidente pudo haberse evitado si estos (los responsables de Defensa) hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en que viajaban los soldados”, informó en primicia El País. La tragedia se produjo el 26 de mayo de 2003 y, desde entonces, los familiares de los soldados fallecidos han sido maltratados una y otra vez sin conseguir que se les hiciera justicia. Peor aún, tras el sepelio de Estado, en el que participaron los reyes, el entonces presidente José María Aznar y el ministro Trillo aceleraron la entrega de los cuerpos a los familiares, pero desgraciadamente una buena parte estuvieron mal identificados, al grado que, según un familiar, en un ataúd había tres piernas. La actitud de Trillo no solo fue altanera, sino hasta grosera con los familiares porque este personaje nunca aceptó que tenía la responsabilidad primaria de los hechos. El proceso judicial se extendió durante más de una década en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, pero fue archivado, con excepción de dos querellas, una contra tres médicos militares que identificaron erróneamente a 21 de las víctimas, cuyos restos fueron exhumados. En otros 9 casos no fue posible puesto que habían sido incinerados. Uno de los condenados murió y los otros dos fueron indultados por Mariano Rajoy. Readmitidos, ahora los dos son comandantes. Pese a que las causas fueron archivadas, dejó en evidencia que el Ministerio de Defensa fue alertado por lo menos en 14 ocasiones sobre el mal estado en el que se encontraban los aviones contratados para transportar a las tropas que volvían tras sus misiones de paz en Afganistán. Se trataba de aviones rusos destartalados. Estos días se recordó el correo electrónico que el comandante José Manuel Ripollés remitió a un amigo, cuatro días antes del accidente en el que mostraba su preocupación: “Son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite. La verdad es que solo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia”. Siempre con la oposición del PP, el Congreso reprobó a Trillo por su responsabilidad política en el caso del Yak-42. En 2015, el diario El País informó que la Agencia Tributaria había descubierto que Trillo había obtenido más de 354 mil euros por trabajos de asesoría a la empresa Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castillo y León. Con su habitual estrategia de responder con una contraofensiva más agresiva, envió un comunicado en el que aseguraba que su relación con esa sociedad privada era profesional y cumplía con Hacienda; anunciaba que se reservaba cuantas acciones legales estuvieran a su alcance “para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia” y se quejaba de la filtración, según un cable de EFE. Rajoy no movió un dedo ante la evidencia en contra de su leal colaborador. Mariano Rajoy fue abordado en Galicia, donde continúa sus vacaciones. Los periodistas querían saber su reacción al informe del Consejo de Estado. Respondió que no conocía esa resolución del Consejo de Estado lo que, de ser cierto, hablaría muy mal de un presidente desinformado. Entonces lanzó otra de sus características perlas de insensibilidad: “Eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años”. La reacción fue inmediata. Los familiares de los militares fallecidos, quienes no cesan de exigir justicia, reprocharon la insensibilidad de Rajoy y exigieron la destitución inmediata de Trillo como embajador. Secundaron la exigencia el PSOE, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Ciudadanos. Enfangado y sin salida, el gobierno reaccionó a través de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien pidió comparecer en el Congreso y reunirse con los familiares. Y el de Exteriores respondió que Trillo no seguirá en la embajada en Londres, la cual abandonará en las próximas semanas o meses. Pero atribuyó la decisión a un cambio rutinario en las embajadas, pretendiendo amortizar la realidad. Es claro que en el arranque de esta legislatura, el presidente Rajoy tiene una cauda de asuntos que hoy solo podrá aprobar con el apoyo de otras fuerzas políticas, al haber perdido su mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, buscará una salida lo menos raspada para Federico Trillo, uno de los hombres que más información tienen del lado oscuro del PP.